Aquí aparece uno de los problemas más difíciles. El menor que llega solo necesita protección y España no puede comportarse como si no existiera esa obligación
La experiencia de 2021 demuestra, además, que las devoluciones de menores requieren garantías jurídicas específicas. El Tribunal Supremo declaró posteriormente ilegales determinadas devoluciones realizadas entonces desde Ceuta porque no se habían respetado los procedimientos exigidos.
Por tanto, proteger la frontera no significa suspender el derecho, pero proteger al menor tampoco puede significar aceptar una dinámica migratoria sin límites.
Esta es probablemente una de las grandes paradojas de nuestro tiempo: la misma ley que protege al menor puede convertirse, si el sistema es previsible y no existen vías legales eficaces, en un incentivo indirecto para que las redes criminales utilicen a menores. Y eso sería una terrible perversión.
Porque el niño dejaría de ser protegido como persona y comenzaría a ser utilizado como instrumento. Precisamente lo contrario de lo que la protección jurídica pretende.
No podemos elegir entre seguridad y humanidad
A veces el debate político nos presenta dos alternativas: o defendemos las fronteras o defendemos a los inmigrantes. O somos partidarios de la seguridad o somos humanitarios. Es un falso dilema. Una sociedad democrática debe hacer ambas cosas. Debe proteger sus fronteras. Debe impedir la entrada irregular cuando corresponda. Debe perseguir a las mafias. Debe conocer quién entra y por qué. Debe exigir el cumplimiento de las leyes. Debe negociar con los países de origen y tránsito. Y debe proteger a quien llega en situación de vulnerabilidad. Especialmente si es menor.
No son políticas contradictorias. Forman parte de una misma obligación política.
El problema de Ceuta no se resuelve solamente en Ceuta
Quizá uno de los errores más graves consiste en tratar cada crisis migratoria como un episodio aislado. No lo es. Detrás de una llegada masiva existen factores económicos, demográficos, políticos y geopolíticos.
Hay jóvenes que abandonan sus países porque no encuentran futuro. Hay familias que buscan seguridad. Hay redes criminales que aprovechan esa desesperación. Hay Estados que pueden utilizar los flujos migratorios como instrumento de negociación. Y hay países europeos que necesitan trabajadores mientras, simultáneamente, intentan controlar sus fronteras.
El problema es extraordinariamente complejo. Por eso las soluciones tampoco pueden ser simples.
¿Qué podríamos hacer?
Primero, controlar eficazmente las fronteras. No como un acto de hostilidad hacia quien llega, sino como condición de cualquier política migratoria ordenada.
Segundo, abrir y ampliar vías legales y ordenadas de migración, especialmente cuando existan necesidades reales de trabajadores.
Tercero, perseguir con mucha mayor contundencia a las mafias que trafican con personas.
Cuarto, establecer mecanismos eficaces para la identificación y protección de los menores, evitando tanto su abandono como su utilización por las redes migratorias.
Quinto, reforzar la cooperación con los países de origen y tránsito, pero vinculándola a objetivos verificables: seguridad, educación, empleo, lucha contra la corrupción y protección de los menores.
Sexto, invertir también en el desarrollo de los países de origen.
No se trata de pensar ingenuamente que toda migración puede evitarse con ayuda económica. Las personas siempre han emigrado y seguirán emigrando.
Pero tampoco podemos aceptar como normal que millones de jóvenes tengan que arriesgar la vida para encontrar una oportunidad que no encuentran en su propio país.
Un comentario
A los problemas humanos…..soluciones humanas ….la verdad es q España, cada vez está más vieja…necesita gente joven….o a ver quién sostiene las pensiones !!!