El equipo de Jesús Maeztu critica con dureza la precariedad de esta rama de la atención sanitaria en Andalucía, ya que, «iniciado el año 2025 no se ha aprobado el Plan Estratégico de Salud Mental y Adicciones de Andalucía (Pesma-A) 2024-2028 y, por ende, no se ha implantado la prevista ordenación y reorganización de la salud mental»
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La atención a las personas que padecen problemas de salud mental y los recursos disponibles para ello es un asunto que preocupa de forma especial a esta institución y que se demanda de forma prioritaria tanto por las personas directamente afectadas como su entorno mas próximo.
En años anteriores hemos puesto de manifiesto la infradotación de recursos para la atención de las personas con trastornos de salud mental, así como la mejorable coordinación entre los recursos sanitarios y sociales. Este 2024 hemos conocido la insuficiencia de personal en la Unidad de Salud Mental Comunitaria de Huelva Plaza Houston, en la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental del Área de Gestión Sanitaria de Osuna (queja 24/1484), en el Área de Gestión Sanitaria Norte de Córdoba y en la Unidad de Salud Mental Comunitaria de Peñarroya-Pueblonuevo (queja 23/4415).
Así las cosas, la Defensoría ha formulado tres resoluciones a la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, a fin de que «se adopten las medidas que permitan la cobertura de las plazas estructurales de psiquiatras en las correspondientes unidades de gestión clínica de salud mental a fin de garantizar una asistencia de calidad y la continuidad de los cuidados clínicos por profesionales referentes, especialmente a las personas afectadas por los trastornos más graves».
«Las tres resoluciones han sido aceptadas, observando mejoras en la adecuación de las plantillas y en la propia atención asistencial, si bien cabe destacar que el problema de fondo sigue pendiente de resolver y que la situación de congestión e insuficiencia de recursos se observa en otros puntos de nuestra comunidad, como en las unidades de salud mental comunitaria de Lepe y La Palma del Condado, dependientes del Hospital Infanta Elena«, agrega el Defensor del Pueblo (queja 24/2763).
No se han hecho los deberes
«Iniciado el año 2025 no se ha aprobado el Plan Estratégico de Salud Mental y Adicciones de Andalucía (PESMA-A) 2024-2028 y, por ende, no se ha implantado la prevista ordenación y reorganización de salud mental», revela.
De este modo, «persiste sin respuesta singular el abordaje de las personas con patología dual, no existiendo en Andalucía dispositivos especializados en la asistencia sanitaria a las mismas».
«Así, se puso de relieve en el caso de una mujer joven a la que el consumo de tóxicos y la enfermedad mental había llevado a permanecer durante períodos en situación de calle y a mantener condiciones de vida insalubres y marginales que suponen un grave riesgo para su salud, llegando a sufrir agresiones físicas y sexuales. La desfavorable evolución de la misma, a pesar de haber sido atendida por todos los recursos asistenciales tanto de salud mental como de adicciones, se trasladó a esta institución, concluyendo en el informe favorable para la derivación a recursos específicos de patología dual de otra comunidad autónoma ante la complejidad de su manejo y la refractariedad a todos los programas terapéuticos implementados a la paciente», denuncia Jesús Maeztu.
En este campo, hay que recordar el Acuerdo de 6 de junio de 2023, del Consejo de Gobierno, que tomó conocimiento del Protocolo Andaluz de Coordinación para la Atención a Mujeres con Problemas de Adicciones Víctimas de Violencia de Género.
