Los datos facilitados parcialmente por la consejería que dirige José Antonio Nieto Ballesteros confirman lo que este diario presagió el pasado 2 de diciembre sobre las ayudas a las entidades locales por las DANA de los meses de octubre y noviembre de 2024, incumpliéndose el plazo legal de dos meses para la concesión de las ayudas a las entidades locales (EELL).
Dada la pésima gestión del gobierno andaluz, en los Presupuestos de 2025 no se previeron créditos en el Programa 81A para el pago de dichas ayudas previstas en 2024, por lo que se han modificado en mayo de 2025 los presupuestos de este año, restando fondos de los proyectos de inversión de las nuevas sedes judiciales de Marbella, Algeciras, Huércal Olvera y Chiclana de la Frontera, así como del Palacio de Justicia de Granada.
- El carajal creado por el gobierno de Moreno Bonilla con la DANA y las ayudas a las entidades locales (El Libre, 02/12/2024).
El gobierno andaluz eligió la peor alternativa, y los partidos de la oposición siguen mano sobre mano en sus cómodos sillones mientras el resultado de la gestión ha sido incumplimientos legales y una carga administrativa innecesaria que ya ha costado a las arcas públicas 42.754 euros en horas extraordinarias pagadas a 25 funcionarios en 2024 para cumplir con los plazos legales (que se han incumplido), más el coste de las horas de trabajo necesarias para la futura y previsible devolución de algunos de los anticipos pagados a las entidades locales, más otros costes que seguirán surgiendo.
En el anterior artículo de 2 de diciembre de 2024 se acreditaban los perjuicios producidos por el cúmulo de despropósitos del gobierno andaluz dirigido por Moreno Bonilla y la Administración andaluza, así como de las demás instituciones públicas que han sido cooperadoras necesarias con sus silencios en múltiples informes. El tiempo, enemigo de los políticos, ha dado la razón a este articulista.
La gestión de las ayudas que diseñó el gobierno andaluz ha sido un fracaso. Entre otros motivos, destacan los siguientes:
1º) Como era más que previsible, se ha incumplido el plazo máximo previsto legalmente para resolver las solicitudes de las ayudas, que era de dos meses desde la fecha de entrada de la solicitud de cada entidad local.
Ocho meses después, aún siguen sin publicarse todas las resoluciones de concesión. A fecha de hoy, sólo se han publicado las ayudas concedidas a 39 EELL, aunque las solicitudes presentadas por las EELL fueron 246 para la DANA primera (29 de octubre a 3 de noviembre de 2024), y 164 para la DANA segunda (11 al 15 de noviembre de 2024), que hacen un total de 410 solicitudes.
Dichas resoluciones se publican en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas (SNPSAP), en el que fue registrada la convocatoria del Acuerdo del Consejo de Gobierno el pasado 25 de julio de 2025 con Código BDNS 848573, como acredita la siguiente imagen capturada de la web de dicho Sistema:
A fecha de hoy, según aparece en el SNPSAP, en el mes de abril se resolvió la solicitud de una entidad local, en mayo de 15 EELL, en junio de 11 EELL, en julio de 11 EELL y en agosto de una sola entidad local.
2º) A pesar de que era más que previsible la imposibilidad de otorgar dichas ayudas en tan corto plazo y dentro del año 2024, ni el gobierno andaluz ni los grupos parlamentarios previeron en los presupuestos de 2025 una partida para el pago de estas ayudas por las DANA de noviembre y diciembre de 2024.
Por ello, el gobierno andaluz ha autorizado en 2025 una modificación presupuestaria por 4’71 millones de euros para poder resolver el problema, aunque resulta obvio que no lo resuelve. Ese importe se ha restado de los presupuestos para inversión en varias sedes judiciales: las nuevas sedes judiciales de Marbella, Algeciras, Huércal Olvera y Chiclana de la Frontera, así como del Palacio de Justicia de Granada. Está claro que poco le importa a Moreno Bonilla la situación de las infraestructuras de la justicia en Andalucía.
A continuación, se publican los importes restados para esos proyectos de inversión y los importes que se habían presupuestado en 2025 para esos proyectos, extraídos de documentos oficiales de la Junta de Andalucía:
En 2024 se modificaron los presupuestos por 20 millones de euros (Acuerdos del Consejo de Gobierno de 26 de noviembre y 3 de diciembre de 2014) para hacer frente a las ayudas acordadas.
Según el resumen mensual de la liquidación del presupuesto de 2024 a 31 de diciembre, extraído del sistema contable GIRO por la Intervención General de la Junta de Andalucía el pasado 30 de enero, hubo obligaciones de pago por importe de 8.588.961,74 euros, que supuestamente deben corresponder a los anticipos de pago tramitados. En total, fueron 251 las solicitudes presentadas por las EELL para conseguir un anticipo del pago, un 61% de las 410 solicitudes presentadas por las EELL para solicitar las ayudas. Parece ser que no todas las EELL necesitaban el dinero tan urgentemente, como ha manifestado el gobierno andaluz.
Como se indicaba anteriormente, al no presupuestarse ningún importe para estas ayudas en 2025, el gobierno andaluz autorizó el pasado 27 de mayo una modificación presupuestaria por 4’71 millones de euros, muy alejada de los casi 11’5 millones de euros que no se anticiparon a las EELL, cifra obtenida de restar a los 20 millones los 8.588.961,74 euros supuestamente pagados en los anticipos. Sin embargo, el gobierno andaluz vendió en 2024 los 20 millones de euros como la panacea para ayudar urgentemente a las “necesitadas” EELL andaluzas, aunque, como se acreditará más adelante, eran otros los motivos reales de dicha propaganda.
3º) Otro problema añadido es que las modificaciones presupuestarias se imputaron al capítulo 7 del presupuesto, por lo que sólo puede ser utilizado para gastos de inversión, y no de gasto corriente, un gasto muy habitual en las EELL cuando ocurren catástrofes naturales.
¿Investigará la Intervención General si, en las justificaciones presentadas por las EELL, todos los gastos corresponden a inversión, o mirará para otro lado? Y los partidos de la oposición, ¿seguirán sin trabajar y sin hacer oposición, especialmente aquellos que gobiernan en algunas de las EELL beneficiadas por las ayudas?
4º) La Consejería autorizó en 2024 el pago de 42.754 euros a 25 funcionarios de la consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública en concepto de horas extraordinarias realizadas en los meses de noviembre y diciembre de 2024 para intentar que las solicitudes de las EELL de ayudas por las DANA se resolvieran antes de final del año 2024 (que no ha ocurrido), que se justificaron mediante Memorias firmadas por la Secretaria General de Administración Local, María Luis Ceballos, con fechas 13/11/2024, 29/11/2024 y 03/12/2024. Ocho meses después, sólo se han publicado las ayudas solicitadas por 39 EELL del total de 410 solicitudes presentadas, un 9’5% del total.
A continuación, se publica una imagen con el extracto de la primera Memoria Justificativa citada para el pago de las horas extraordinarias:
Entre esos 25 funcionarios a quienes se les ha pagado horas extraordinarias, había administrativos y auxiliares administrativos sin competencia técnica alguna para analizar solicitudes de subvenciones para financiar obras, y 13 pertenecían a la Secretaría General Técnica de la Consejería según una de las citadas Memorias Justificativas (ver imagen siguiente), que no tenían experiencia en la tramitación de subvenciones a entidades locales para financiar obras. De hecho, no consta que los 25 funcionarios posean titulaciones académicas aptas para analizar presupuestos de obras, tales como ingeniería industrial, ingeniería técnica, arquitectura, arquitectura técnica, etcétera.
Por tanto, al gobierno andaluz sólo le interesan los números (expedientes tramitados de cualquier forma), no la calidad del trabajo realizado.
Todos estos hechos acreditan la pésima gestión del gobierno andaluz, y muy especialmente de José Antonio Ballesteros como consejero, así como de la Secretaria General de Administración Local, María Luisa Ceballos.
Igualmente, los hechos revelan el fracaso del sistema ideado por el gobierno que dirige Moreno Bonilla, aunque la portavoz del gobierno y consejera de Hacienda, Carolina España, intentó desmentirlo a este diario en una rueda de prensa. ¡Menuda portavoz tiene el gobierno andaluz!
Llegados a este punto, resulta necesario indicar que ningún partido de la oposición ni los medios de comunicación se han interesado debidamente por este problema, a pesar de haberse advertido en diciembre de 2024. Una vez más queda claro que los primeros ni trabajan ni hacen oposición, y que la mayoría de los medios de comunicación siguen serviles al poder desde que llegó el PP al gobierno andaluz, aunque su deber sea controlar siempre a los gobernantes, gobierne quien gobierne. Es terrible e inmoral la situación del periodismo en España.
La opacidad de la Consejería que dirige José Antonio Ballesteros es alarmante
Tras solicitar a la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, los datos sobre las ayudas concedidas en base al Decreto 277/2023, por el que se regularon las ayudas a entidades locales especialmente afectadas por fenómenos naturales adversos u otros supuestos de emergencia de protección civil y catástrofes públicas, el resultado ha sido la opacidad, que ha aumentado desde que llegó al poder el PP en 2019, tal como se ha acreditado multitud de veces en estas páginas.
Se solicitaron datos sobre el procedimiento seguido para la concesión de las ayudas según el citado Decreto 277/2023, tales como la fecha de entrada de cada solicitud, el importe económico solicitado, el importe concedido a cada entidad local, aplicación presupuestaria a la que se imputa el gasto y la fecha de la resolución de concesión, de inadmisión o denegación, así como sobre los anticipos previstos en el Decreto-ley 8/2024, de 5 de diciembre, solicitando los mismos datos anteriores.
La Secretaria General de Administración Local, María Luis Ceballos, respondió el pasado 26 de marzo, habiendo transcurrido más de tres meses desde que recibieron las solicitudes de los municipios de las ayudas, limitándose a facilitar sólo dos datos: uno, que ya era conocido porque estaba publicado en el BOJA (cuantía máxima a solicitar por cada entidad local); y, dos, el importe solicitado por cada ayuntamiento o entidad local autónoma. Esta imagen acredita los datos facilitados:
Esta carencia de datos lo justificó con el siguiente tenor literal: “la información que se solicita no se encuentra disponible, en su totalidad, en un formato que permita facilitarla en los términos concretos en los que ha sido solicitada. Para ello sería necesario realizar un proceso manual de examen de cada expediente…”.
Y esto lo dice una Administración como la andaluza que presume de la digitalización de los procedimientos administrativos y del gasto dedicado a ello desde que llegó al poder el PP en 2019, y una Secretaría General de Administración Local que utiliza una aplicación informática denominada “INCENTIVA” para tramitar dichas ayudas, que permite obtener los datos solicitados con una simple consulta. El uso de esta aplicación queda acreditado con esta imagen de la Memoria Justificativa que firma la propia Secretaria General, María Luisa Ceballos, que acredita que estaba operativa desde el 11 de noviembre de 2024, y acredita también su opacidad al no facilitar los datos solicitados por este articulista:
Cuando la Secretaría General de Administración Local era una Dirección General, se tramitaban las subvenciones y ayudas a las entidades locales desde antes del año 2003 mediante una aplicación informática (SAWA). Cada solicitud efectuada por una entidad local quedaba grabada en dicho sistema. Desde que llegó el PP al gobierno andaluz, todo ha empeorado, según se deduce de los hechos.
Por cierto, el PP aumentó el rango jerárquico de la Dirección General de Administración Local como mera propaganda (otorgar importancia a la política local de la Junta, estando acreditado que es desastrosa) y para aumentar el sueldo de su titular, dado que dicho centro directivo no tiene entidad suficiente para ser una Secretaría General (con rango asimilado a la de una viceconsejería) ni tiene ninguna Dirección General dependiente, otro claro abuso de poder del gobierno de Moreno Bonilla, un presidente del gobierno autonómico que está dejando claro que es un pésimo gestor y un incompetente. Este tipo de políticos es lo que produce la corrupta partidocracia instituida en 1978.
La omisión del gobierno andaluz con las DANA de febrero y marzo de 2025 revela su corrupto proceder
Resulta necesario recordar que, aunque existía la Orden de 18 de febrero de 2023, que regulaba la concesión de subvenciones a Entidades Locales para la reparación de daños en infraestructuras de titularidad pública local, derivados del acaecimiento de fenómenos naturales o de otras necesidades extraordinarias, el gobierno del PP se inventó otra norma para el mismo objeto: el citado Decreto 277/2023, con el pretexto de otorgar las ayudas urgentemente a las entidades locales. Y ya ven el resultado: ocho meses han transcurrido desde que el Consejo de Gobierno aprobara las ayudas a tramitar según dicho Decreto 277/2023, y siguen sin publicarse todas las resoluciones de concesión de las ayudas.
Para colmo, para justificar la aprobación de Decreto 277/2023, existiendo ya una orden reguladora para estos supuestos (Orden de 18 de febrero de 2023), se exponían frases como las siguientes, y es que el papel lo aguanta todo:
“Se trata de poder atender aquellos supuestos que, además de imprevisibles, resultan absolutamente excepcionales, y alcanzan dimensiones muy superiores a las capacidades de las entidades locales afectadas para atender por sí solas a las necesidades que se producen cuando suceden”.
“La finalidad de este mecanismo de cooperación económica permitirá, de forma ágil y dinámica, conceder ayudas extraordinarias a las entidades afectadas…”.
Sin embargo, en ninguna de las memorias se expone que, con los recursos humanos y materiales que cuenta la SGAL que debe tramitar las ayudas que regula dicha norma, es imposible conseguir el objetivo que dice perseguir. Esta ausencia del necesario análisis en la documentación justificativa revela una incompetencia digna de varios ceses inmediatos.
Y a la vista está: tras ocho meses, siguen sin publicarse todas las resoluciones de concesión de ayudas que fueron consideradas urgentes por el gobierno de Moreno Bonilla.
Para aclarar la situación, es necesario resaltar que las solicitudes de subvenciones de las entidades locales que se tramitaron con arreglo a la citada Orden de 18 de febrero de 2023, que fueron convocadas mediante la Resolución de 2 de mayo de 2024 de la Secretaría General de Administración Local (BOJA de 08/05/2024), fueron resolviéndose a lo largo de 2024: 68 resoluciones de concesión en total, de las cuales, 38 resoluciones tenían fecha anterior al 23/08/2024, y la última fue resuelta con fecha 18 de diciembre de 2024.
Nada habría impedido utilizar dicha Orden para financiar los daños ocasionados por las DANA de finales de 2024, convocando las ayudas a primeros de 2025. Sin embargo, no se hizo por los motivos espurios que se explican a continuación.
Si las ayudas a tramitar en base a los Acuerdos del Consejo de Gobierno (mediante el Decreto 277/2023) eran supuestamente más urgentes, ¿por qué siguen sin publicarse todas las resoluciones de concesión en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas desde 2024?
Además, si la justificación del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 5 de noviembre 2024 y el posterior Acuerdo de 26 de noviembre era subvencionar urgentemente las actuaciones de reparación de daños a infraestructuras locales por las DANA de octubre y noviembre de 2024, ¿por qué el Consejo de Gobierno no ha adoptado otro acuerdo similar para los daños producidos por las DANA de febrero y marzo de 2025 para financiar a las entidades locales para reparar los daños a infraestructuras locales? Que se conozca, mediante el Acuerdo de 2 de abril de 2025 (BOJA de 07/04/2025), el gobierno andaluz ha reconocido el daño producido por dichas DANA de 2025 a numerosos municipios de las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva, Málaga y Sevilla, pero no ha aprobado ningún acuerdo como los de noviembre de 2024 para ayudar a las entidades locales. ¿Por qué sí con las DANA de 2024 y no con la DANA de 2025? ¿Acaso no hubo daños en las infraestructuras de las EELL con esta DANA de 2025?
La repuesta a las preguntas anteriores ya se indicó en el artículo anterior sobre este asunto: los Acuerdos del Consejo de Gobierno de finales de 2024 no perseguían conceder las ayudas urgentemente a las EELL, sino poner en marcha una campaña de propaganda, debido a que Juanma Moreno Bonilla tenía prisa para acordar las ayudas económicas para distinguirse de Sánchez y Mazón con la DANA de Valencia y vender su “producto” partidista y goebbeliano al día siguiente de finalizar la primera DANA. De hecho, ni siquiera esperó la Junta de Andalucía a que transcurrieran los diez días necesarios que exigía la normativa para que la Dirección General de Emergencias y Protección Civil elaborar su informe de daños. Recuerden que, como acreditó este articulista en su artículo anterior de 2024, la citada Dirección General presupuestó los daños a “ojo de buen cubero” en un solo día para todos los municipios afectados, lo que demuestra la falta de rigor y seriedad del gobierno de Moreno Bonilla.
Y ya ven el resultado: tras ocho meses, siguen sin publicarse todas las resoluciones de concesión de las ayudas previstas en noviembre de 2024 por el gobierno andaluz. Así gestiona el dinero público el gobierno de Moreno Bonilla. Más claro, agua.
Advertidos quedan los andaluces, ante lo cual tienen dos opciones: mirar hacia otro lado para no verlo, o luchar para cambiar el sistema partidocrático por una democracia. La primera opción sólo trae más corrupción sistémica, y la segunda lograría una España que evolucionaría hacia cotas positivas que son inimaginables para muchos ignorantes o despreocupados.
Todo este cúmulo de despropósitos no son más que efectos de un sistema político que sólo lleva al poder a los más incompetentes de nuestra sociedad, un sistema en el que la corrupción es un factor de gobierno, que nos lleva a la ruina, y no sólo económica. Dicho corrupto sistema es el “Estado de partidos” o sistema partidocrático instituido en 1978.
No será por falta de advertencias: si siguen yendo a las urnas a votar, seguirán legitimando dicho sistema y su inherente corrupción o abusos de poder sistémicos.
Un comentario
Al PP todo este estudio y trabajo le trae sin cuidado pero ¿y a la oposición? ¿No se.le cae la.cara de vergüenza de tener todos estos datos a su alcance y no hacer nada? ¿No tienen a nadie capaz de discernir y entender todo lo denunciado? ¿Son incapaces o también tienen q esconder? Vergüenza me da solo de pensar q seguirán sin hacer nada.