Mientras el consejero de Salud, Jesús Aguirre, subraya hoy «la transparencia absoluta del Gobierno andaluz» a la hora de cifrar el número de muertos por Covid-19 en Andalucía, el gerente del SAS remite un comunicado interno a todos los profesionales sanitarios recordándoles «la obligación que tienen de guardar secreto sobre cualquier información a la que accedan en el ejercicio de su actividad profesional»
Un total de 836 fallecidos en Andalucía a día de hoy por coronavirus. No es un número para sacar pecho. Es más, es una cifra vergonzante, por mucho que se pueda ribetear de porcentajes halagüeños sobre el total nacional. A este sujeto, el consejero de Salud, Jesús Aguirre, le ha puesto un predicado chocante: «Así demostramos la transparencia absoluta del Gobierno andaluz». ¿En contraposición al Gobierno central, que no cuenta los decesos sin diagnosticar ni testar (a pesar de haber presentado síntomas) querrá decir?
Como bien dice el presidente de la Asociación de Baloncestistas Profesionales y superviviente del coronavirus Alfonso Reyes, «¿para cuándo un crespón negro como gesto de respeto a las víctimas?».
El Ejecutivo andaluz se vanagloria de dar datos a diario de forma meridiana y transparente, pero, al mismo tiempo, impide a algunos periodistas ejercer su profesión en el turno de preguntas de las comparecencias de prensa y redacta una circular amenazante para amedrentar a aquellos profesionales sanitarios del SAS que han denunciado en medios y en redes la lamentable situación de desprotección en la que trabajan.
Silencio bajo posibles sanciones
En estos términos se expresa su gerente, Miguel Ángel Guzmán: «Se les recuerda a todos los/as profesionales del Servicio Andaluz de Salud la obligación que tienen de guardar secreto sobre cualquier información a la que accedan, en el ejercicio de su actividad profesional, relativa a pacientes afectados por el coronavirus Covid-19, así como sobre aquellas materias que han sido reservadas, reglamentariamente, al ámbito del Ministerio de Sanidad».
En la historia contemporánea, está demostrado que muchos colectivos han conseguido logros y avances gracias a denunciarlo en prensa ante la indolencia de las autoridades y administraciones. Ese derecho constitucional lo han ejercido muchos médicos, enfermeros y auxiliares en Twitter, Facebook, YouTube y los principales medios de España.
Los vídeos grabados de ancianos recuperados (con la mascarilla puesta) siendo aplaudidos por todo el personal en un pasillo de respeto y alegría no representa ningún atentado contra la intimidad de las personas
Cuando la verdad oscura quiere sacar la cabeza, el poder trata siempre de pegar un garrotazo para volver a sepultarla, esta vez agarrándose al derecho a la intimidad personal y familiar de los pacientes que reza en la Constitución. Este cronista no ha visto ni una sola vez que ese derecho se haya vulnerado en los distintos vídeos, noticias, reportajes y audios de Whatsapp realizados con los profesionales sanitarios como protagonistas durante esta cuarentena.
Hay una excepción: los vídeos grabados de ancianos recuperados (con la mascarilla puesta) siendo aplaudidos por todo el personal en un pasillo de respeto y alegría no representa ningún atentado contra la intimidad de las personas. Más bien son disparos de oxígeno y esperanza para una sociedad muy necesitada de buenas noticias.
Los sanitarios andaluces son lo suficientemente profesionales y no necesitan ningún tirón de orejas de políticos paternalistas que han llegado tarde a una pandemia que se ha cobrado 836 vidas en Andalucía y 10.306 positivos. «Estamos en un número de casi normalidad en cuanto a fallecidos», afirmó Aguirre. ¿Normalidad hablando de defunciones? Es una aseveración que puede llegar a escandalizar a la ciudadanía.
Por su parte, el PSOE de Andalucía ha denunciado que el presidente Moreno Bonilla deja pasar «una semana más en blanco» sin responder a su obligación de dar explicaciones en el Parlamento sobre su gestión de la crisis del coronavirus en la comunidad, según la parlamentaria socialista autonómica y secretaria general del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, quien ha criticado que el jefe del Ejecutivo de la Junta continúe «una semana más huyendo del Parlamento, de la democracia y de los andaluces». Esa es la transparencia de la que se vanagloria el Gobierno andaluz.
Profesionales sanitarios infectados
A día de hoy, un total de 2.097 profesionales sanitarios de un total de 125.000 contando sanidad pública y privada (596 médicos, 553 enfermeras, 274 auxiliares de enfermería y 64 celadores, entre otros) están contagiados, lo que supone un 12,7% del total de España. Y un 9% se encuentran hospitalizados. Además, 601 empleados sociosanitarios de residencias de mayores y de otras capacidades también están infectados.
Aguirre aseguró en un principio que ya se han hecho los test rápidos «en todas las residencias de Andalucía«, un factor clave para derrotar a la enfermedad. Sin embargo, en la ronda de preguntas se dejó decir: «En cuatro días, hemos hecho test a más del 50% de las residencias«. Otra inexactitud que no ayuda en nada a esa transparencia tan deseada.
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