La Asociación de Letrados de la Administración Sanitaria de la Junta de Andalucía se plantea dejar de asesorar jurídicamente a los profesionales sanitarios en los supuestos que no estén estrictamente regulados por el decreto de 2005 (las agresiones verbales, por ejemplo) debido al ninguneo que sufre desde el año 2018, cuando se aprobó el nuevo decreto, que no está en vigor porque lleva cinco años sin incluirse en los Presupuestos
Desde la Asociación de Letrados de la Administración Sanitaria de la Junta de Andalucía (ALAS) manifiestan «su profunda preocupación y descontento» ante el incumplimiento, otro año más, por parte de la Junta de Andalucía de incluir en el Proyecto de Presupuestos del año 2024 la partida presupuestaria específica que permita aprobar el decreto por el que se regula la Asistencia Jurídica al Servicio Andaluz de Salud.
La tramitación y aprobación de este Reglamento ha sido un compromiso de la Junta de Andalucía que se incluyó en el Plan Estratégico del Servicio Andaluz de Salud del año 2018 y que, «año tras año, ha sido incumplido«. Ante esta situación, los letrados se rigen por el decreto vigente, que data de 2005 y no les conmina a asesorar a los profesionales sanitarios en los casos de amenaza verbal y de insulto. Todos estos años, han estado cubriendo jurídicamente esos casos, pero ahora los letrados se plantean plantarse debido al ninguneo al que la consejera de Salud, Catalina García, les tiene sometidos desde hace cinco años (García fue viceconsejera de Jesús Aguirre en la anterior legislatura).
Una portavoz de ALAS lo cuenta así en EL LIBRE: «Hemos estado cubriendo toda la casuística, incluso las que son extradecreto, pero nos estamos planteando no cubrir las amenazas e insultos ni ningún otro supuesto que no esté estrictamente regulado. También barajamos otro tipo de medidas, como la huelga, ante la situación de abandono y dejadez por parte de la Junta. Y esto afectaría a muchos profesionales sanitarios todos los días. No lo podemos hacer por falta de medios, a pesar de la lealtad que siempre hemos tenido».
Los sanitarios tendrían que comparecer solos en los juzgados
Así, los sanitarios tendrían que comparecer solos en los juzgados para denunciar esas agresiones verbales, que se producen todos los días en los centros del SAS, ya que el decreto de 2005 sólo obliga a los letrados a cubrir jurídicamente las agresiones físicas del personal.
«Los letrados de la Administración Sanitaria desempeñamos un papel crucial en cuanto tenemos atribuido por Ley, de forma exclusiva, el asesoramiento en derecho y la representación y defensa de los intereses del SAS», agencia pública que gestiona más del 25% del presupuesto total de la Junta de Andalucía y que emplea a más de 120.000 profesionales.
La asistencia jurídica que brinda este colectivo al Servicio Andaluz de Salud abarca aspectos cruciales en la toma de decisiones en materias tan importantes como la contratación administrativa (en la que su informe es preceptivo), en el asesoramiento y defensa en juicio de los múltiples procesos selectivos y de movilidad (especialmente en el marco de la estabilización de personal temporal), así como en la defensa del personal sanitario frente a las agresiones físicas y verbales que, en ocasiones, sufren en el ejercicio de sus funciones, entre otras muchas. Unas funciones que, desde el año 2022, se extienden a las cinco agencias públicas que han sido integradas en el Servicio Andaluz de Salud (la Agencia Pública Empresarial Sanitaria (APES) Costa del Sol, la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) y las APES Poniente de Almería, Alto Guadalquivir y Bajo Guadalquivir).
Esto «impacta directamente en el correcto funcionamiento de la sanidad»
La falta de aprobación del reglamento que regula la asistencia jurídica al Servicio Andaluz de Salud no solo afecta a la estructura y organización interna de los servicios jurídicos e impide el desempeño eficiente de sus funciones sino que «impacta directamente en el correcto funcionamiento de la sanidad y en la adecuada prestación de la asistencia sanitaria a los ciudadanos en cuanto pone en riesgo, entre otros, la viabilidad de las licitaciones públicas, de la gestión de los fondos europeos y de los procedimientos en los que es preceptiva nuestra intervención», denuncian los letrados del SAS.
La Asociación de Letrados de la Administración Sanitaria de la Junta de Andalucía describen la precaria situación que están viviendo: «La deficiente y obsoleta estructura orgánica de la actual Asesoría Jurídica del Servicio Andaluz de Salud y de sus recursos humanos, que no ha sido actualizada desde hace más de dos décadas, limita nuestra capacidad para atender al elevado volumen de peticiones de asesoramiento y asistencia requeridas por el Servicio Andaluz de Salud para la adecuada gestión de la prestación de la asistencia sanitaria».
«Preocupante fuga de talento»
Esta situación, acrecentada por la inexistencia de una carrera administrativa y de un nivel dentro de la función pública acorde con el nivel de cualificación exigido para acceder al cuerpo, «ha generado una preocupante fuga de talento y la dificultad de atraer personal de nuevo ingreso». De hecho, de Sevilla -que incluye los servicios centrales- se han ido 10 profesionales en el último año, ya que es un cuerpo muy especializado y con prestigio. Actualmente, hay 42 letrados sanitarios repartidos por toda Andalucía.
«Queremos el reconocimiento de una dignidad que ahora mismo no tenemos. No encontramos una explicación racional de por qué no se otorga un presupuesto al nuevo decreto. Hemos mandado escritos no sólo a la consejera de Salud, sino también a otros consejeros, pidiendo explicaciones. Vamos a por todas por hacer justicia«, recalca la portavoz de ALAS.
«En este contexto, instamos a las autoridades competentes a cumplir con el compromiso adquirido, desbloqueando esta situación y reconociendo la importancia de nuestra labor en el engranaje del Sistema Sanitario Público Andaluz», concluyen los letrados del SAS.
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