EL LIBRE publicaba la siguiente noticia: ‘La Audiencia Provincial de Granada resuelve a favor de Justicia por la Sanidad‘, haciéndose eco del auto de dicho tribunal, fechado a 28 de abril de 2020
Dicho auto obligaba a reabrir la causa que fue sobreseída provisionalmente y archivada por el Juzgado de Instrucción número 9 de Granada, a raíz de la querella presentada por la Asociación Justicia por la Sanidad por graves irregularidades en contrataciones efectuadas por la Plataforma Provincial Logística Integral de Granada (PPLIGr) para el Hospital Universitario Virgen de las Nieves (HUVN), así como por la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) y las fundaciones públicas sanitarias Fibao y Fisevi.
Asimismo, la Audiencia Provincial acordó que el juzgado prosiguiera el procedimiento y practicara “las diligencias necesarias para comprobar los hechos denunciados en la querella”. Entre esas diligencias, indicó al juzgado que se oyeran como investigados a los querellados y que se practicara la sugerencia del informe policial de recabar informe a la Inspección General de Servicios de la Junta de Andalucía sobre estos contratos. Ha pasado un año y de este informe nada se sabe, por lo que se ha vuelto a reiterar al juzgado por la citada asociación.
Téngase en cuenta que la querella se interpuso el 30 de noviembre de 2018, por lo que, en el supuesto de que se acordara algún procesamiento tras finalizar la instrucción de la causa y se diera por probada la comisión de los presuntos delitos en el juicio, tendría que aplicarse en las condenas la atenuante de las dilaciones indebidas, es decir, disminuirían las penas. Así funciona la justicia en este país gracias a esos millones de españoles que siguen confiando irresponsablemente en los partidos políticos para bien de los corruptos.
Interrogatorio de los tres primeros querellados
El pasado 9 de abril se realizaron los interrogatorios a los tres querellados iniciales: Manuel González Suárez y Manuel Bayona García, exgerentes del HUVN de Granada y Complejo Hospitalario Universitario de Granada, y Francisco Menéndez García, apoderado de la empresa Eurocontrol SA, quien suscribe los contratos en representación de la empresa.
La Fiscalía de Granada, a pesar del rapapolvo que recibió de la Audiencia Provincial de Granada en su auto, ni siquiera se presentó a los interrogatorios de los querellados, y eso que, según el artículo 124 de la Constitución, el Ministerio Fiscal tiene por misión «promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, así como velar por la independencia de los tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social».
Eso sí, después sus fiscales participarán en foros sobre corrupción vendiendo humo. ¿Y algunas asociaciones de fiscales proponen modificar la ley para que las instrucciones penales las desarrollen los fiscales usando criterios de oportunidad, en su caso, en vez de principios de legalidad en todos los casos? Miedo me da y espero que nunca ocurra mientras los fiscales sigan dependiendo del gobierno de turno.
Escándalo sanitario
Manuel González estaba representado por un letrado del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Es decir, el SAS, que hoy está en manos del PP, niega las irregularidades y ofrece su apoyo a los exgerentes querellados, a pesar de que en el Parlamento de Andalucía el PP denunció dichas contrataciones, que fueron efectuadas cuando gobernaba el PSOE en solitario y con IU, solicitando incluso la documentación de los contratos, que fue no admitida a trámite por el Parlamento. De todo ello también se hizo eco la prensa (noticia 2015, noticia 2015, noticia 2015-PP y Cs, noticia 2017, de ABC de Sevilla).
Este querellado contestó a las preguntas efectuadas por la magistrada, que revelaban las irregularidades cometidas. Posteriormente, el letrado del SAS le realizó alguna pregunta para intentar exculparlo y el abogado de la asociación Justicia por la Sanidad le interrogó con multitud de preguntas, dejando en evidencia todas las irregularidades.
Manuel Bayona estaba representado por su propio abogado y, aunque contestó a las preguntas de este y de la magistrada, se negó a declarar ante las preguntas del abogado de la Asociación Justicia por la Sanidad, indicándole la magistrada que, aunque no contestara, se investigarían los contratos y sus irregularidades, como por ejemplo el fraccionamiento indebido para eludir la licitación por un procedimiento abierto, o por qué siempre se invitaban a las mismas personas a participar (dos personas jurídicas y una física) y se adjudicaba siempre a la misma empresa (Eurocontrol SA) porque las otras dos se retiraban, estando incluso una de ellas vinculada societariamente con la adjudicataria (Eurocivil SL).
Debe recordarse que Manuel Bayona, exgerente del HUVN y después del Complejo Hospitalario, fue nombrado por el entonces director gerente del SAS, José Luis Gutiérrez Pérez, para ejecutar la fusión hospitalaria en Granada, que luego sería derogada por la presión popular liderada por el médico de urgencias y presidente de la citada asociación, Jesús Candel (Spiriman). Este director gerente del SAS fue nombrado por la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero Cuadrado (por entonces era su pareja sentimental), y coincidía que era el hermano del director de Consultoría de la empresa que siempre resultaba adjudicataria, Javier Gutiérrez Pérez.
Precisamente, el que entonces era apoderado de la empresa Eurocontrol SA, Francisco Menéndez, defendido por sus propios abogados, se exculpó en el interrogatorio diciendo que él no tuvo relación alguna con las personas responsables de los contratos, que no conocía a nadie del HUVN de Granada, que nunca estuvo en Granada para los contratos en cuestión y que todo lo gestionaba Javier Gutiérrez Pérez, el hermano del ex director gerente del SAS.
En dichos interrogatorios, los dos exgerentes del HUVN declararon, entre otros aspectos, que ellos se limitaban a firmar las resoluciones de inicio y adjudicación de los expedientes, además de los propios contratos, cuando se les ponían por delante sus subordinados, no interviniendo en el procedimiento que, según ellos, no conocían. Asimismo, manifestaron que los responsables de dichas contrataciones eran los directivos que dirigían la gestión económica y los funcionarios que tramitaban los documentos de los expedientes de contratación.
Firmar sin mirar
Es decir, ellos cobraban sus buenos sueldos por dirigir el HUVN como gerentes, que obviamente incluye la responsabilidad de lo que firman, pero no sabían nada de lo que firmaban, según dicen. Además, aunque presidían los órganos de dirección del hospital, al parecer no se enteraban de lo que ocurría en dicho hospital, salvo de lo que les interesara para salvar su trasero y hacer carrera como directivos, supongo.
Desde luego, así cualquiera podría ser nombrado gerente de un hospital, distrito o área de gestión sanitaria en Andalucía: no haría falta exigir requisitos, ni méritos ni capacidad. ¡Qué más da, si los gerentes se limitan a firmar lo que les ponen por delante!
Así ha funcionado y funciona la sanidad pública andaluza y nada ha cambiado con el nuevo gobierno del PP y Cs, por mucho bombo publicitario que pague el gobierno andaluz y por mucho que algunos medios de comunicación lo silencien. Y algunos andaluces siguen sin verlo porque viven en la ignorancia; o sí lo ven, pero sobreviven inmoralmente gracias a este régimen partidocrático o creen ingenuamente que nunca les afectará.
Ampliación de la querella y nuevos querellados
A la vista de las declaraciones de los tres querellados inicialmente, la Asociación Justicia por la Sanidad ha presentado un escrito el pasado mes de abril solicitando la ampliación de la querella a los subordinados señalados por los dos exgerentes del HUVN, así como al empleado de la empresa Eurocontrol, por los mismos hechos y delitos que la sustentan: Emilia Martínez Martínez (entonces directora económico-administrativa del HUVN, directora de la citada PPLIG, presidenta de Mesa de Contratación y coordinadora del Observatorio Omars); Santiago Lanzarote Campos (director de Gestión y Servicios del HUVN y miembro de la Comisión Permanente de PPLIG); Ángel Luis Casas García (entonces subdirector económico-administrativo del HUVN y subdirector de Contratación Administrativa de la PPLIG); José Luis Navarro Espigares (entonces subdirector de Control de Operaciones del HUVN y en la PPLIG); y Javier Gutiérrez Pérez (entonces director de Consultoría de la empresa Eurocontrol, SA, y contratado también por Fibao para el Omars), con el fin de que sean interrogados como querellados con todos los derechos que les asisten.
Asimismo, se ha solicitado que declaren como testigos Martín Blanco García, entonces director gerente de la EASP, en la cual se adjudicó otro contrato a la empresa Eurocontrol con el mismo modus operandi, así como varios funcionarios que participaron en dichas contrataciones, con el fin de esclarecer lo declarado por los exgerentes del HUVN, dado que también les atribuyeron cierta responsabilidad en la tramitación de los expedientes de contratación y de las graves irregularidades que presentan.
Totalmente de acuerdo, los sinvergüenzas, juzgados y condenados.👍