El lunes 10 de marzo nos levantábamos con la trágica noticia del asesinato de una educadora social, Belén Cortés, a manos de dos menores de 14 y 15 años y una menor de 17 años. Tras este lamentable incidente, todos los trabajadores del sector social se han organizado para realizar diferentes concentraciones y manifestaciones por todo el país y reivindicar mejoras en las condiciones laborales
Durante estos días están surgiendo muchas noticias, tertulias y opiniones con más o menos acierto, sensacionalismo o desconocimiento del asunto o del funcionamiento del sistema. Intentaremos arrojar algo de luz al asunto. Ahí van algunas ideas sobre el asunto y nuestro posicionamiento.
Sobre la ley del menor
La ley del menor tiene 25 años. En la actualidad los delitos han cambiado. Ahora se da, sobre todo, más violencia filio parental y violencia de género. Sin embargo, la ley tiene herramientas para atajar estas nuevas problemáticas, no necesita revisión en profundidad. Lo que necesita el sistema de protección de menores son recursos, humanos, técnicos y económicos por parte de la Administración.
Una de las grandes críticas que se le están haciendo a la ley es que necesita modificaciones, más dureza en las medidas, rebajar la edad penal, etc. Pero esto plantea muchas dudas. Si se modifica la ley del menor, ¿dónde está el límite de edad para que estos delitos sean juzgados como un adulto? ¿Cualquiera? ¿Y dónde está la responsabilidad de los padres? ¿No tienen? ¿Hasta qué edad un niño de, por ejemplo, 14 años es consciente de lo que está haciendo? ¿Sabe lo que supone quitar una vida? ¿Las consecuencias que tiene? ¿Y la sociedad? ¿Tiene culpa de algo? Como dice una fantástica compañera educadora social, Sara Desirée Ruiz, «no era solo lo que habían hecho, era lo que les habían hecho a ellas. Historias de abandono, de violencia, de abusos… Llegaban con la mirada vacía y con la rabia atragantada. Algunas ya no esperaban nada. Solo mal sobrevivir».
Es muy complicado juzgar a qué edad un menor y su evolución madurativa es total y únicamente responsable de un acto como un asesinato. Y no creo que sea para nada justo decir que un niño de 14 años pueda tener la culpa de un asesinato. Al menos no él solo. Algo estamos haciendo mal como sociedad cuando un menor no tiene esperanzas, le da igual su vida o lo que le pase y no respeta nada ni a nadie.
Un niño de 14 años no es un adulto. Hay muchas circunstancias detrás de lo que ha ocurrido que hacen que lo que ha pasado no sea sólo culpa de un menor. Sí responsable, tiene la responsabilidad que marque la ley, pero la culpa es compartida, parte de los padres, parte de la sociedad, parte de la Administración, etc. ¿En qué medida de cada parte? Complicado definirlo.
Arcadi Espadas, en su artículo para El Mundo del día 12 de Marzo, aporta, casi con afán de investigador privado, dos tips que podemos usar para comprobar que un menor no es un adulto. Para comprobar esto podríamos hacerle al menor dos preguntas: por qué lo hizo y para qué lo hizo. Ante los dos jóvenes asesinos, la pregunta adecuada es para qué. El porqué genera bloqueos. Sinceros, a veces: «¿Por qué lo hiciste?». «No lo sé». Todo porqué acaba en un callejón sin salida muy revelador. El para qué dejar ver consecuencias y difícilmente deja en blanco al que responde. El por qué miente con extrema facilidad. Del para qué siempre puede haber una prueba. El para qué es cierto aunque encubra otras finalidades, y, posiblemente, se obtengan indicios sobre ese porqué tan infructuosamente buscado cuando se aborda por la línea recta. Si, ante una brutalidad como la de Badajoz, los niños contestaran «para divertirnos» o «para ser famosos», las respuestas llevarían al porqué profundo. El para qué tiene, además, una respuesta imposible, que es para nada. El para qué acaba con los crímenes inexplicables.
Para dar un poco de luz, ¿y ahora qué les va a pasar a estos menores?
- Si son menores de 14 años: no tienen responsabilidad penal, no les pasaría nada. Seguirían en el recurso con su castigo correspondiente, pero nada más. Cuando cumpliera los 14 iría a un cerrado, un CIMI.
- Si tienen entre 14 y 15 años: para homicidios, la ley dice que la condena es de cinco años de internamiento en un CIMI y tres más de libertad vigilada, máximo.
- Entre 16 y 17 años: ocho años de internamiento y tres más de libertad vigilada, máximo.
El debate está en cómo han ido evolucionando los tipos de delitos y la madurez de los menores en estos últimos años. ¿Se debe bajar la edad penal? ¿Qué supondría eso? ¿Podría superarse de manera más eficiente esta problemática, por ejemplo, dotando de más recursos al sistema? Creemos que esto último es muchísimo más efectivo y esperanzador. Por ejemplo, ¿por qué no reducir las plazas de los centros de ocho a tres o cuatro? O ¿por qué no invertir más en servicios sociales preventivos para atajar las problemáticas en el seno de la familia en vez de atender el problema cuando ya tiene difícil solución?
Sobre los tipos de centro de menores
Existen muchos tipos de centros de menores, vamos a diferenciarlos de manera muy básica:
- Centros residenciales básicos: Tienen menores cuya tutela ha sido quitada a sus padres por diversas circunstancias. Son centros abiertos y los menores suelen estar normalizados.
- Grupos educativos de convivencia: Son centros a los que llegan menores con medidas judiciales leves. Son centros abiertos, ya que los menores van al instituto.
- CIMI (Centros de internamiento): Menores con medidas judiciales graves o reincidentes. Centros cerrados.
- Centros de menores inmigrantes: Centros donde sólo hay menores inmigrantes.
Si un menor se ha fugado tres veces o comete 37 delitos, no debería estar en un centro de protección o un grupo educativo, y menos si está denunciado. Aquí se da el primer fallo del sistema que ha resultado en el asesinato de Belén. ¿Los responsables? ¿El juez o el sistema judicial que no dio respuesta a tiempo? ¿Los servicios sociales básicos que no supieron atender la realidad familiar de manera que esos menores no se convirtieran en lo que se han convertido? ¿Los padres, que no supieron educarlos? ¿La crisis de los cuidados que obliga a todos los miembros adultos de una familia a trabajar para sostener una familia y, por lo tanto, delegar gran parte de la carga educativa en abuelos o pantallas digitales? ¿De los turnos rotativos, imposibles de conciliar con cualquier vida familiar o personal, que acaba desgastando y quemando, creando apatía, desgana y cansancio hasta llevar al educador a situaciones límite, en las que, si tiene que actuar de una manera determinada, puede que no pueda responder adecuadamente? ¿De los gobernantes que permiten que empresas privadas liciten a la baja por estos recursos, recayendo toda la carga sobre la precariedad de los trabajadores? ¿De las empresas que contratan otros perfiles (profesores, monitores…) para trabajar como educador social, cayendo en un intrusismo laboral que precariza aún más nuestra profesión? ¿Del menor que comete el acto? Pues un poco de todo.
Se trabaja desde el amor y el cariño, pero…
Otra de las críticas que se la hace al sistema es que no hay seguridad en los centros. Hay que tener cuidado con esto. Los centros de protección no tienen seguridad porque los menores no las necesitan. El 90% de los centros de menores de este país son residenciales, con perfiles de menores normalizados que, por circunstancias externas a ellos, han terminado en un centro y donde se trabaja desde el amor y el cariño, como debería ser y a pesar de las condiciones laborales. Otra cosa es que haya en un centro ocho o 10 menores, que no tienen por qué haber cometido ningún delito, pero que sean… difíciles, perfiles complicados. Imagina un piso con ocho chavales, con las hormonas por las nubes, intentando imponerse, que no abusen de él los mayores… Ocurren peleas, hay tensión, los nervios están a flor de piel. Es normal que se peleen entre ellos o la paguen con el educador de turno. Y, en ese caso, un educador solo, un auxiliar o integrador social que puede verse solo también, aunque no sea legal, puede encontrarse en situaciones muy complicadas. Segundo fallo del sistema.
Basta de externalizaciones
La ley prevé muchos tipos de centros, con una variedad de recursos externos, educativos y asistenciales muy amplia. El problema viene cuando esos recursos que marca la ley, no se dotan de recursos técnicos y humanos suficientes o el personal que se contrata no está suficiente bien formado o no tiene los protocolos necesarios para atajar ciertas situaciones, porque, seamos sinceros, muchos de estos recursos están en manos de empresas privadas, y ya sabemos lo que pasa con las privatizaciones y externalizaciones. Además, hay un solo CIMI por provincia, al menos en Andalucía, con X plazas. ¿Qué pasa si ese centro está completo? Pues que el menor (sea como sea, conflictivo o no, más o menos violento, que entre en el sistema) va a ir a otro centro, semi abierto, a la espera que haya una plaza en el CIMI. Y así, mientras tanto, ocurre lo que ocurre.
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