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Una imagen de un Consejo de Gobierno en San Telmo.

Opinión, Política

El Gobierno y el Parlamento andaluz se ríen de la transparencia y de la ciudadanía

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En nuestra partidocracia, los políticos son propensos a mentir o vender sin límites lo que consideren necesario con tal de no perder el poder o de incrementarlo, siempre que puedan y los españoles se lo permitan

Si recuerdan los lectores, todos los partidos proclamaron por activa y por pasiva que España sería ejemplar en materia de transparencia, y que adoptarían todas las medidas necesarias para que se cumpliera dicho principio declarado legalmente. Tanto las Cortes Generales como los Parlamentos autonómicos aprobaron las leyes respectivas, que vendieron a la ciudadanía como un gran paso en la lucha contra la corrupción. Pero, como algunos ya avanzamos, han transcurrido varios años y la realidad es otra bien distinta, confirmando los vaticinios.

En Andalucía, el propio Consejo de Gobierno reaccionó antes de la aprobación de la Ley de Transparencia autonómica, y aprobó el Acuerdo de 17 de diciembre de 2013 por el que se adoptaron medidas para la transparencia del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, publicado en el BOJA de 23/12/2013. Según su apartado cuarto (Publicidad de acuerdos y documentos), el texto de los acuerdos adoptados por dicho Consejo de Gobierno y los documentos que correspondan se publicarán en el portal web de la Junta de Andalucía en un plazo no superior a tres días desde la celebración de la reunión, correspondiendo a las personas titulares de las viceconsejerías competentes la adopción de las medidas necesarias para la efectividad de lo establecido en este punto. Después fue la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, en su artículo 22, la que incidió en esa obligación.

Sin embargo, empieza a ser habitual el incumplimiento de lo acordado por el propio Consejo de Gobierno. Tras la sesión del pasado 17 de noviembre, el plazo de los tres días hábiles finalizó el viernes 20 de noviembre. A fecha de hoy, habiéndose incluso celebrado la sesión del Consejo de Gobierno del 24 de noviembre, siguen sin publicarse los documentos de los expedientes relativos a los puntos acordados, lo cual revela el poco respeto del Gobierno andaluz por cumplir el ordenamiento jurídico en materia de transparencia.

Para que se hagan una idea de la idea de transparencia que tiene este Gobierno, arriba aparecen dos imágenes de los curriculum vitae facilitados por el Servicio Andaluz de Salud, tras solicitar la Asociación Justicia por la Sanidad copia del expediente de la convocatoria de un puesto de libre designación de los Servicios Centrales del SAS, que fue declarado desierto (Subdirección de Coordinación de Salud), un puesto directivo considerado clave para el funcionamiento de la sanidad andaluza, y que, tal como publicó este diario en su noticia titulada ‘Justicia por la Sanidad denuncia designaciones arbitrarias en el SAS‘, ha sido objeto de una actuación ilegal (eliminación del puesto de la RPT y colocación a dedo de una persona para ejercer las funciones del puesto eliminado).

El acceso a la información solicitada sobre dicha convocatoria fue resuelto favorablemente. Sin embargo, se advierte en la resolución (ver la imagen siguiente) que los datos de terceros se eliminan. Como han podido comprobar con las imágenes de los curriculum, no se han eliminado sólo los DNI, teléfonos, direcciones de correos electrónicos y postales, que son los datos de carácter personal que deben ocultarse, sino que también han censurado todos los datos imprescindibles del curriculum que deben conocerse para valorar la idoneidad de los candidatos y que, tratándose de empleados públicos (sus nóminas las pagamos los ciudadanos), no pueden tener ese carácter de datos de carácter personal. Si estos datos no son transparentes y se censuran totalmente, ¿cómo puede un ciudadano conocer y verificar cómo se ha tomado la decisión que nos afecta como ciudadanos?

Dice el preámbulo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno:

“La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones, podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos”.

Sin embargo, según lo actuado por el Servicio Andaluz de Salud, es evidente que sus responsables se niegan a responder a la sociedad, y que les importa un bledo la transparencia y que la ciudadanía conozca cómo se toman las decisiones. Téngase en cuenta que, en el expediente de la citada convocatoria, no consta ni un solo motivo que justificara el declarar desierto el puesto, habiendo dos solicitudes: una de ellas, de un profesional sanitario, Higinio Flores Tirado, que estuvo ejerciendo las funciones del puesto solicitado sin ocuparlo, y otra de una funcionaria del Cuerpo Superior de Administradores Generales de la Junta de Andalucía.

Y si a ello añadimos que el Consejo de Transparencia de Andalucía está demorando las resoluciones de las reclamaciones más de 17 meses, cuando el plazo legalmente establecido es de tres meses. Así obtenemos la imagen perfecta de la importancia que dan los partidos políticos a la transparencia de sus actuaciones. A todos esos españoles que defienden tanto a los partidos políticos, habría que preguntarles: ¿Cuántas mociones han presentado los partidos políticos en el Parlamento de Andalucía para poner solución a lo que ocurre en el Consejo de Transparencia? Y ahora, que sigan defendiendo a los partidos políticos.

Así funciona esta Administración de la regeneración y ese Parlamento vergonzoso, revelando con ello, una vez más, que la partidocracia no tiene más límite que los intereses espurios de los partidos que gobiernan; es decir, ningún límite. Mientras más pábulo se les otorgue a estos vividores de lo ajeno, más perjudicada acabará la sociedad española, que sigue sin despertar de su letargo. ¿Será tarde cuando lo haga?


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Un comentario

  1. Avatar Elefante

    Muy interesante, claramente han sobrepasado la medida aceptable en el «test de daño», no creo que esa forma de respuesta pueda estar amparada por el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. De hecho no entiendo cómo esa información no forma parte del catálogo activo de transparencia, como el resto de currículos. https://www.ctpdandalucia.es/

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