Generalmente, la mayoría de los ciudadanos no prestan atención a la aprobación de leyes y reglamentos que regulan la organización y funcionamiento de nuestras administraciones públicas, lo cual es razonable hasta cierto punto, dado que desconocen ese ámbito y muy especialmente las repercusiones que tienen en sus vidas diarias
No obstante, resulta necesario insistir en la importancia que tiene el brazo ejecutor de los gobiernos (poder ejecutivo del Estado), porque una inadecuada regulación de las administraciones públicas conlleva las nefastas consecuencias sufridas por muchos ciudadanos: inseguridad jurídica y arbitrariedades, desastrosa organización administrativa, nepotismo (nombramientos a dedo), corrupción, hipertrofia normativa, demoras en las tramitaciones y demás injusticias o abusos de poder.
Cuando terminen de leer este artículo y el archivo para descargar, quizás comprendan por qué no interesa en la Junta de Andalucía contar con funcionarios de carrera como un servidor, y sí contar con funcionarios y demás empleados públicos que sean dóciles, que se vendan al poder de turno o que se dejen tratar como reses vacunas mancornadas.
Hace un mes escaso, finalizó el plazo para presentar alegaciones al Anteproyecto de Ley de Función Pública de Andalucía(en adelante, ALFPA) que pretende tramitar el gobierno autonómico del PP y Cs, con el incondicional apoyo de Vox. Tras su análisis, he creído muy conveniente advertir de las claras intenciones que persigue, porque si se aprobara tal como se ha planteado, tendría graves consecuencias para los ciudadanos, y no sólo andaluces.
Un servidor ha presentado el pasado 19 de abril un escrito de alegaciones a la Consejería que dirige Elías Bendodo, máximo responsable de la tramitación del anteproyecto que, una vez convertido en proyecto, deberá aprobar el Consejo de Gobierno para su remisión al Parlamento andaluz, en el caso de que se tramite. Al final de este artículo les dejo con un enlace al citado escrito de alegaciones para que puedan conocer los vicios y graves defectos que, entre otros y a mi juicio, presenta el ALFPA. No obstante, quisiera señalar algunos de los puntos analizados a modo de resumen.
Falta de cohesión, unicidad y sistemática
Lo primero a destacar es la incertidumbre e inseguridad jurídica que crea el ALFPA, entre otros motivos por su falta de cohesión, unicidad y sistemática, y no sólo interna, sino también con relación al ordenamiento jurídico vigente. El ALFPA se desconecta de la realidad, y, en vez de simplificar y racionalizar el ordenamiento jurídico, introduce una mayor inseguridad jurídica a la ya existente, facilitando más arbitrariedad.
Por otro lado, el ALFPA ha marginado una serie de principios rectores establecidos en la CE que son de obligado cumplimiento por todos los poderes públicos en sus actuaciones, así como una serie de garantías y controles del Gobierno y de la Administración. Asimismo, aunque la CE contempla expresamente una reserva al derecho administrativo en sus artículos 103, 106 y 153, que suponen un claro límite al legislador a la hora de someter la actuación administrativa al Derecho privado, el ALFP lo margina igualmente.
El ALFPA obvia cierta doctrina y determinada jurisprudencia de algunos tribunales superiores de justicia y del Tribunal Supremo, que han intentado poner freno y límites al fenómeno conocido como Huida del Derecho Administrativo, aunque no faltan voces que han favorecido la arbitrariedad del poder político, quizás buscando posteriores favores por el servicio prestado.
La proliferación de este fenómeno de huida del derecho administrativo en todas las administraciones públicas, incluida la andaluza, alentada por los propios legisladores, ha conllevado la elusión de los necesarios y férreos controles administrativos
Dicho fenómeno ha sido objeto de abundante debate y crítica, y que no es sino la tendencia creciente en todas las administraciones públicas configuradas en torno a modelo del derecho administrativo de corte continental (diferente al modelo anglosajón), de recurrir de manera indiscriminada a personal, órganos, procedimientos y técnicas propias del derecho privado para el desarrollo de sus funciones, y que, alegando razones de pretendida eficacia en la actuación, claramente eluden de facto o de iure los controles y garantías propios del derecho administrativo, y que dejan a los ciudadanos desprotegidos ante los abusos del poder político.
La proliferación de este fenómeno de Huida del Derecho Administrativo en todas las administraciones públicas, incluida la andaluza, alentada por los propios legisladores, ha conllevado la elusión de los necesarios y férreos controles administrativos, favoreciendo la corrupción y la impunidad, y ha sido reiteradamente criticada por la doctrina y algunas sentencias judiciales por los peligros y excesos que genera. No hay más que observar la realidad y analizar el origen de los cientos de casos de corrupción política generada por esa permanente Huida del Derecho Administrativo, y el empeño por alejarse de principios tan básicos como la transparencia, objetividad, imparcialidad, interdicción de la arbitrariedad, mérito, racionalidad organizativa, eficacia y eficiencia, entre otros.
Ese fenómeno pone en cuestión la propia esencia de la Administración, como organización al servicio de los intereses generales, y del concepto de derecho administrativo, como rama de las ciencias jurídicas dirigida a someter al principio de legalidad a un sujeto privilegiado –la Administración– que asume el encargo de gestionar los intereses colectivos de la sociedad. Lamentablemente, los poderes legislativos y ejecutivos en España están fusionados por mor del régimen partidocrático imperante, que ha facilitado dicho fenómeno ante la irresponsabilidad de los partidos políticos y de los españoles que los apoya en las elecciones.
Y mientras los responsables de la Función Pública andaluza no paran de pervertirla en perjuicio de los ciudadanos (recuerden la reciente anulación de las convocatorias exprés de la Junta de Andalucía por vulneración de derechos fundamentales), cuyo responsable máximo es el Consejero de Presidencia, Elías Bendodo, igualmente se dedican a organizar a los funcionarios actividades tan inútiles como ese encuentro en redes sociales denominado La Administración Pública. El lugar para crecer o esa otra de Taller Semilla de Comunidades de Práctica, o el cuestionario enviado a todos los funcionarios que dice que tiene como finalidad «la realización de un conjunto de actuaciones destinadas a la gestión de los recursos humanos, con el fin último de responder eficaz y eficientemente a las necesidades, problemas y retos de la ciudadanía de los próximos 10 años», completamente dirigido hacia el resultado esperado y sin dejar que se pueda opinar libremente. Y todavía hay ciudadanos y medios de comunicación que aplauden a nuestros gobernantes… ¡Cuánto daño ha generado esta partidocracia!
Uno de los aspectos más graves del ALFPA es que viene a consolidar la ordenación y posterior reordenación del sector público andaluz realizada por los anteriores gobiernos de la comunidad autónoma, a pesar de que esta última fue recurrida ante el Tribunal Constitucional por el mismo PP (diputados del Congreso). La incoherencia de este partido es manifiesta y burda, salvo que su recurso al TC se debiera sólo a puros intereses electoralistas y no a los intereses de los ciudadanos.
El fenómeno de colonización político-partidista de la función pública está presente a lo largo del texto del ALFPA, alcanzando sus cotas más altas en la regulación de las funciones del personal funcionario y laboral, del personal directivo público profesional, de la libre designación y de la carrera de los funcionarios, capítulos que son analizados en profundidad a lo largo del escrito de alegaciones.
Los abusos seguirán
Asimismo, el ALFPA no pone freno al abuso de la temporalidad en las contrataciones y nombramientos de personal laboral e interino, otra manifestación de la citada colonización político-partidista y que se ha convertido en un instrumento muy eficaz para la actuación arbitraria del poder político, gracias a la constante amenaza de la pérdida de sus empleos y de no contar con ellos en el futuro en siguientes contrataciones temporales. El miedo a perder un empleo es un aliado muy poderoso de la arbitrariedad política.
Para finalizar, además de los temas ya citados, un servidor ha presentado alegaciones sobre diversos aspectos esenciales del ALFPA, algunos de una gravedad notable: las constantes deslegalizaciones (remisiones sin límites a futuros reglamentos del Gobierno), errores de técnica normativa, régimen disciplinario (ausente para el personal directivo alto cargo), problema de los laborales indefinidos no fijos, ausencia de la creación del Cuerpo de Interventores que fue anunciado por el mismo Gobierno del PP y Cs (parece no interesar el control del gasto público por personal especializado), consorcios, periodo de formación tras superación de pruebas selectivas y otros aspectos de parte del articulado del ALFPA.
Aquí les dejo el enlace al escrito de alegaciones presentado al ALFPA por un servidor, cuya lectura podría ayudar a entender el alcance de la intención política que subyace en su texto y la tomadura de pelo a los ciudadanos:
ESCRITO DE ALEGACIONES AL ALFPA
Comentarios recientes