Tres sentencias del TSJA reconocen los derechos laborales de los funcionarios docentes en el concurso de traslados

Según ha podido saber EL LIBRE, la sección tercera de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, decretó la firmeza de la sentencia del pasado 3 de junio por la que el maestro Pablo José Verde logra que se reconozca la experiencia laboral interina de los docentes andaluces de cara al concurso de traslados. Dos sentencias favorables más corroboran el triunfo

Algunas veces, el sueño de hacer justicia se hace realidad. Es el caso del maestro de Primaria Pablo José Verde y dos compañeros más, que han conseguido una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Y hay otros litigios en camino protagonizados por otros docentes damnificados que refrendarán seguramente un camino imparable de reposición de derechos fundamentales.

La Ley de Ordenación de la Función Pública de Andalucía dictaminaba que todos los que tenían servicios previos, antes de ser funcionarios de carrera, toda esa experiencia no se les contaba para nada a la hora de traslados o para todo lo que tenía que ver con la promoción laboral.

Entonces, esta ley se reformó en 2006 por la norma de trasposición del derecho europeo, pero no se aplica a los docentes, solo a los funcionarios de la Junta con otras funciones. La Directiva Europea reconocía así el tiempo de servicio previo a los funcionarios, es decir, las interinidades. A todos. También a los docentes, que son un cuerpo nacional, pero gestionado por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.

El objetivo de esta guerra jurídica con final feliz es la consideración jurídica de la antigüedad del personal eventual docente al servicio de las administraciones públicas, protegiendo el mérito de la antigüedad del personal funcionario interino y en prácticas bajo el paraguas del principio de igualdad de trato y no discriminación, pilar básico del ordenamiento jurídico de la UE.

Entonces, tres sentencias demoledoras han demostrado que esta discriminación era flagrante e intolerable, reconociendo así los derechos del cuerpo de maestros y profesores andaluces para poder postularse a los concursos de traslados en igualdad de condiciones con el resto de funcionarios de carrera.

Sentencias demoledoras

«Estas sentencias han demolido toda la gestión de personal de la Consejería de Educación», comenta Pablo José Verde, maestro de Primaria en el Colegio de La Guijarrosa en comisión de servicios, en la localidad cordobesa del mismo nombre. Es un David con tiza que ha luchado contra los goliaths gubernamentales con los libros de Derecho… y ha ganado con perseverancia y fe en esa justicia tantas veces puesta en tela de juicio en España por su falta de imparcialidad.

Su plaza está en Lora del Río actualmente, pero la que ha ganado por sentencia firme se encuentra en otro pueblo que todavía prefiere no desvelar. Verde lleva años moviendo cielo y tierra para mejorar las condiciones laborales del personal docente de la Junta de Andalucía, todo un ejemplo de que, si entras en el laberinto jurídico nacional, puedes salir por la puerta grande muchas veces con tesón y con la verdad por delante.

«Teniendo estas sentencias favorables, todavía no hemos conseguido torcerle el brazo del todo a la ministra Isabel Celaá«, pone de relieve Verde, que anuncia que va a impugnar la orden ministerial, que es la que da cobertura legal al concurso de traslados nacional en el que participan alrededor de 100.000 personas, para las que está en juego su futuro laboral.

«Hemos dejado con el culo al aire a todos los partidos políticos y a todos los sindicatos que hicieron una pantomima para aprobar una ley que solo se le aplica a los que a ellos les da la gana. Quiero que quede en evidencia la podredumbre del poder político. Todo esto deja entrever que España no es un Estado de Derecho«, comenta Verde.

Verde ha mandado un escrito a la ministra Celaá donde realiza una reflexión taxativa sobre este ninguneo de derechos en el concurso de traslados «ilegal», que ha durado demasiado tiempo. Reproducimos la misiva continuación:

No se trata de establecer una verdad jurídica, eso ya está hecho, consentimiento del mismísimo TS mediante, por el TSJA, que siempre fue contrario a la baremación de la interinidad hasta que lo ha impuesto el legislativo andaluz. Una compañera de nuestro grupo ya tiene la sentencia ejecutada, como podrás ver en la documentación de la petición. Y mi sentencia ya es firme y el juzgado ha instado a la Consejería a ejecutar la sentencia. Yo ya he ganado. No puedo ganar más para mí.

Tampoco se trata de considerar la justicia o injusticia de la directiva 99/70/CE ─inapelable desde el principio general del «a igual trabajo iguales derechos»─ ni sus consecuencias, esto es, dinamitar uno de los fundamentos del modelo de función pública española en lo tocante a la consideración jurídica de la antigüedad del personal eventual al servicio de las administraciones públicas protegiendo el mérito de la antigüedad del personal funcionario interino y en prácticas bajo el paraguas del principio de igualdad de trato y no discriminación, pilar básico del ordenamiento jurídico de la UE.

Ni tampoco se trata de cuestionar la oportunidad del legislador andaluz cuando promulga, tras casi 20 años de demora, una obligada ley de transposición de una directiva europea, cosa a la que aún no se ha dignado el ‘outsider‘ legislador nacional salvo, oh ironía, al empleador privado, por reforma en plazo, el último día de plazo, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores ─lo ancho pa mí, lo estrecho pa ti─.

Nada de eso.

Se trata de evidenciar, desde el INTERÉS GENERAL, cómo la casta política actúa impunemente saltándose la Constitución, las leyes y las sentencias judiciales, a través de actos carentes de la más mínima apariencia de legalidad, lo que deja clara la inexistencia, no de justicia y reparación, que puede haberlas para quien las reclama ─el grupo de siete compañeros tendremos la justicia y la reparación que hemos reclamado─, sino de un estado de derecho, que es mucho más. Porque, en un Estado de Derecho, las autoridades cumplen la ley y no pueden dejar de cumplir la ley. Sin embargo, la ministra y el director general han firmado con total desahogo unas disposiciones a sabiendas de su clamorosa injusticia, extremo que puede probarse indubitadamente en el caso del director general, no tanto, quizá, en el caso de la ministra.

En España no existe un Estado de Derecho y donde no hay Estado de Derecho, no puede existir ninguna democracia. Luego, en España no hay democracia.

¿Para qué gastar saliva o dedos en desarrollar los requisitos añadidos para la existencia de una democracia formal si no se cumple la condición necesaria?