El decreto de la Consejería de Salud y Familias dispone la asunción por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de los fines y objetivos de las agencias públicas empresariales sanitarias, con el objetivo de extinguir dichos entes instrumentales y unificar en el SAS todos los recursos sanitarios asistenciales públicos de Andalucía a partir de 2022. ¿Se mantendrán todos los puestos de trabajo técnicos y administrativos?
A través de esta integración, se pretende acabar con las disfunciones generadas por la falta de homogeneidad de la naturaleza jurídica de dichas agencias públicas empresariales con la del Servicio Andaluz de Salud a la que se adscriben, «disfunciones que inciden en la misión asistencial que les compete«, según la Consejería de Salud. Para ello, se parte de que el Decreto del presidente 2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre la Reestructuración de Consejerías, se refiere a la necesidad de acompasar la actividad de la Administración de la Junta de Andalucía con la ejecución del conjunto de políticas públicas que conforman el programa político del Gobierno, «buscando siempre la máxima eficiencia posible en el empleo de los recursos públicos», según ha informado hoy la Junta.
Esto se traduce en un proceso de evaluación y racionalización de las entidades instrumentales de la Administración de la Junta de Andalucía. Por tanto, la exigencia de contar con un sector público ordenado, coherente y sin duplicidades «está siendo una prioridad en la presente legislatura».
Ante esto, el pasado 4 de diciembre de 2019 se inició la licitación del contrato de prestación del Servicio de auditoría operativa del sector público instrumental de la Junta de Andalucía, donde se han analizado exhaustivamente las duplicidades de funciones con otras entidades del sector público andaluz. A pesar de la eficiente trayectoria de las diferentes agencias públicas empresariales de la Junta de Andalucía, la evolución de la legislación aplicable a esta tipología de instituciones ha ido recortándoles sus ventajas organizativas, especialmente desde la promulgación de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía.
Así, por un lado, aparece un exceso en la temporalidad de los contratos de sus profesionales. Esto se debe a que las agencias sanitarias presentan una gran dificultad para atraer profesionales a sus hospitales, tanto por tener unas condiciones laborales menos ventajosas como por desarrollar su actividad en zonas de difícil cobertura.
Por otra parte, si bien inicialmente los procesos de compras y de contratación de las entonces empresas públicas se ajustaban a las previsiones del derecho privado, con el paso del tiempo, sin embargo, su ordenamiento jurídico «les ha impuesto la observación de la normativa sobre contratación de las administraciones públicas, lo que incluye su actividad en la aplicación de la legislación vigente sobre contratación pública».
Cambio en la estructura de contabilidad
En cuanto a la gestión económica, cuando surgieron, las entonces empresas públicas aplicaban las normas sobre la contabilidad financiera conforme al Plan General de Contabilidad. No obstante, a partir del 1 de enero de 2021, por mandato legal, han pasado a quedar dentro del sistema de contabilidad presupuestaria conforme a las disposiciones vigentes en materia de Hacienda Pública.
En lo referente a los sistemas de información asistencial, las agencias públicas empresariales sanitarias están «en proceso de cambio, migrando sus sistemas de información propios hacia los implementados por el SAS con el fin de homogeneizar y facilitar el acceso desde cualquier centro asistencial de Andalucía al historial clínico de los usuarios de Andalucía».
Por tanto, se hace preciso iniciar un proceso que culmine con la asunción, por parte del SAS, de la totalidad de los fines y objetivos de las agencias existentes, con la finalidad de extinguir dichos entes instrumentales y unificar en el SAS todos los recursos sanitarios asistenciales públicos de Andalucía.
Proceso de disolución
El proceso de disolución de las agencias sanitarias, que viene regulado por el artículo 60 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, establece que, en el plazo máximo de tres meses siguientes a la publicación del decreto que acuerde las causas de disolución, la dirección gerencia de cada una de ellas formulará un plan de liquidación y extinción, que se comunicará a la Consejería de Salud y Familias. En el plazo máximo de dos meses a contar desde la recepción de aquellas comunicaciones, el Consejo de Gobierno aprobará los respectivos decretos -uno de cada agencia pública empresarial sanitaria-, en los que se determinarán las disoluciones, se designarán al órgano o entidad que asumirá las funciones liquidadoras y se establecerán las medidas aplicables del personal.
El decreto que determine la disolución establecerá las medidas aplicables al personal de las agencias disueltas, y, en particular, la posibilidad de su integración en el SAS, que, en su caso, se llevará a cabo de acuerdo con los procedimientos establecidos en la legislación que resulte aplicable. Hasta entonces, los profesionales de las agencias extinguidas mantendrán los mismos derechos y obligaciones que les resultaban aplicables al momento de su disolución. Pero, ¿se garantizará el cien por cien de los puestos de trabajo técnicos y administrativos?
Balance económico de la Eurocopa
En el Consejo de Gobierno también se ha realizado balance de los partidos de la Eurocopa que se han celebrado en el Estadio de La Cartuja. En el aspecto económico, según la UEFA, los cuatro partidos que ha acogido Sevilla han podido generar un retorno económico de unos 215 millones de euros. De ellos, 73 millones serían de impacto económico directo, considerando los 16.000 espectadores por partido, a una media de 380 euros de gasto por día y una estancia media de tres días. Los 142 millones de euros restantes son los generados por el retorno mediático de la retransmisión del evento. Además, la celebración de esta competición ha generado puestos de trabajo y contratación de empresas locales, provinciales y andaluzas para el desarrollo del evento en distintos sectores, especialmente castigados por los efectos de la pandemia, como la hostelería, los hoteles, el comercio o los transportes.
La celebración de la Eurocopa 2020 no ha supuesto coste alguno para la sociedad propietaria del estadio, de la que la Junta de Andalucía cuenta con un 35% del accionariado. Las necesarias obras de adaptación a los requisitos de infraestructura de UEFA y los gastos operacionales propios de la celebración del evento se han realizado con una subvención excepcional concedida por la Consejería de Educación y Deporte, por importe de 4.956.000 millones de euros, de los que tres millones de euros corresponden a inversiones que permanecen en la instalación y el resto, a los gastos operacionales del evento.
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