Tras el acuerdo con Novartis, una farmacéutica reprobada por la justicia por tratar de ocultar el precio de su fármaco más caro, la Junta de Andalucía firma ahora una colaboración con Johnson & Johnson, una empresa que se enfrenta a más de 50.000 demandas en Estados Unidos por el amianto contenido en sus polvos de talco, que habrían provocado cáncer a miles de personas
La Consejería de Salud y Consumo y el Servicio Andaluz de Salud (SAS) han firmado un protocolo general de actuación para el desarrollo de actividades de promoción, investigación, formación en salud y humanización orientada a la mejora de la atención al paciente con el laboratorio de Johnson & Johnson. El acto de firma ha contado con la presencia de la consejera del ramo, Catalina García; el secretario general de Salud Pública e I+D+i en Salud, Isaac Túnez; el subdirector general de Farmacia y prestaciones en SAS, Carlos García Collado; y los representantes de Johnson & Johnson, Luis Díaz-Rubio, David Beas, Pedro Martínez y Juan Martínez.
Este protocolo de actuación establece el marco de colaboración «para la realización de proyectos y programas de investigación e innovación a desarrollar en los centros dependientes del sistema sanitario público; para promover la puesta en marcha de convocatorias de ayudas para el desarrollo de proyectos de investigación e innovación y la mejora del capital humano en salud y para el asesoramiento recíproco, apoyo mutuo e intercambio de información en temas de fomento, desarrollo y seguimiento de actividades científicas y técnicas, mediante la elaboración de informes, creación de grupos de trabajo u otras formas de asistencia», según afirman desde la Consejería de Salud.
Sin embargo y como ocurrió con Novartis, Catalina García busca aliados en la sanidad privada que tienen un pasado y un presente vinculados a prácticas ilegales. Una investigación de 2018 afirmaba que, desde 1972, Johnson & Johnson conocía que sus polvos de talco tenían amianto, una sustancia cancerígena si se respira y que en España está prohibida desde el año 2002.
Fue Reuters quien destapó las investigaciones, que se sitúan en 1971, cuando J&J «mantuvo en secreto varios informes que alertaban de la presencia de amianto en tres test«, según reza en la investigación. En 1999, hubo una nueva demanda, retirada después, sobre las consecuencias de estos polvos de talco y su relación con el cáncer de pulmón.
Más de 50.000 demandas
De hecho, la compañía estadounidense Johnson & Johnson ha anunciado recientemente que han conseguido resolver dos demandas en el caso de los productos de talco que causaban cáncer. Según apunta Reuters, se trata de los primeros casos que van a juicio desde que un tribunal federal de Estados Unidos rechazó el plan de quiebra de la compañía.
En concreto, los acuerdos se resolvieron en las demandas presentadas por Rosalino Reyes y Marlin Eagles, que alegaron haber desarrollado mesotelioma relacionado con el amianto en el talco en polvo de J&J. En total, la empresa se enfrenta a más de 50.000 demandas, la mayoría por parte de mujeres con cáncer de ovario.
«Las familias Eagles y Reyes expresan su agradecimiento a los jurados y al personal de la sala que participaron en el juicio», comunicaron Joseph Satterley y Denyse Clancy, abogados de los demandantes, en una declaración conjunta.
Este acuerdo llega después de que J&J no lograra, por segunda vez, en julio trasladar decenas de miles de reclamaciones sobre sus polvos de talco a un tribunal de quiebras, donde esperaba resolverlas a través de un acuerdo propuesto por 8.900 millones de dólares (8.211 millones de euros).
Una sentencia de 2.100 millones de dólares
Los juicios de estos casos tienen un historial mixto, entre los que se encuentran importantes victorias de los demandantes, incluida una sentencia de 2.100 millones de dólares (1.937 millones de euros) otorgada a favor de 22 mujeres con cáncer de ovario. Por otro lado, el mes pasado, un tribunal de apelaciones de Nueva Jersey desestimó un veredicto de 223,7 millones de dólares (206 millones de euros) contra la empresa, al considerar que el testimonio de los peritos de los demandantes no era sólido.
El acuerdo entre el Gobierno de Moreno Bonilla y la Johnson & Johnson prevé «la cooperación en programas de formación y de promoción de la salud, la organización y ejecución de actividades conjuntas relacionadas con la promoción social de la investigación y el desarrollo tecnológico y el establecimiento de canales de relaciones entre las partes que faciliten la transferencia tecnológica y la innovación», según un comunicado de la propia Consejería de Salud.
Igualmente, en materia de formación, «establece el desarrollo de programas de promoción de la salud a través de nuevas tecnologías y buscará soluciones para la mejora de la calidad en la atención al paciente en orden a su confortabilidad y humanización».
En palabras de Catalina García, acuerdos de este tipo vienen mostrar «la importancia de la colaboración público-privada en la promoción de la salud, en la investigación, formación y humanización». Con esta clase de acuerdos, ha incidido la consejera de Salud y Consumo, «buscamos mejorar la excelencia contando con la colaboración de todos los agentes relacionados con la sanidad y lograr así resultados en salud que puedan ser percibidos por la ciudadanía andaluza».
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