El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) dice que esta iniciativa «huele a Stasi y a Gestapo» y Comisiones Obreras (CCOO) la considera «una aberración» inconstitucional
«Todo aquello que tenga puesto en sus perfiles públicos puede ser utilizado para poderle dar el puesto de trabajo al que él va a acceder». La secretaria general para la Administración Pública, Ana María Vielba, tocó en una reciente conferencia un tema muy espinoso: el que ella misma ha bautizado como genoma del funcionario, es decir, el proceso de control de lo que ponen los funcionarios en sus redes sociales personales.
Ya han salido voces muy críticas con este proyecto y, desde la Junta, se han apresurado a matizar que esta iniciativa «muy pionera», en palabras de Vielba, requeriría siempre el consentimiento de cada funcionario, que durante el concurso público tendría que dar su autorización para que se conozcan sus intereses. Pero, ¿quién asegura que los que no den su consentimiento para que la Administración rebusque en sus perfiles privados van a tener las mismas posibilidades de acceder a la plaza (recuerden los principios inquebrantables de mérito, igualdad y capacidad)?
Vielba puso el ejemplo de ella misma: «Para tener un puesto de nivel 28, lo único que tenía era la Dirección General del Medio Natural. Pero, en mi perfil de Facebook o mi Linkedin, se puede ver que he participado en muchísimos cursos de contratación administrativa, además de entrar en debates continuamente en comentarios de, por ejemplo, un periódico que tienen que ver con contratación administrativa. Todo eso, a través de la inteligencia artificial, lo vamos a tener en el perfil de cada uno de los funcionarios. Y cuando se presente a una plaza, tendremos su curriculum, su capacitación, su formación y, además, lo que le interesa y lo que de verdad sabe hacer«.
El consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, está muy contento con los robots que ha comprado el Gobierno andaluz (así se lo hizo saber a los periodistas el pasado martes tras el Consejo de Gobierno) y quieren amortizar esa inteligencia artificial todo lo que puedan. No hay que olvidar que este proyecto del rastreo del funcionario a través de redes sociales y la nueva Ley de Función Pública son competencia de la consejería que dirige Bendodo.
Carlos Sánchez (SAF): «Esto huele a Stasi y Gestapo»
El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) fue el primero que alertó sobre el vídeo de Ana María Vielba. Su presidente, Carlos Sánchez, considera «escandaloso» el genoma del funcionario. «Es una muestra más de que este Gobierno del cambio y los máximos representantes de la Función Pública tienen una auténtica fobia a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Esto huele a Stasi y a Gestapo», pone de relieve Sánchez.
De hecho, el SAF pidió públicamente el pasado 5 de abril el cese de Vielba y de la directora general de Recursos Humanos y Función Pública, Natalia Márquez, por «las caóticas convocatorias de personal interino en base a mandar un correo electrónico y ser los primeros en hacerlo (convocatorias exprés), excluyendo embarazadas y otros colectivos perfectamente definidos», entre otros despropósitos.
Asimismo, Sánchez se pregunta: «Yo tengo mi Facebook, pero todo el mundo no lo ve. ¿Lo que yo pueda poner en mis redes sociales va a ser un mérito para conseguir una plaza? ¿Esta gente se ha vuelto loca? Por mucha autorización que pidan, nunca puede ser un mérito, porque mucha gente no tiene redes sociales. ¿El Linkedin y el Facebook se van a convertir ahora en nuestra Hoja de Acreditación de Datos? ¿En qué mundo vivimos? Hablan de inteligencia artificial, pero en Función Pública lo que falta es inteligencia y sobra mucha soberbia».
El presidente del SAF vuelve a pedir hoy el cese inmediato de Vielba y Márquez, «dos personas totalmente incompetentes que, en dos años que llevan al frente de la Función Pública en Andalucía, han convertido aquello en un erial y están recordando los peores años del régimen anterior por su ineptitud».
«Ellos se creen que la Administración Pública es una empresa privada y no lo es. Aquí hay una normativa y una legislación y no se puede hacer lo que a ellos les dé la gana, abriendo las puertas de par en par para enchufar. Esto es lo que está promoviendo el Gobierno del cambio. Estos inventos que se los lleven a la empresa privada y que dejen a los funcionarios en paz«, apostilla Sánchez.
Una «aberración» inconstitucional
La secretaria general de Comisiones Obreras (CCOO) en Andalucía, Nuria López, ha calificado este viernes como «una aberración» inconstitucional lo que plantea el Gobierno andaluz de PP y Cs con el que ha denominado genoma del funcionario, añadiendo que se trata de «una tremenda barbaridad«, sobre todo viniendo de «aquellos que dicen que defienden la Constitución española».
En este sentido y en declaraciones a los periodistas antes de inaugurar el 12º Congreso de la Unión Provincial de CCOO de Córdoba, en el que la actual secretaria provincial, Marina Borrego, se presenta a la reelección y es la única candidata, Nuria López ha criticado que desde el PP andaluz, «que se dan golpes en el pecho diciendo que defienden la Constitución española», «quieran saltarse a la torera los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad».
De hecho, para CCOO-A, esto significa que el Gobierno andaluz podría utilizar sistemas de inteligencia artificial para recopilar y analizar comentarios del personal público en redes sociales o foros de comentarios a noticias. De esa forma, dispondría del denominado genoma del funcionario, en el que consten intereses e ideas expresados en internet, con el propósito declarado de la Administración de usar este archivo para facilitar el encaje y la promoción del funcionario.
Ante ello, la líder sindical ha opinado que «no es de recibo pretender que, porque alguien le dé a un me gusta en el Facebook, de repente tenga más méritos«, a la hora de acceder a un empleo público en la Junta de Andalucía, «que otros que llevan a lo mejor toda su vida formándose y trabajando para acceder a un empleo público en condiciones de igualdad».
Frente a este planteamiento del Ejecutivo andaluz, según ha subrayado Nuria López, lo que defiende CCOO es el «refuerzo de los servicios públicos, la transformación económica de este país y nuevos derechos sociales para los trabajadores de esta provincia y de Andalucía».
La dirigente sindical ha recordado que, además, CCOO «es el único sindicato que, estando en la Mesa de la Función General, no avaló la Ley de Función Pública de Andalucía, por coherencia y por defensa de los servicios públicos de utilidad para los ciudadanos, pero también porque veíamos que el conjunto de los empleados públicos podrían ver perjudicados sus derechos».
A ello se suma, según ha argumentado, que se promueve lo «opaco, por parte de la Administración, en una ley tan importante para Andalucía como la Ley de Función Pública» y, «como muestra un botón: un alto cargo del Gobierno de la Junta de Andalucía del Partido Popular hace un video diciendo que se van a saltar los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad«, lo que a CCOO-A le parece «una aberración, especialmente viniendo de quien defiende a capa y espada, o dice defender, los principios constitucionales y la Constitución Española».
Esto es un ejemplo, según ha insistido, de por qué CCOO-A «no avaló esa Ley de Función Pública» y ahora insta «al Gobierno de Andalucía a que se lo repiense, a que se siente con los sindicatos y que haga un nuevo anteproyecto de Ley de Función Pública, porque desde luego ese no es el camino para mejorar la Administración pública y para defender al conjunto de los empleados públicos, que han dado el callo en medio de una pandemia».
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