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Joaquín José López-Sidro y Manuel Vázquez Martín.

Opinión, Política

La Junta de Andalucía permite el desmadre con las cuentas públicas de las entidades locales andaluzas

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El nuevo Informe anual sobre la rendición de cuentas del Sector Público Local Andaluz, correspondiente al año 2019, realizado por la Cámara de Cuentas, revela de nuevo los alarmantes incumplimientos legales de la mayoría de las Entidades Locales (EELL) sobre las cuentas públicas que afectan a todos los andaluces

No obstante, los datos que ofrece dicho informe no sólo ponen en tela de juicio a las EELL incumplidoras, sino también a los partidos políticos del Parlamento andaluz y a los dos Centros Directivos de la Administración de la Junta de Andalucía con competencias en materia local, que siguen sin cumplir las recomendaciones de la Cámara de Cuentas, reiteradas año tras año. Tengan en cuenta que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de régimen local, respetando la competencia reservada al Estado (las bases del régimen jurídico y la hacienda general).

Tanto Manuel Vázquez Martín, titular de la Dirección General de Tributos, Financiación, Relaciones Financieras con las Corporaciones locales y Juego (Consejería de Hacienda Financiación Europea), como Joaquín José López-Sidro Gil, titular de la Dirección General de Administración Local (Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local) y coordinador provincial de Cs en Granada, son los responsables autonómicos específicos en materia local y deberían explicar públicamente qué iniciativas han adoptado en sus centros directivos para evitar tantos incumplimientos legales por parte de las EELL andaluzas y cumplir las recomendaciones de la Cámara de Cuentas, que en sus informes anuales son reiterados sin éxito alguno.

Les adelanto que no dirán nada, porque nada han hecho estos dos cargos gandules al respecto, salvo seguir elevando la holgazanería, incompetencia y sinvergonzonería política a sus más elevadas cotas.

Hace un año, publicaba este diario un artículo exponiendo la desastrosa política local de la Junta de Andalucía en base a los datos del Informe de la Cámara de Cuentas sobre la rendición de las cuentas del año 2018, que reiteraba los incumplimientos puestos de manifiesto en los informes de años anteriores. Con el nuevo informe sobre el año 2019 se revela, una vez más que, tanto el Parlamento como las consejerías implicadas, no han actuado para solucionarlo.

En un país democrático (España no lo es, obviamente), ambos directores generales hubieran sido cesados inmediatamente por el Gobierno andaluz. ¿Qué explicaciones darán los consejeros responsables, Juan Bravo (PP) y Juan Marín (Ciudadanos) -el clan de los Juanes- para justificar la ausencia de iniciativas por parte de sus incompetentes directores generales? Como es habitual, ninguna.

Juan Bravo y Juan Marín.

Incumplimientos legales de las EELL andaluzas

El censo del sector público local andaluz, con sus variaciones respecto al año anterior, es el siguiente, según ha publicado la Cámara de Cuentas:

Variaciones del censo de las EELL y dependientes (2018-2019).

Como puede comprobarse, al igual que ocurre en la Administración de la Junta de Andalucía, la administración paralela local es colosal: 363 sociedades mercantiles (incluye las agencias empresariales) y 40 fundaciones e instituciones sin ánimo de lucro, que hacen un total de 403 entes instrumentales locales, que se rigen por el derecho privado. Una vez más, los partidos políticos se acogen a la huida del derecho administrativo para evitar los férreos controles del gasto público. Los entes dependientes de las entidades locales principales suponen un 41,4 % del total de entidades.

Estos son los incumplimientos legales más relevantes manifestados por los auditores en su informe:

1º) El 66,93% de las EELL (597 de un total de 892), no han rendido la Cuenta General de 2019 en el plazo legal que, con carácter excepcional, se fijó hasta el 21 de enero de 2021 (el legal era antes del 1-11-2020). En este cuadro se detalla por tipos de EELL:

Entidades que no han rendido la Cuenta General antes del 22 de enero de 2021.

Se destaca en el informe, al igual que en el informe anterior, el bajo nivel de rendición alcanzado por las provincias de Málaga, Cádiz y Huelva y, especialmente, de los ayuntamientos de mayor población. No parece coherente que los ayuntamientos con mayor población y, por tanto, con más recursos, presenten los peores datos de rendición.

Los ayuntamientos con población superior a 50.000 habitantes que no han rendido sus cuentas en plazo son 24: Benalmádena, Cádiz, Chiclana de la Frontera, Córdoba, El Puerto de Santa María, Estepona, Fuengirola, Granada, Huelva, Jaén, Jerez de la Frontera, La Línea de la Concepción, Linares, Málaga, Marbella, Mijas, Motril, Roquetas de Mar, San Fernando, Sanlúcar de Barrameda, Sevilla, Torremolinos, Utrera y Vélez-Málaga. No obstante, Cádiz, Córdoba, Granada, La Línea de la Concepción, Málaga, Motril, Roquetas de Mar y Sevilla lo hicieron entre el 22 de enero y el 7 de mayo de 2021, fuera del plazo.

En términos de población, los ayuntamientos que han rendido sus cuentas en plazo representan el 26,65% de los habitantes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, mientras que las entidades incumplidoras representan a una población de 6.171.586 de andaluces (73,35 %).

Sólo las diputaciones provinciales de Huelva, Granada y Jaén cumplieron el plazo (las de Sevilla y Córdoba rindieron sus cuentas el 22 y 25 de enero de 2021).

El incumplimiento por parte de las mancomunidades es alarmante: ¡el 80,3 % no ha cumplido! Y ello a pesar de las importantes competencias que asumen muchas de ellas, relacionadas con los servicios que deben prestar a los vecinos de los municipios mancomunados.

Respecto a las Entidades Locales Autónomas (ELA), el 66,67 % no han rendido las cuentas en plazo. A este dato hay que añadir que las ELA de La Ropera (Andújar), Los Villares (Andújar) y Zahara de los Atunes (Barbate) nunca han rendido sus cuentas a la Cámara de Cuentas. Por su parte, la ELA Mures (Alcalá la Real) y otras siete ELA que están en el término municipal de Jerez de la Frontera, no rinden las cuentas desde 2013. Como consecuencia, todas ellas incurren en causa de disolución conforme a lo previsto en la ley, siendo los ayuntamientos, conforme a la Ley de Autonomía Local de Andalucía, quienes deben suprimirlas oída la Junta Vecinal de la entidad.

Sin embargo, ahí siguen sin disolverse, dado que a los partidos políticos les interesa conservar el poder en dichas ELA, especialmente para la compra de votos a través de la concesión de subvenciones por parte de la Administración de la Junta de Andalucía, como las que otorga la consejería que dirige Juan Marín.

2º) En febrero y marzo de 2018, el Pleno del Tribunal de Cuentas aprobó requerimientos conminatorios a 22 ayuntamientos de Andalucía y a la Diputación Provincial de Cádiz que tenían pendiente de rendir alguna de las Cuentas Generales de los ejercicios 2013 a 2016.

3º) En total, han sido 295 cuentas rendidas en plazo y que fueron aprobadas por sus respectivos plenos. Se han sometido al sistema de validaciones de la plataforma en la que se rinden las cuentas, generando un total de 4.229 incidencias, de las cuales 3.554 corresponden a entidades principales y 675 a entidades dependientes (sociedades mercantiles, organismos autónomos, consorcios).

El 39,20 % de las incidencias (1.657) corresponden a comprobaciones de naturaleza aritmética que ponen de manifiesto falta de coherencia entre diferentes magnitudes contenidas en distintos estados financieros; es decir, los números no cuadran.

La principal incidencia detectada en la revisión de la documentación de tesorería está motivada por la no inclusión de los certificados de todas las cuentas integradas en el acta de arqueo (43,86% de las entidades revisadas). ¿Cómo puede ser posible este grave incumplimiento y que las EELL se vayan de rositas? Como siempre, en el origen está la partidocracia, que tanto beneficia a los partidos y tanto daña al pueblo o nación.

Recomendaciones reiteradas por la Cámara de Cuentas y desoídas por el Parlamento y Gobierno andaluz: el teatro de los partidos

Las recomendaciones de la Cámara de Cuentas, tan reiteradas anualmente, vuelven a caer en saco roto. Y la explicación es bien sencilla: entre bomberos no se pisan la manguera. La corrupción y el despilfarro son extremadamente mimados por los partidos para conservar el poder.

Los políticos que han formado y forman parte del Parlamento o del Gobierno de Andalucía no han adoptado ni adoptarán ninguna medida que perjudique a alcaldes, concejales, presidentes o directivos de las EELL de los distintos partidos. Es la esencia de la partidocracia: consensuar entre ellos todo lo que les beneficie para aumentar su poder y seguir con la compra de votos con dinero público. Y así, seguir engañando a la ilusa ciudadanía.

Una imagen que ilustra perfectamente la compra de votos.

¿Qué dirá y hará al respecto el nuevo director de la independiente Oficina de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, Ricardo Vicente Puyol Sánchez? Probablemente, nada, salvo “recomendar” esto y aquello, pues para eso han creado la inútil Oficina: “tú recomienda, recomienda, que yo, el gobierno -o parlamento-, seguiré haciendo lo que me dé la gana”.

Estas son las principales recomendaciones de la Cámara de Cuentas, de alta prioridad, que los partidos políticos pasan de cumplir en Andalucía:

a) Reforzar la capacidad y la suficiencia de recursos y de medios cualificados de las intervenciones locales para el ejercicio de sus funciones de control interno de la actividad económico-financiera y presupuestaria de las entidades locales, la llevanza de contabilidad y la formación de la Cuenta General.

Como ya expliqué en el citado artículo que publiqué en 2020, a los partidos no les interesa que haya en las EELL funcionarios interventores de carrera (habilitados con carácter nacional) que pueda ponerles trabas y pongan en riesgo sus corrupciones y políticas de compra de votos. Por ese motivo, en Andalucía la cifra de interventores accidentales e interinos es escandalosa (nombran al amiguete que no es funcionario habilitado nacional). El último listado que se publicó en la web de la consejería competente que dirige Juan Marín (Cs) era de fecha 7-11-2019. Hoy ni siquiera aparece publicado, porque como bien saben, una cosa es predicar sobre la regeneración democrática y la transparencia, y otra muy diferente es hacerlo.

b) Llevar a cabo las reformas normativas oportunas para condicionar la percepción de subvenciones, ayudas o transferencias de otras administraciones públicas a favor de las entidades locales, con independencia de su naturaleza, a la efectiva rendición de la Cuenta General y a la remisión de las relaciones anuales de los contratos formalizados por las entidades locales y sus organismos autónomos y entes dependientes, y de las copias certificadas de los documentos en los que se hubieran formalizado los contratos.

Esta medida implicaría dejar a las EELL incumplidoras de las Leyes sin las golosas subvenciones y la Patrica (participación en los tributos que pagamos los andaluces) que reciben desde hace años sin las necesarias condiciones por parte de la Junta de Andalucía, y que son utilizadas para la compra de votos (inauguraciones de obras, contratos de empleo público, fiestas, ayuditas a asociaciones, etcétera). También implicaría que los contratos formalizados por las EELL pudieran ser controlados por un órgano externo, lo cual podría dejar en evidencia las corrupciones de los partidos políticos.

Obviamente, los partidos políticos no dejarán que eso pase y no aprobarán ninguna norma que obligue a ello, por mucho que lo diga la Cámara de Cuentas: no es más que otro teatro que tienen montado los partidos. Así, mientras uno recomienda, los otros incumplen sin consecuencia alguna. En esta partidocracia, los partidos jamás se tirarán piedras en su propio tejado. Por esto, no tiene ningún sentido votarlos si se pretende beneficiar a la ciudadanía.

c) Habilitar a la Cámara de Cuentas de Andalucía, mediante las modificaciones legislativas pertinentes, para la imposición de multas coercitivas, como ocurre en otras comunidades autónomas, en caso de incumplir la obligación de rendición de cuentas y de remisión de las relaciones anuales de los contratos formalizados.

Puede seguir soñando la Cámara de Cuentas… y aunque lo hicieran algún día, da igual, porque su aplicación dependerá igualmente de los partidos que nombran a los consejeros de la Cámara de Cuentas en esta partidocracia. La función teatral continúa…

d) Instar a los órganos competentes de las administraciones estatal y autonómica para que, tan pronto tengan conocimiento de la falta de rendición de las cuentas generales de una entidad local, hagan efectivas, de manera oportuna, las medidas que ofrece la normativa: retenciones de fondos, multas coercitivas, sancionar a los alcaldes y presidentes de EELL, etc.

Como he dicho antes, también esta medida forma parte del teatro montado por los partidos, porque estos jamás se perjudicarán a sí mismos. Como no tiene consecuencias negativas para los partidos el no hacer nada, eso hacen y harán: no actuar y continuar riéndose de los andaluces.

Consecuencias para las EELL incumplidoras, sus alcaldes y presidentes

Según la legislación aplicable, los presidentes de las entidades locales andaluzas (alcaldes de municipios y presidentes de diputaciones, mancomunidades y ELA) son los responsables del incumplimiento de rendir las cuentas en plazo, y está considerado como infracción muy grave en la Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, previéndose las siguientes sanciones:

a) La declaración del incumplimiento y su publicación en el BOJA.

b) La no percepción, en el caso de que la llevara aparejada, de la correspondiente indemnización para el caso de cese en el cargo.

c) Destitución del cargo que ocupen salvo que ya hubiesen cesado y no podrán ser nombrados para ocupar ningún puesto de alto cargo o asimilado durante un periodo de entre cinco y 10 años.

Según dicha Ley de 2013 de Buen Gobierno, los órganos competentes para ordenar la incoación de los expedientes sancionadores son los que tengan atribuidas estas funciones en aplicación del régimen disciplinario propio de las Comunidades Autónomas o Entidades Locales en las que presten servicios los cargos contra los que se dirige el procedimiento, y, en el caso de las EELL, la competencia para sancionar corresponde al órgano que la tenga atribuida o, en su caso, al Pleno de la Junta de Gobierno de la Entidad Local de que se trate, la cual es presidida precisamente por el responsable del incumplimiento en este caso de la rendición de cuentas… ¡Otra tomadura de pelo a los ciudadanos! Para colmo, en Andalucía no se han atribuido dichas funciones a ningún órgano, ni en la Junta ni en las EELL.

Resultará muy revelador, para valorar la supuesta independencia de la Oficina de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, el tiempo que tarde su nuevo director, Ricardo Vicente Puyol Sánchez, en instar al Parlamento y al Gobierno andaluz que regule esta ausencia de régimen disciplinario para altos cargos autonómicos y locales.

Asimismo, llama demasiado la atención que la Cámara de Cuentas no haya recomendado que se atribuyan dichas funciones sancionadoras previstas en dicha ley a los órganos pertinentes de la Comunidad Autónoma y de las EELL, así como se regule el procedimiento a seguir, dada su ausencia en la normativa, lo cual revela el manejo por los partidos políticos de dicha Cámara, a pesar de que la norma declare que es un órgano «independiente». El teatro nunca cierra y continúa la función…

El interior de un teatro.

Sólo se han impuesto multas coercitivas por el pleno del Tribunal de Cuentas a los alcaldes-presidentes de ocho ayuntamientos que seguían sin atender en su totalidad sus requerimientos conminatorios efectuados por no rendir cuentas desde 2013: Algodonales, Arcos de la Frontera, El Puerto de Santa María, Prado del Rey y Puerto Real (Cádiz); Almuñécar (Granada); Vélez-Málaga (Málaga) y Mairena del Alcor (Sevilla). Salvo Prado del Rey, que ya ha rendido las cuentas hasta 2019, el resto todavía estaba pendiente de rendir las cuentas de los dos a los cinco últimos años (2015-2019).

Por otro lado, según la Ley 2/2011, de Economía Sostenible, debería retenerse a las EELL incumplidoras la financiación que reciben a través de la participación en los tributos del Estado (PIE), pero tampoco se hace por parte del Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero… Ya saben, hay que comprar votos, y ningún partido perjudicará a otros partidos si eso también le perjudica. Lo primero es el poder y, a los ciudadanos, que les den.

El legislador andaluz ni siquiera ha previsto retener la financiación que reciben las EELL de la participación en los tributos de la comunidad andaluza (Patrica) para aquellas que no cumplan con los plazos de la rendición de cuentas. Deberían ya saber que, en Andalucía, a todos los partidos les interesa la opacidad de las cuentas públicas locales, pues la transparencia perjudica sus intereses espurios (corrupción, compra de votos, etcétera).

Esperemos que, algún día, la mayoría de la nación comprenda para qué sirven los consensos entre partidos que, irracionalmente, apoyan con su participación en las votaciones que estos convocan cada cuatro años para perpetuar el sistema partidocrático: hay que estar ciego para no verlo, ser un corrupto o un irresponsable si lo ve y nada hace para remediarlo.


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2 comentarios

  1. Avatar Regla Contreras

    Luis: ¿cuándo vamos a fundar ya de una vez algo que no se llame PARTIDO y al que sólo puedan pertenecer personas honradas que no tengan más ideología que el trabajo bien hecho y una dedicación desinteresada por el bienestar de los ciudadanos?

  2. Avatar Francisco J Castillo

    Me agobia no poder pagar impuestos al ritmo al que me roban.

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