Son numerosas las ilegalidades que continuamente se cometen en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), y Moreno Bonilla y Antonio Sanz, en vez de resolverlo definitivamente, se dedican a la demagogia y propaganda sobre la Sanidad pública andaluza.
Si Moreno Bonilla necesita una «Comisión de Expertos», deja a la altura del betún a los que ha ido nombrando desde 2019 como altos cargos en la Consejería de Salud y Servicio Andaluz de Salud, así como a los directivos de los centros sanitarios que ha nombrado el SAS.
Desde su inicio en 2017, la asociación Justicia por la Sanidad lleva advirtiendo públicamente del océano de ilegalidades en el que navega el Servicio Andaluz de Salud (SAS). Las últimas veces lo ha realizado con motivo del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama en Andalucía y con los nombramientos ilegales de más de 250 directivos de los centros sanitarios del SAS, unas graves ilegalidades que, curiosamente, han silenciado los partidos políticos, los sindicatos, los colegios profesionales y la prensa en general.
La citada asociación ha vuelto a detectar otra nueva ilegalidad, que obligará a la Dirección Gerencia del SAS, que dirige Valle García, a revisar de oficio el acto administrativo publicado en el BOJA, al ser nulo de pleno derecho, por los motivos que se exponen a continuación.
Se trata de la Resolución de 31 de octubre de 2025, de la Dirección General de Personal del SAS, “por la que se actualizan las denominaciones de las especialidades en Análisis Clínicos y en Bioquímica Clínica en la categoría profesional de Facultativo/a Especialista de Área, en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, pasando ambas a denominarse Especialidad en Laboratorio Clínico” (BOJA de 5/11/2025).
Pero esto no es una simple “actualización de denominaciones”, sino que supone modificar categorías de personal estatutario existentes y crear una nueva categoría, con evidentes efectos jurídicos tras la creación del nuevo título de especialista en Ciencias de la Salud de Laboratorio Clínico, aprobada por Real Decreto 101/2025 (BOE de 19/02/2025).
Dicha “resolución” se suscribe por José Luis Sedeño Ferrer, el Director General nombrado por el gobierno que preside Moreno Bonilla, un Director General que también ha participado en las convocatorias ilegales de puestos directivos de los centros sanitarios del SAS, tal como este diario publicó la pasada semana. Es irregular hasta la forma (“resolución”), dado que no resuelve ningún procedimiento.
Según dispone el Decreto 136/2001, aprobado por el gobierno andaluz, que fue modificado en 2020 por el gobierno de Moreno Bonilla, sólo la consejería competente en materia de salud (hoy es la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias) que dirige Antonio Sanz puede aprobar, mediante una orden (una norma reglamentaria), la creación, supresión, unificación y modificación de cualquiera de las categorías de personal estatutario del SAS.
Sin embargo, como en el SAS no existe la legalidad, su Director General de Personal, José Luis Sedeño, que para más inri es licenciado en Derecho (según la web de la Junta de Andalucía), se ha atribuido una potestad reglamentaria que no tiene. Además, en los fundamentos de derecho de la “resolución” que suscribe, se confunde la función de “ordenar y gestionar los puestos de trabajo” con regular reglamentariamente las categorías de personal, una potestad que el gobierno andaluz ha atribuido expresamente al titular de la consejería competente en materia de salud.
Si, después de sus ilegalidades, José Luis Sedeño no presenta su dimisión, debería ser cesado inmediatamente por el gobierno andaluz, dada su colosal incompetencia para ocupar un puesto tan trascendente para el Sistema Sanitario Público Andaluz. ¿Nada que decir, Moreno Bonilla? Su silencio y omisión de acción lo convierte en cómplice.
Como en el SAS se actúa por conveniencias (“es más rápido”, “es mejor evitar el informe de los Letrados que ponen pegas”, etcétera), parte de su personal y cargos se saltan los procedimientos legalmente establecidos, que suponen una necesaria garantía para los ciudadanos. De nuevo nos encontramos con otro abuso de poder propio del corrupto sistema partidocrático instituido en España en 1978, que carece de mecanismos efectivos para evitar dichos abusos sistémicos.
A pesar de esta nueva ilegalidad, los sindicatos y colegios profesionales no lo han denunciado públicamente, organizaciones con las que Antonio Sanz y Moreno Bonilla se reúnen para publicitar lo mucho que “trabajan” por el “bien” de la Sanidad pública.
“El gobierno de Moreno Bonilla abusó de la corrupta facultad de legislar en el inútil intento de proteger políticamente a Antonio Sanz”
Si Antonio Sanz sigue sin coger el toro por los cuernos (nunca mejor dicho), y mantiene su política de demagogia y publicidad institucional reuniéndose con corporaciones alineadas con el poder político de turno y que sólo defienden sus intereses corporativos, y no con las organizaciones independientes de usuarios de la Sanidad pública, como la asociación Justicia por la Sanidad (posee más de 9.000 socios), se va a encontrar con un escándalo tras otro.
De poco servirá los intentos de Moreno Bonilla de proteger a Antonio Sanz tras su operación de maquillaje político de unir las carteras de Sanidad y Presidencia ante los escándalos sanitarios. Para ello, ha creado dos viceconsejerías en la nueva consejería que dirige Sanz: una para Sanidad y otra para Presidencia, de forma que, si alguien tiene que pagar los platos rotos con los escándalos sanitarios, lo haga el titular de la viceconsejería de Sanidad y no el consejero.
La gravedad en la cuestión de crear dos viceconsejerías (y dos secretarías generales técnicas) del asunto radica en que el gobierno de Moreno Bonilla abusó previamente de la corrupta facultad de legislar mediante decretos-leyes: el pasado 22 de octubre, el gobierno modificó el artículo 24.1 de la Ley 9/2007, de la Administración de la Junta de Andalucía, mediante el Decreto-ley 4/2025, de 22 de octubre, por el que se regula el anticipo de pago presupuestario por ayudas a entidades locales especialmente afectadas por fenómenos naturales adversos u otros supuestos de emergencia de protección civil y catástrofes públicas, y se modifican otras disposiciones normativas.
Dicha modificación no se ha aprobado por una necesidad urgente y extraordinaria de interés general, sino exclusivamente para proteger al colega de partido de Moreno Bonilla, Antonio Sanz. No hay más que leer el preámbulo del mismo para detectar la poca vergüenza del gobierno andaluz y de aquellos diputados del Parlamento andaluz que convaliden dicho Decreto-ley (Expediente: 12-25/DL-000004). Sería un nuevo acto de corrupción política o abuso de poder.
Si no fuera así, ¿qué impedía a Moreno Bonilla haber dejado la estructuras de las Consejerías como estaban y nombrar a un nuevo titular en la Consejería de Salud y Consumo que fuera controlado directamente por él hasta las próximas elecciones de junio de 2026, sin tener que realizar tantos cambios en las estructuras de varias Consejerías y sin modificar la citada Ley 9/2007 mediante un decreto-ley injustificable? Nada lo impedía, lo cual revela que el gobierno andaluz, una vez más, no ha actuado para el interés general de los ciudadanos, sino para el particular del partido, con una operación de maquillaje político ante la corrupción y pésima gestión de la Sanidad pública andaluza. Para los neófitos en la materia, estos cambios en la organización de la Junta de Andalucía suponen unas cargas extras que conllevan gastos y retrasan la gestión administrativa.
Así funciona este corrupto sistema o forma de gobierno partidocrático, que, lamentable e irracionalmente, es legitimado por una mayoría de los españoles cada vez que participa en una convocatoria de votaciones para ratificar las listas de candidatos elegidos por los jefes de partido, no para elegir directamente a sus representantes. Los diputados sólo representan a sus jefes, no a los ciudadanos. Después, estos se quejarán incoherentemente de los abusos de poder de unos partidos y otros, así como de la impotencia para evitar dichos abusos que son sistémicos. Más claro, agua.
Un comentario
Bravo. Hay q seguir denunciando a estos corruptos. Es difícil pero hay q seguir intentando concienciar al personal q podemos conseguir cambiar las cosas. Solo hay q creérselo y colaborar en lo q se pueda. Granito a granito se conseguirá y tu pones muuuuchos de ellos. Felicidades