Los sindicatos SAF, CSIF, ISA, UGT y CCOO han publicado un comunicado conjunto, dirigido a la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública de la consejería que dirige José Antonio Nieto Ballesteros, hartos de las imposiciones de los representantes de la Junta en las mesas supuestamente “negociadoras”.
En la remodelación del gobierno andaluz, Moreno Bonilla ha mantenido en la consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública a Nieto Ballesteros, a pesar de la pésima situación de la Justicia y los continuos escándalos en materia de función pública y de administración local acreditados con la hemeroteca, particularmente con los artículos de este diario.
En su comunicado, los citados sindicatos denuncian el abuso de la Junta de Andalucía con los puestos de libre designación, manifestando que “estamos ante la Administración Pública más politizada de España”, teniendo en cuenta que “la asignación de estos puestos se atiene a criterios de idoneidad apreciados por el cargo político que los nombra y que pueden ser cesados discrecionalmente por el mismo, y que se realiza al margen de todo procedimiento basado en los principios de mérito y capacidad”.
De hecho, así lo acredita una amplia jurisprudencia, que ha ido anulando la creación de puestos de libre designación (PLD), así como los nombramientos y ceses de funcionarios en PLD ante la insuficiencia de justificación o motivación, hasta el punto de marginar los méritos de los candidatos. Es decir, la Administración andaluza lleva muchos años actuando arbitraria y caprichosamente sin ajustarse al ordenamiento jurídico.
Considerando que el nivel más alto que puede alcanzar un funcionario en los Cuerpos que requieren titulación universitaria superior es el nivel 30 (subgrupo A1, que va desde el nivel 22 al 30), manifiestan dichos sindicatos que “en el último mes como en los últimos años, no han hecho más que proliferar la creación de puestos de Libre Designación hasta tal punto que absolutamente todos los puestos de trabajo con nivel de complemento de destino comprendido entre los niveles 27 a 30 son provistos por libre designación, así como la mayoría de nivel 26 y absolutamente todas las Jefaturas de Servicio, siempre usando las mismas motivaciones genéricas para todos los puestos de especial responsabilidad, confidencialidad etc.”
Asimismo, denuncian que los altos cargos de la Junta de Andalucía han desoído “hasta la saciedad este extremo durante años, cercenando la carrera administrativa de los funcionarios del subgrupo A1, que no pueden acceder por concurso de méritos más allá del nivel 25 en las provincias (con suerte y mucha antigüedad un nivel 26 en los servicios centrales), pudiendo únicamente tener acceso a los mismos en base a sus contactos con cargos políticos o buenas relaciones con los mismos cómo principal y en la mayoría de las ocasiones, única carta de presentación al puesto”, mientras que esto no ocurre en el resto de Administraciones Públicas.
“El gobierno del PP engaña una vez más a su electorado”
Destacan todos los sindicatos “el engaño del actual gobierno en el poder, que cuando estaba en la oposición, en su programa político y en los acuerdos de gobierno que firmo con el resto de partidos políticos incluía eliminar la libre designación por debajo del nivel 30, otra mentira más”.
Debe recordarse, por ejemplo, la Moción que presentó el PP en el Parlamento andaluz en el año 2012 (BOPA de 22/06/2012; página 7) para quemar al partido en el poder (PSOE), que decía lo siguiente:
“3.9. Reducir los puestos de libre designación y regular con urgencia y claridad el sistema de provisión de puestos mediante ese sistema, devolviéndole su carácter excepcional, estableciendo y detallando criterios objetivos y transparentes, así como la inexcusable necesidad de motivación de las resoluciones que sustenten su convocatoria y designación, de modo que se justifique la excepcionalidad y se establezcan criterios técnicos y no políticos.
3.10. Profesionalizar el personal directivo de la Administración Pública, de tal manera que los directores generales de las distintas Consejerías sean funcionarios.”
Tras esta prueba, queda acreditada la desfachatez que tienen los políticos de esta partidocracia, incluido el PP andaluz.
Igualmente, dichos sindicatos han acordado, y así se lo comunican a la consejería dirigida por José Antonio Nieto, que no acudirán a ninguna Mesa Técnica ni Sectorial de negociación de modificación de puestos de trabajo, o se levantarán en el punto referente al mismo, siempre que no se cumpla el siguiente requisito: “como mínimo, el 50% de las Jefaturas de Servicios y puestos entre los intervalos de niveles 26 a 29, sean provistos por concurso ordinario de méritos”.
Acaban su comunicado manifestando que no van “a seguir siendo participes de una Mesa en donde no existe negociación, sino imposición, donde no existe por la parte de la Administración buena fe negociadora, donde se cercena la carrera administrativa del personal funcionario de los Subgrupos superiores, que debe estar basada en los principios de mérito y capacidad, todo ello en beneficio del control político de los puestos que requieran la más mínima responsabilidad, aun cuando sean de un contenido completamente burocrático y ninguna relación de afinidad requieran con la autoridad política, cómo son Asesorías Técnicas y la inmensa mayoría de Jefaturas de Servicio”.
“Que Juanma Moreno mantenga a Arturo Domínguez Fernández como Secretario General de Administración Pública es todo un despropósito”
No es de extrañar el talante autoritario que demuestran los responsables de la Función Pública de la Junta de Andalucía. Debe señalarse que el gobierno andaluz de Juanma Moreno nombró en la Secretaría General para la Administración Pública a Arturo Domínguez Fernández, superior jerárquico del Director General de Recursos Humanos y Función Pública. Tirando de hemeroteca y archivos, deben recordarse algunos antecedentes de Arturo Domínguez que nada dicen a su favor, sino todo lo contrario:
1º) Tal como publicó este diario, “Las luces y las sombras de la nueva Ley de Función Pública de Andalucía”, la autora del artículo manifestó lo siguiente sobre Arturo Domínguez:
“Domínguez Fernández fue aquel gerente del Hospital Virgen de las Nieves de Granada que me acosó laboralmente durante años al denunciar yo las manipulaciones que se realizaron en la lista de espera quirúrgica del Servicio de Traumatología de ese hospital y el que me ofreció una subdirección si retiraba mi denuncia.
Un acoso al que me sometió de forma implacable y que costó a los contribuyentes andaluces 120.000 euros, pero a él en particular solo el cambio de domicilio, una operación cosmética de cara a la galería tras el escándalo suscitado. En cuestión de una semana, pasó de ser gerente del Virgen de las Nieves a gerente del Área Norte de Córdoba.”
Debemos recordar que el TSJA, en segunda instancia, falló a favor de la funcionaria acosada laboralmente, obligando al SAS a pagarle una indemnización de 120.000 euros por el acoso sufrido.
De ello se hizo eco la prensa en 2008. Asimismo, el diario ABC publicó en 2019 una entrevista en la que la doctora Socorro narraba en una entrevista el “calvario” al que se vio sometida, “el acoso laboral que le infligió de forma prolongada y sistemática” y cómo fue “represaliada por denunciar”.
Como publicó el sindicato SAF el pasado 22 de junio de 2023 en una nota informativa, “resulta totalmente inaceptable que el actual titular de la SGAP sea el máximo responsable de garantizar la ausencia de represalias contra aquellos funcionarios/as que denuncien irregularidades dentro de la Administración”, exigiendo “al Presidente Moreno Bonilla y al Consejero Nieto que, por decencia democrática, actúen en consecuencia procedan a su relevo”. Igualmente, señaló el “despotismo” de Arturo Domínguez en esta otra nota publicada el 6 de julio de 2023.
2º) La asociación Justicia por la Sanidad descubrió que Arturo Domínguez estaba implicado en la trama denunciada por un contrato administrativo del Hospital Universitario “Virgen de las Nieves”, en el que fue gerente, llegando a suscribir el primer contrato de 2006, librándose de la investigación judicial por haber prescrito el presunto delito. Los hechos se publicaron en estos artículos:
- “La UDEF denuncia graves ilegalidades en contrato del HUVN con la empresa de Juan Pérez, vinculado a Martín Blanco (3ª parte)”, publicado el 06/11/2019.
- “El escandaloso caso de la querella que afecta a la actual Ministra de Hacienda en funciones y al ex Gerente del SAS (4ª parte)”, publicado el 07/11/2019.
- “Un nuevo Auto de la Audiencia Provincial de Granada revela negligencias en otro Juzgado de la capital”, publicado el 12/05/2020.
Por último, en materia de administración local, son numerosos los artículos publicados en este y otros diarios que acreditan la pésima gestión de los cargos y directivos de la Secretaría General de Administración Local (SGAL, antes Dirección General de Administración Local), dirigida desde 2022 por María Luisa Ceballos, que nada hace para corregir los hechos denunciados:
- “La Cámara de Cuentas revela la desastrosa política local de la Junta de Andalucía” (05/10/2020).
- “La Junta de Andalucía permite el desmadre con las cuentas públicas de las entidades locales andaluzas” (08/11/2021).
- “Los partidos políticos se ríen de la Cámara de Cuentas” (10/05/2023).
- “La Cámara de Cuentas destroza el regocijo e hilaridad de Juanma Moreno en el consejo autonómico de alcaldes del PP andaluz” (10/04/2024).
- “Más de cincuenta ayuntamientos andaluces deberán reintegrar 1,24 millones de euros de ayudas recibidas” (10/07/2024).
- “Informe del Tribunal de Cuentas: las ELA de Andalucía, las peores de España en el cumplimiento de la rendición de cuentas” (26/07/2024).
Asimismo, resulta incomprensible que, a estas alturas de la autonomía andaluza, los dos centros directivos que gestionan las materias de relaciones financieras con las corporaciones locales (adscrita a la consejería de Hacienda) y de régimen local (SGAL) no se adscriban a un mismo centro directivo.
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