Un artículo científico publicado en ‘Gaceta Sanitaria’, escrito por Guillem López-Casasnovas, Roger Sabater-Mezquita, Francesc López-Seguí y Emili Vela-Vallespín, analiza el CMBD de Cataluña entre 2018-2023. La conclusión es demoledora: la tasa de ingresos hospitalarios públicos aumentó tras el alta desde el sector privado. «El incremento relativo del gasto público fue superior al de la tasa de ingresos, lo que sugiere que los casos derivados al sector público tras un diagnóstico privado serían más complejos y costosos», revela el análisis
El artículo, titulado Privatización del diagnóstico y acceso avanzado al tratamiento público: ¿un mecanismo emergente de inequidad sanitaria?, pone de relieve las desigualdades inherentes al abuso que la Generalitat de Cataluña, la Comunidad de Madrid y la Junta de Andalucía, entre otras, hacen de las clínicas privadas. Juanma Moreno, que acaba de ser reelegido presidente, decía hace dos días que los conciertos «son necesarios», pero la realidad es que los conciertos provocan sufrimiento a los andaluces en particular y a los españoles en general.
El análisis ha tenido acceso al Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD) en Cataluña, que es un registro poblacional gestionado por el CatSalut que recopila información clínica, demográfica y administrativa de la actividad en centros sanitarios. Y los resultados son extrapolables al resto de España, incluida Andalucía.
La cobertura sanitaria privada suplementaria a la pública, con ventajas adicionales sobre servicios ya cubiertos públicamente, está en franca expansión en Cataluña. Esto se debe, en parte, a una mayor disposición a pagar por servicios vinculados a la salud en sociedades más desarrolladas, normalmente dirigida a bienes de lujo, como la cobertura privada que oferta servicios de elevada elasticidad-renta, pero también a «carencias percibidas en el funcionamiento del sistema público, que no consigue canalizar toda la financiación que requiere la dinámica del gasto sanitario y debe hacer uso de mecanismos de racionamiento, como las listas de espera, que generan insatisfacción», según el estudio.
Confluyen para ello dos vectores: primero, que los aspectos de valoración subjetiva presentan una elevada sensibilidad a la calidad percibida de la sanidad pública, y segundo, que a la vez, a pesar de lo descrito, la mayor parte de la población sigue confiando en el sector público para intervenciones importantes.
Como resultado, un grupo creciente de población utiliza el sector privado (con aseguramiento suplementario o pagos out of pocket, es decir, de tu bolsillo) porque garantiza un acceso más rápido y con mayor confort a determinadas prestaciones, sin abandonar el acceso al sistema público para cuestiones complejas.
«No se observa, sin embargo, una presión social o política significativa para que eventuales incentivos fiscales al seguro privado impliquen una renuncia plena a la cobertura pública», reza en el artículo.
En Cataluña, y en el resto de España, el aseguramiento sanitario privado ha operado mayormente como cobertura suplementaria, no sustitutiva, al sistema público. Experiencias institucionales específicas, como las
mutualidades de funcionarios, responden a una lógica propia y no son directamente extrapolables al conjunto de la población.
La dictadura de las aseguradoras privadas
Pese a la heterogeneidad de las condiciones de acceso al seguro privado y al diferente alcance de sus coberturas de salud, parece claro que el tipo de aseguramiento suplementario comentado está creciendo.
Al mismo tiempo, como se ha podido comprobar en la negociación reciente para la renovación de los contratos públicos del convenio Muface, la negativa de algunas aseguradoras privadas a concertar bajo financiación pública sus prestaciones, sustitutivas de las generales, «podría deberse a que estas empresas hayan estimado que suplementar es mejor negocio que sustituir».
Para ello, están ofreciendo aspectos asistenciales que el sistema sanitario público no ofrece o lo hace deficientemente según el estándar deseado por la población.
Puede que hayan estimado un margen de rentabilidad por cubrir completamente la salud de un individuo, debido a los respectivos costes medios y al potencial de información asimétrica exante (es decir, de selección adversa), inferior al correspondiente a cubrirla parcialmente, con aquellas prestaciones que tienen una mayor valoración subjetiva (y por tanto disposición a pagar) por una parte de la ciudadanía.
De este modo, se estaría concentrando en torno al diagnóstico «un interés creciente por el acceso precoz al reducir la angustia del paciente y el tiempo de espera, sin renunciar a la asistencia pública, que mantendría una ventaja comparativa en tratamientos» (y a la cual se tiene derecho por condición de ciudadanía).
Para ello, en los segmentos diagnósticos más estandarizables y escalables, la difusión tecnológica y la ampliación del acceso favorecen un uso más extensivo de determinadas pruebas. «Esto permite ofrecer una
sofisticación atractiva a los centros diagnósticos privados para atraer demanda a un coste relativo abordable, resultado de economías de escala y de la progresiva innovación tecnológica», reza en el artículo.
Así, un fenómeno de momento incipiente podría convertirse en prevalente: ciudadanos diagnosticados en la asistencia privada (sobre la base de un copago implícito: la prima por el diagnóstico precoz) anticipando un tratamiento público complejo.
Los que menos tienen, perjudicados
En la medida en que los resultados de las pruebas (privadas) se incorporan a las afiliaciones públicas, «se alteran las listas de espera en favor de aquellos con mayor disposición a pagar y con más capacidad de pago, por la salud», denuncian Guillem López-Casasnovas, Roger Sabater-Mezquita, Francesc López-Seguí y Emili Vela-Vallespín.
Los resultados sugieren un incremento de las hospitalizaciones públicas y del gasto público asociado en los meses posteriores a un contacto diagnóstico con el sector privado, especialmente en el primer mes; «un patrón compatible con un acceso más temprano al tratamiento público para quien opta por realizar una prueba diagnóstica privadamente«.
Los resultados deben interpretarse como una evidencia compatible con un proceso de dualización del acceso, antes que como una demostración concluyente del mismo.
Desde un punto de vista empírico, el incremento observado de la actividad hospitalaria pública después del contacto diagnóstico privado, junto con un aumento más intenso del gasto público que lo acompaña, «sugiere que al menos una parte de los casos que llegan al sistema público tras el diagnóstico privado podrían ser más complejos y más costosos«.
Este resultado es coherente con la idea de que el sector privado actúe como vía de acceso al diagnóstico precoz antes de un tratamiento público, siendo este para casos más complejos, de media, que el tratamiento privado. Asimismo, esta interpretación es compatible con la evidencia previa en España, que documenta un uso simultáneo de servicios especializados públicos y privados, en especial entre las personas de nivel socioeconómico más alto, y lo interpreta como un patrón compatible con estrategias de elusión de tiempos de espera, sin identificar directamente saltos de cola, al tiempo que cabe esperar una relación positiva entre los ingresos de los hogares y la prevalencia del aseguramiento privado, observada empíricamente en el caso español.
Como consecuencia de lo anterior, a mayores ingresos medios de la población las listas de espera públicas para tratamiento priorizarían, de manera indirecta, a los pacientes con mayor disposición a pagar o más capacidad de pago.
Los resultados del análisis apoyan revisar cómo se incorporan las pruebas privadas al circuito público «para evitar inequidades sin comprometer la priorización clínica».
Ingresos millonarios
La sanidad privada continúa ganando peso en España en paralelo al aumento de las listas de espera y al crecimiento sostenido de los seguros médicos. El negocio de las clínicas privadas alcanzó en 2025 los 14.630 millones de euros, un 5,3% más que el año anterior, según el último informe del Observatorio Sectorial DBK de Informa. El sector encadena ya cinco años consecutivos creciendo por encima del 5%.
Detrás de este avance se encuentra una tendencia cada vez más acentuada de desplazamiento de parte de la demanda sanitaria hacia el ámbito privado. La saturación del sistema público, las dificultades para conseguir citas con especialistas y el aumento de los tiempos de espera para pruebas diagnósticas o intervenciones quirúrgicas están impulsando a miles de ciudadanos a contratar seguros médicos privados.
Actualmente, uno de cada cuatro españoles (12,6 millones) cuenta ya con una póliza de salud privada, según Unespa, una cifra que no ha dejado de crecer en los últimos años y que se ha convertido en uno de los grandes motores del negocio hospitalario privado.
De hecho, el segmento vinculado a aseguradoras, mutuas y entidades colaboradoras con la Seguridad Social volvió a liderar el crecimiento del sector. En 2025 generó ingresos por valor de 8.460 millones de euros, un 7% más que el año anterior, y concentró el 58% de toda la facturación de las clínicas privadas.
