«Tenemos un sistema judicial garantista y de alta calidad, pero poco ágil, mal gestionado, anticuado y escasamente dotado. Hoy, es indiferente que un órgano judicial duplique, triplique o cuadruplique la carga de entrada de asuntos recomendable y que ello retrase la respuesta judicial», han denunciado en las XXXI Jornadas de Jueces Decanos de España
«Se hace imprescindible la adecuación de las retribuciones de la carrera judicial a la responsabilidad de nuestra función y la sobrecarga de trabajo que durante años llevamos soportando. Esperamos, en beneficio de la administración de Justicia, y para evitar que los jueces nos veamos abocados a ejercer nuestro derecho de huelga, que se alcance un acuerdo que satisfaga las justas pretensiones que se vienen reivindicando de forma histórica por la carrera judicial», ponen de relieve.
Del 8 al 10 de mayo de 2023 se han celebrado en Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas) las XXXI Jornadas de Jueces Decanos de España, en las que se ha analizado de cerca el estado de la justicia y sus necesidades. Una vez más, se han analizado las inquietudes de los miembros de la carrera judicial destinados en los juzgados de toda España, el primer escalón judicial que, sin duda, es el que mejor conoce las deficiencias y los problemas del día a día de la Administración de Justicia.
A pesar de la enorme relevancia del sistema judicial, los jueces decanos «no hemos tenido más remedio que insistir un año tras otro en el olvido de las necesidades de la justicia, su carencia de recursos propios y su dependencia económica de los restantes poderes del Estado«. Han dicho también en reiteradas ocasiones que «no existe una firme y decidida voluntad política para construir un poder judicial fuerte, moderno y eficaz». Y también han reclamado con insistencia un pacto de estado que nunca llega.
La justicia, un elemento esencial
Resulta interesante destacar lo que han sido las principales reflexiones de los jueces decanos en los últimos años, y en las presentes jornadas, que siempre han partido de la premisa de la consideración de la justicia como un elemento esencial en el Estado de Derecho, en el convencimiento de que el cumplimiento de la ley, la tutela de los derechos, el respeto a las instituciones, la convivencia civilizada, el regular intercambio de bienes y servicios e incluso el desarrollo económico de un país dependen de la justicia.
Como se ha destacado en ediciones anteriores, «tenemos un sistema judicial garantista y de alta calidad, pero poco ágil, mal gestionado, anticuado y escasamente dotado«. Y la agilidad tiene un presupuesto ineludible: una adecuada carga de trabajo en cada juzgado. «Hoy, es indiferente que un órgano judicial duplique, triplique o cuadruplique la carga de entrada de asuntos recomendable y que ello retrase la respuesta judicial», denuncian los jueces decanos españoles.
En este contexto, con miles de causas complejas (la mayor parte de ellas relacionadas con la corrupción) y avalanchas de demandas (productos financieros, cláusulas abusivas, ejecuciones hipotecarias, despidos, concursos, etcétera), es sorprendente que, en España, la justicia esté funcionando «razonablemente bien pese al olvido institucional, cumpliendo su obligación como garante de los derechos de los ciudadanos».
«No hay gasto más social que invertir en justicia»
En todo Estado de Derecho que se precie, la justicia debe ser una prioridad, como lo es, por ejemplo, la sanidad o la educación. «Sobre todo, porque no hay gasto más social que invertir en justicia, nada menos que en los derechos y libertades de los ciudadanos», subrayan los jueces decanos en el escrito de conclusiones de las jornadas.
En la declaración institucional, también trasladan la preocupación que genera la actuación consistente en proceder a la afectación parcial de los edificios sede de los juzgados «para usos distintos de los relacionados con la actividad judicial, y todo ello sin la autorización de los decanos y salas de Gobierno».
Siendo una de las competencias fundamentales de los decanos cuidar que el servicio de guardia se preste continuadamente, «es imprescindible garantizar la existencia de los protocolos necesarios para supuestos como ciberataques o caídas de redes que no permitan su normal funcionamiento, así como la existencia de recursos técnicos alternativos para asegurar la continuidad del servicio».
Asimismo, los jueces decanos muestran su preocupación por «la existencia de distintos sistemas de gestión procesal que resultan incompatibles entre sí y los problemas diarios que se producen por tal circunstancia». «Exigimos, por tanto, la creación de un sistema de gestión procesal único«. Se deben resolver igualmente las dificultades de conectividad de videoconferencia entre los distintos territorios; así como la ausencia de respuesta efectiva en las incidencias que se producen en las actuaciones judiciales por falta de personal informático presencial en cada una de las sedes judiciales.
«Nuestra exigencia encuentra el fundamento en las razones verdaderas de la negativa al cambio: el temor de los partidos políticos a perder el control sobre el CGPJ»
Las medidas de refuerzo o apoyo judicial requieren, en su caso, del efectivo refuerzo de la plantilla judicial, que se puedan interesar desde el decanato. «Y se constata la tardanza general en los nombramientos de funcionarios interinos y su falta de formación adecuada al puesto de trabajo«. Además, se exigen a sí mismos la participación activa de los decanos en las propuestas de creación de juzgados como conocedores de las necesidades de los partidos judiciales.
Los jueces decanos siguen exigiendo una modificación en el sistema de elección de los vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). «Mantenemos nuestro empeño de continuar denunciando un sistema que nos aleja de los estándares europeos y que ha sido duramente criticado en varias ocasiones por las instituciones de la Unión Europea. Nuestra exigencia encuentra el fundamento en las razones verdaderas de la negativa al cambio: el temor de los partidos políticos a perder el control sobre el CGPJ«.
«Pedimos unánimemente la recuperación de un canal de comunicación efectivo y bidireccional con el CGPJ para que la voz, las necesidades y los intereses de los órganos unipersonales de España sean conocidos de primera mano por el órgano de gobierno de la carrera judicial, que permita al decano tener conocimiento directo e inmediato de los acuerdos que afecten al partido judicial del que son responsables», remarcan.
En España hay 11,24 jueces por cada 100.000 habitantes, y en Europa, 17,60
Sobre la planta judicial, exigen «la creación de nuevas plazas hasta la implantación de los tribunales de instancia». A la vista del módulo aprobado para los distintos órganos judiciales, se llega a la conclusión de que Ministerio y Consejo renuncian a que la planta judicial española alcance la ratio juez/población vigente en Europa. En España hay 11,24 jueces por cada 100.000 habitantes, y en Europa, 17,60.
Los jueces decanos también solicitan el incremento de las plazas en las oposiciones de acceso a la carrera judicial hasta alcanzar la ratio media de la Unión Europea de jueces por habitante, llamando la atención de que «no se tiene en cuenta el número de jubilaciones que se van a producir en los próximos años y que afectará a gran parte de la carrera judicial». La actual política de convocatoria de oposiciones no garantiza ni tan siquiera la tasa de reposición. Consideramos que el sistema más adecuado de acceso es el de oposición libre, que garantiza la igualdad, mérito y capacidad, tal como exige la Constitución.
Este colectivo exige promover las reformas normativas necesarias para la adopción de medidas de carácter objetivo de adaptación del puesto de las personas que se acerquen a la edad de jubilación. En concreto, regular la posibilidad de acceso a la jubilación parcial.
Por último y teniendo en cuenta que la litigación en masa que se produce en determinadas materias está saturando órganos ya colapsados, es imprescindible impulsar mecanismos dirigidos a reducir la misma en este tipo de procedimientos.
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