Manifestantes de Amaya, concentrados en las puertas del Parlamento el 3 de noviembre de 2021, en Sevilla. / EP

Empleo, Medio Ambiente

Denuncian que la Junta de Andalucía «coarta el derecho a la huelga» de los bomberos forestales del Infoca

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El sindicato CGT denuncia que los servicios mínimos establecidos para la huelga convocada en la Agencia de Medio Ambiente y Agua (Amaya), encargada de la gestión del Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía (Infoca), para mañana miércoles 1 de junio, «son completamente abusivos y anuncia la interposición de un conflicto colectivo, por la vía contencioso-administrativa, impugnatorio de los servicios mínimos impuestos por abusivos, ilegales y atentatorios contra el derecho fundamental a la huelga»

Según fuentes del sindicato, se han designado como servicios mínimos al 100% del personal del dispositivo Infoca susceptible de ser aerotransportado y al 80% del total del operativo, lo que en la práctica supone, en periodo de alto riesgo, que prácticamente ningún bombero forestal que trabaja en primera línea de fuego pueda acogerse a su derecho a la huelga.

Denuncian también que además, para la jornada de huelga, la dirección de Amaya ha programado cursos y acreditaciones obligatorias para el personal que cubre el dispositivo de extinción durante la campaña de alto riesgo, pretendiendo condicionar y dificultar así la participación en la huelga de uno de los colectivos que centran el objeto de las reivindicaciones. Según CGT, «estas maniobras solo ponen en evidencia el temor del Gobierno andaluz a que los trabajadores de la Agencia de Medio Ambiente y Agua y del Infoca puedan expresar libremente sus demandas y reivindicaciones en la calle».

En palabras de Javier Sánchez, Secretario General de CGT Amaya, «hagan lo que hagan vamos a demostrar que estamos ya cansados de que en verano nos califiquen como héroes, algunos por desgracia a tiempo parcial, y que luego nos traten como trabajadores de segunda, sin derecho a las misma retribución que el resto del personal público en Andalucía y con una grave situación de precariedad y estacionalidad laboral que no hay voluntad alguna de solucionar.

Posible pérdida de 500 puestos de trabajo

El 1 de junio, los sindicatos CGT, Sibfi, SAT y las asociaciones Movimiento Infoca y Atila han convocado una jornada de huelga general en todos los centros de trabajo de la Agencia de Medio Ambiente y Agua. La gota que ha colmado la paciencia de los trabajadores de Amaya es que, a la situación de bloqueo de las relaciones laborales en el Amaya, se ha unido ahora la puesta en marcha de un proceso que puede desembocar en la pérdida del puesto de trabajo de más de 500 trabajadores y la aplicación de un modelo de contratación para la cobertura del dispositivo Infoca al 100% durante la campaña de alto riesgo, que según fuentes sindicales, «condena a la precariedad y estacionalidad laboral a otros 700 compañeros más».

Reclaman también que se atienda a cuestiones que llevan demandando desde hace más de 15 años, como la recuperación de la antigüedad, un aspecto que indican fue un compromiso adquirido por Carmen Crespo, titular de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, durante la pasada campaña electoral andaluza. «Cuatro años después de que la actual consejera pidiera públicamente al Gobierno andaluz, entonces gobernado por el PSOE, que se dieran condiciones laborales dignas para los bomberos forestales y que se reconociera su derecho a la antigüedad, seguimos a la espera de que cumpla su palabra«, señalan desde el sindicato.

Intenciones de privatización

Igualmente, denuncian el abandono de determinadas áreas de la agencia, que consideran «está poniendo en riesgo el
mantenimiento de actividades propias de Amaya
«. A este respecto, destacan que hay departamentos que llevan más de una década sin reposición efectiva, lo que, en una plantilla con una edad media superior a los 50 años, resulta «demoledor». Los sindicatos temen, además, que, tras esta situación de dejadez y abandono, «se esconda la intención de externalizar y privatizar algunos servicios que se realizan en la actualidad desde la agencia pública», tal y como se ha recomendado en informes y auditorías encargadas por el Ejecutivo de Moreno Bonilla.


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