En España, denunciar la corrupción es imposible

La forma de entender que en España no hay democracia plena es cómo se trata a los denunciantes de corrupción. Denunciar la corrupción se ha convertido en un deporte de riesgo, donde el denunciante es perseguido para dar ejemplo a otros. Como la política lo invade todo, la corrupción toma forma de Estado y se corrompen los hilos que sostienen la democracia. Denunciar la corrupción ahora significa que te persigan hasta la extenuación y el fin del mundo

Corrupción proviene del latín corruptio, que proviene a su vez del verbo corrumpere, que significa echar a perder, descomponer, pervertir. Así, para el profesor de Filosofía y Teoría del Derecho Malem Seña, habrá corrupción en aquellos actos que constituyen la violación activa o pasiva de un deber posicional o del incumplimiento de alguna función específica realizada en el marco de discreción con el objeto de obtener algún beneficio extra posicional, cualquiera sea su naturaleza. Para Seligson, uno de los autores que más la ha investigado en países de América latina, corrupción es el abuso de los funcionarios públicos para obtener ganancias privadas. Para Pritzl (2000), la corrupción es un abuso de la función pública en pos de un beneficio privado.

La corrupción se ha convertido en uno de los problemas más importantes de las sociedades democráticas contemporáneas, sobre todo a partir del momento en que se han empezado a entender cuáles son sus efectos y sus terribles consecuencias en el conjunto de la sociedad. La corrupción adopta diversas formas y retuerce el derecho y la realidad en beneficio exclusivo del corrupto. Tiene diversos grados y, sobre todo, diversas interpretaciones que van de lo general a lo particular. Así, las formas de la corrupción son diversas, alargadas y se llegan a hacer eternas en nuestro entorno.

Un país que calla la corrupción es, en definición, un país corrupto. Hay países en los que el pueblo tolera la corrupción como una parte del funcionamiento del propio Estado. Las mordidas y los favores se convierten en parte de la vida de las personas y de las instituciones. En otras sociedades se fomenta la cultura de no denunciar la corrupción, de callar ante lo que pasa. No hace mucho, en regímenes anteriores en España, el silencio social por las terribles consecuencias que suponía denunciar la corrupción se introdujo en el ADN de generaciones de españoles. Aunque la sufran, no la denuncian por miedo a las consecuencias.

Nuevas formas de represión

Pero las formas de corrupción y su persecución avanzan a nuevas formas de represión. Cada vez el escenario en que vivimos se parece más a la Europa de entre guerras, donde la libertad de expresión se castigaba con la cárcel y donde la palabra era perseguida y encerrada en campos de concentración llamados poéticamente de reeducación. Vuelve la censura y vuelve la maquinaria de represión que estaba intacta desde los Pactos de la Moncloa. La Ley Mordaza no es más que un paso más en la cercenadura de nuestra libertad como pueblo.

La Transición se está convirtiendo en una gigantesca mentira histórica. La autonomía se va pareciendo cada vez más a la creación de un Estado dentro de otro Estado, con una especie de monarquía parlamentaria dirigida desde San Telmo. Y el pueblo, que permanezca impasible, obediente y atento a los martes de Consejo de Gobierno. Estamos volviendo a pasos agigantados a lo que definió Bakunin hace un siglo: «Donde comienza el Estado termina la libertad del individuo y viceversa«. Este concepto de Estado es el que usa hoy toda la maquinaria legal para perseguir la libertad de expresión y de pensamiento.

Miedo a hablar con libertad

En Andalucía ha vuelto con fuerza el miedo a hablar en libertad, a criticar la gestión política. Los políticos son intocables hoy para todos los estamentos, ya no hay separación de poderes y los derechos de los ciudadanos están ahora, más que nunca, heridos de muerte. Antes teníamos la esperanza de que había una justicia que nos acogía a todos. Y de ese engaño nos han despertado con un atronador cañonazo de realidad.

La tutela de estas libertades se había convertido en un fiel indicador de la solidez de nuestro sistema democrático, en el que la crítica y la expresión de la disidencia garantizaban la legitimidad política del sistema. Eso hoy está completamente en entredicho desde que se persigue sin tregua la crítica a la gestión política, avalada, además recientemente, por la doctrina del TSJA donde el político puede denunciar a la prensa y a los ciudadanos que critiquen su gestión, y encima le pagamos el abogado entre todos.

La democracia y el Estado se están constituyendo en una institución del pueblo sin el pueblo, de los partidos y de sus funcionarios nombrados a dedo. Los intereses de la mayoría de los ciudadanos desparecen por los desagües del Estado mientras nadie hace nada. Mientras, todos callan. Muy pocos son hoy quienes hablan para ser la voz de los que sufren en silencio toda la ignominia del nuevo régimen que se ha construido y callan la voz de los denunciantes de corrupción que nunca aparecerán en los BOE o en los BOJA, porque estos son perseguidos con saña para conseguir silenciarlos y que su mensaje no llegue al obediente pueblo. Y a los que denuncian la corrupción, la nueva forma del Estado se encarga de dejarles claro que se arriesgan a la denuncia pública, a la persecución política y al castigo del sistema. Nuestra libertad de expresión, de pensamiento y de denuncia es la que está hoy en juego y, mientras más callemos, más peligramos como pueblo.

Enemigos del pueblo

Hoy el sistema creado busca a los que critican y señalan la corrupción para dejarlos ante la sociedad como enemigos del pueblo (ese viejo concepto inventado por Stalin), con el objetivo de aplastarlos a todos. Ese concepto de enemigo del pueblo les abre las puertas a cometer todos los desmanes posibles contra los ciudadanos indefensos. También a los regímenes les gusta prohibir con el objetivo de controlar a toda la sociedad. Solo ellos dicen lo que es lícito y lo que es ilícito. Y lo más penoso es que sus postulados son refrendados por los tribunales, como un ejercicio de democracia y de libertad, asistimos así en obligado silencio a la muerte del concepto pueblo libre.

El servicio público en este país está profundamente acabado. Los gestores se han convertido en virreyes y en auténticos sátrapas provinciales, incapaces de rendir cuentas ante nada ni ante nadie. La descentralización ha creado inmensos reinos de taifas por las consejerías, aumentados exponencialmente por las empresas públicas que manejan.

El monstruo creado es tan grande que es imposible controlarlo. Además de convertirse en una gigantesca máquina imparable de devorar presupuestos y dinero público, de crear hemorragias profundas en los impuestos recaudados, alimentado, además, profusamente por las interminables subvenciones europeas. Si Europa despertara y analizara para qué sirve la máquina administrativa regional, estaríamos ante la mayor causa general realizada en Europa desde la caída del III Reich.

Y el actual gobierno regional es para echarse a llorar. Si el Susanato era lo peor que sufrió Andalucía desde la invasión vándala, el nuevo gobierno lo está haciendo bueno. No ha tocado ni corregido ni uno solo de los enquistados problemas que tiene la Junta de Andalucía desde la época de Escuredo y de Borbolla. El cambio que vendieron es el mayor tocomocho jamás realizado a un pueblo a través de las urnas. El Susanato cayó, pero su régimen sigue intacto. La alta jerarquía de los funcionarios PLD y los cuadros intermedios sigue intacta, bien engrasada, y en la misma inercia del gobierno anterior. Nada cambia. Como dijo Talleyrand, «lo que no puede ser, no puede ser y, además, es imposible».