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La ministra de Igualdad, Irene Montero, atendiendo a la prensa. / EFE

Política, Tribunales

La Asociación Profesional Independiente de Fiscales pide el cese de Irene Montero y lamenta el silencio del fiscal general

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La APIF deplora las invectivas de un sector del Gobierno (Podemos) directamente contra jueces y fiscales, no desautorizadas desde la jefatura del mismo, en relación con los efectos de la entrada en vigor de la Ley de Libertad Sexual. La APIF reconoce -naturalmente- el derecho a la crítica de las resoluciones judiciales, pero dicha crítica formulada desde miembros del Gobierno de la nación con referencias a «convicciones machistas» de los magistrados son «absolutamente injustificadas»

Y es que la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha culpado a los jueces de no estar «cumpliendo» con la ley del sólo sí es sí por su «machismo» y ha asegurado que ésa es la única causa que está detrás de los casos que están aflorando de rebajas de condenas a violadores y que se están produciendo a raíz de la entrada en vigor de la Ley de Libertad Sexual. Por eso, la ministra ha limitado la solución a mandarlos a cursos de «formación» sobre género para aplicar correctamente la norma.

«Creemos que esos insultos se producen para desviar la atención sobre la propia falta de competencia y creemos que deberían suponer la dimisión o el cese de sus responsables. Es necesario legislar correctamente y hay que evaluar los efectos de las normas que se aprueban en relación con los objetivos que se pretenden. Y ello es más importante cuando se modifica el Código Penal, texto punitivo básico de nuestro ordenamiento jurídico. Será el Tribunal Supremo quien establezca una interpretación definitiva sobre el alcance y los efectos de la retroactividad de la ley favorable para investigados y condenados en relación con la ley aprobada», pone de relieve la Comisión Ejecutiva de la APIF en un comunicado.

Pero, en cualquier caso, el principio de retroactividad de la ley penal favorable es una salvaguardia fundamental en un Estado de Derecho y «cualquier legislador penal debería conocerlo».

Duras críticas al fiscal general del Estado

Asimismo, la APIF lamenta la falta de reacción del fiscal general del Estado ante esas críticas inmoderadas contra magistrados «que se limitan a revisar por imperativo constitucional y legal las penas impuestas por delitos contra la libertad sexual». «Con ese silencio, no cumple su misión constitucional de velar por la independencia de los tribunales y se sitúa una vez más como fiscal general del Gobierno en vez de un auténtico fiscal general del Estado», concluyen desde la APIF.

Montero no se ha retractado de su arremetida contra los jueces, a la que han seguido varias más desde el Departamento de Igualdad y desde Podemos. Así las cosas, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha emitido un comunicado donde expresa «su más firme repulsa a los intolerables ataques vertidos en las últimas horas contra los miembros del Poder Judicial por algunos responsables políticos» por aplicar la denominada Ley del sólo sí es sí. La aplicación de la nueva ley ha provocado que los tribunales tengan que rebajar condenas contra agresores sexuales que eran firmes o que estaban en fase de recurso.

El órgano de gobierno de los jueces considera que esos ataques se contraponen «con el acreditado compromiso de la carrera judicial con la protección de las víctimas de los delitos contra la libertad sexual» y advierte de que este tipo de actuaciones «minan la confianza de las víctimas en las administraciones y, singularmente, en la de Justicia, aumentando su desprotección».


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Un comentario

  1. Avatar Alfonso Casas Moreno

    Por principio activo, no me fío de ningún político, pero menos de los jueces, fiscales y magistrados, ya que, al NO SER UNA DEMOCRACIA, unos hacen la ley para beneficio de unos pocos y los otros la aplican a su antojo.

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