«La Consejería de Sanidad no puede seguir mirando hacia otro lado. El actual Gobierno de la Junta también es responsable de esta crisis y tiene en su mano contribuir a su solución. De lo contrario, la extensión del conflicto a nuestra comunidad autónoma será inevitable», pone de relieve el Sindicato Médico Andaluz
El pasado miércoles, el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, eludió responder a una pregunta de EL LIBRE sobre los graves problemas de atención hospitalaria en Huelva, que publicó este periódico el pasado 23 de febrero. Salió por peteneras: «Deberíamos poner el foco en las consecuencias que estamos teniendo de huelga contra la ministra, para saber las consecuencias que esto tiene. Una huelga que a la ministra le da igual que se arregle o que no se arregle, porque así lo sufrimos las comunidades autónomas. 300.000 procesos asistenciales se han visto afectados por la huelga, por esta dejación de funciones de la ministra».
Se sabe que la huelga de médicos es por el Anteproyecto de Ley de Estatuto Marco (Aplem), pero hoy el Sindicato Médico Andaluz ha querido dejar bien claro que la Consejería de Sanidad es la que tiene las competencias en materia sanitaria, por lo que es la principal responsable de los males que asuelan al Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA).
La histórica movilización del colectivo médico ha sido provocada por la presentación del Aplem del Ministerio de Sanidad. Sin embargo, sus causas son más antiguas y profundas. «Durante décadas, gobiernos de distinto signo político, tanto a nivel central como autonómico, han basado la gestión de la sanidad pública en la devaluación de nuestras funciones, así como en el desprecio a nuestros derechos laborales y a nuestra cualificación y responsabilidad. La actual crisis de la sanidad pública es la crisis de este modelo de gestión», denuncia el SMA en un comunicado.
En el terreno «abigarrado y cínico» de las manifestaciones públicas, «el ministerio defiende su Aplem mientras deslegitima nuestras demandas y nos tacha de privilegiados elitistas». Por su parte, «los políticos nos utilizan en su enfrentamiento partidista y los gobiernos autonómicos insisten en que el problema no va con ellos. Todos culpan a otros del conflicto. Sin embargo, todos son responsables de la situación actual«.
La actual crisis de la sanidad pública es consecuencia de la devaluación deliberada de las funciones de médicos y facultativos. Por eso los intentos de mejorar sus resultados incrementando el presupuesto no funcionan. «Las listas de espera en Andalucía son hoy las mayores de su historia, a pesar de que el presupuesto de Sanidad se ha incrementado en 6.000 millones de euros en los últimos años».
La degradación de las funciones del colectivo obedece a «un plan preestablecido». «Los gestores esperan rebajar por esta vía nuestras expectativas profesionales y retributivas, haciéndonos manejables y prescindibles. Privar a los médicos de capacidad de decisión también hace más fácil la instrumentalización de la sanidad con fines políticos. El precio que la sociedad ha pagado por esta estrategia ha sido la pérdida de eficiencia del sistema y la reducción de la calidad asistencial», revelan desde el sindicato.
El único modo de construir un sistema sanitario eficiente y de calidad es «basarlo en la cualificación, la responsabilidad y el liderazgo de médicos y facultativos». El actual modelo, burocrático y fuertemente politizado, «ya no funciona». Médicos y pacientes «se ven atrapados en laberintos de protocolos impersonales que diluyen la responsabilidad individual y resultan opacos incluso para los gestores». Los pacientes se convierten en números y los profesionales son intercambiables. Ninguno es más valioso que otro. Ninguno merece un trato especial o una retribución justa. La búsqueda de otros ámbitos laborales es la única salida.
El SMA lo deja meridianamente claro: «El Gobierno de la Junta de Andalucía no puede mantenerse al margen del conflicto. Todos los partidos que han ocupado los gobiernos centrales y autonómicos en las últimas décadas son responsables de esta situación. Por otra parte, las competencias sanitarias están transferidas a las autonomías. Incluso cuando se apruebe un Estatuto propio para nuestro colectivo, los detalles de su aplicación recaerán en la Consejería de Sanidad«.
«El actual consejero de Sanidad, Antonio Sanz, ha apoyado públicamente nuestras reivindicaciones y ha instado a la ministra Mónica García a negociar con nuestro colectivo. Sin embargo, tiene en su mano avanzar en esa dirección, aunque la ministra no lo haga. La consejería puede empezar por crear un espacio de negociación específico para nuestro colectivo, regular nuestra jornada laboral poniendo fin a la actual explotación laboral y mejorar las condiciones laborales y retributivas de médicos y facultativos», remarca el SMA.
«El Gobierno andaluz debe actuar con decisión y premura para contribuir a la solución de la actual crisis de la sanidad pública. De lo contrario, la movilización del colectivo se extenderá más pronto que tarde a Andalucía«, apostillan con rotundidad.
