El director de la residencia de los 30 muertos y 118 contagios, Joaquín Rosillo, Enrique Rodríguez, tiene colocada allí a su mujer como supervisora de Auxiliares de Geriatría y a su cuñado en Recepción
Amante de los animales y comprometido con las mejoras de su barrio en Mairena del Aljarafe por las denuncias que hace en su perfil de Facebook de árboles mal podados y calles sucias, Enrique Rodríguez es el máximo responsable de la Residencia Joaquín Rosillo de San Juan de Aznalfarache. Bajo su mandato han muerto 30 ancianos de forma oficial… y unos 50, contando con los del Hotel Alcora, según otros conteos.
Es sorprendente cómo una persona con tan buena imagen como enfermero (ex trabajadoras del centro lo definen como «buenísimo y cariñoso con los abuelos») ha podido convertirse en un déspota como director, ya que las mismas empleadas que lo alababan, luego confesaron que es «super prepotente y soberbio» como máximo dirigente del lugar.
Recuerda al villano de Batman, Harvey Dent, más conocido como Harvey Dos Caras, que tenía media cara amable y guapa y la otra media monstruosa y carcomida, casi de zombi. El Quique enfermero cercano y amable se convirtió, con el cargo, en el Enrique sombrío.
«El que dé negativo en el test, se incorpora o a la calle»
En un audio al que ha tenido acceso EL LIBRE en el momento más álgido de la propagación del coronavirus, Rodríguez habla de que hasta 20 empleados se habían dado de baja. «Rocío os va a ir llamando, porque habrá días que tendremos que traer a gente que esté descansando. Por favor, acudid al centro, porque, si ahora que estamos en las malas con el agua al cuello (con esta frase reconoce la trágica situación), nos dejáis tirados, tenemos un problema. Puede ser catastrófico (otra frase que refrenda la versión más pesimista de la tragedia)», afirma Enrique.
El director dice, por un lado, que no quiere que se quemen los trabajadores, pero, por otro, les dice que los que están de descanso tienen que ir a trabajar. «El que esté de baja, se haga la prueba y dé negativo, se incorpora a trabajar y, si no, despedido, fuera, a la calle. Lo que no puede ser es que estemos mandando enfermeros a Madrid y los de aquí se queden escondidos llevándose el dinero», espeta Rodríguez en el audio.
En principio se puede pensar que es su deber como director velar porque los ancianos estén cuidados… Pero el problema es que el virus le estalló en la cara a Rodríguez por falta de prevención y previsión. Según ha podido saber EL LIBRE, los pocos trabajadores que dieron negativo en el test del Covid-19 tenían miedo al contagio porque en la residencia no había EPIS suficientes. «Una misma EPI tenía que ser compartida por dos empleadas«, confiesa una persona que conoce bien por dentro el funcionamiento de este geriátrico. Mientras tanto, Enrique se jactaba diciendo: «Yo voy un paso por delante del presidente del Gobierno».
Colocaciones de familiares
Este adalid de la naturaleza y la fauna que amenaza a sus trabajadores por audio de WhatsApp tiene a su mujer, S. C., colocada en la residencia como supervisora de Auxiliares de Geriatría. Todo el staff directivo muestra su rostro en la página web del geriátrico… menos el propio Enrique, que ha borrado su foto. También está colocado su cuñado, A. C., en la Recepción del centro.
Según las fuentes consultadas, S. C. se dio de baja por embarazo justo antes del estado de alarma y cubrió su plaza una de las coordinadoras. Es decir, no se contrató a nadie con experiencia en el puesto para cubrir su baja. Y ya había falta de personal de antes, desde siempre. Y eso ocurrió justo antes de «la catástrofe», como el propio Enrique dice en su audio.
Es curioso cómo Enrique Rodríguez ha cambiado su perfil de Facebook justo después de la tragedia -que aún no ha terminado, porque puede haber todavía más fallecimientos-. Ahora se llama Kysker Rm y en su foto de perfil sale un caballo.
«A diario, las calles llenas de resina y flores de árboles». Esta es otra de las denuncias que hace Enrique Kysker Rm Rodríguez en Facebook. Pero luego, cuando los periodistas le llaman para conocer la verdad sobre qué ha ocurrido en la residencia que dirige, no se pone al teléfono. Siempre dicen que «está ocupado».
Más de 1.500 euros la habitación doble
Los residentes en la Joaquín Rosillo pagan al mes 1.575 al mes por una habitación doble, aunque 100 de ellos cuentan con la cofinanciación de la Junta de Andalucía, que paga 948 euros de esos 1.575. Por ese precio, poner sopa agria, colchones de mala calidad y ordenar baños de madrugada a pacientes con demencia y alzheimer que no pueden protestar clama al cielo. Es un atentado contra la dignidad realizado con clandestinidad y alevosía, ya que los familiares no están informados de ello.
Todo eso está pasando bajo la dirección de este joven enfermero que no ha sabido gestionar una crisis sanitaria que solo se podía combatir con información, prevención, protección adecuada y distanciamiento social, cuatro claves que, en una residencia de 8.000 metros cuadrados, podían haberse llevado a cabo desde enero sin ningún tipo de problema.
En un video que el propio Rodríguez mandó a los familiares por WhatsApp se demuestra que, en la primera semana del estado de alarma, los ancianos todavía no estaban cumpliendo la distancia de seguridad, sentados de cuatro en cuatro en las distintas mesas. «Todo está bajo control«, decía él. Mientras, el coronavirus hacía estragos silenciosamente entre los mayores y los cuidadores.
Quedan 17 positivos
«Quedan 17 positivos en la residencia, pero ahora sí se están haciendo las cosas bien. Lo que se tenía que haber hecho mucho antes», comenta una ex trabajadora del centro. Ahora sí. Ahora tienen a los 17 contagiados en la planta alta, separados de los que han dado negativo -que están en la planta baja- y cuidados siempre por las mismas empleadas, que no son las mismas que atienden a los sanos. Y todos con mascarillas (en otro de los muchos videos que Enrique mandaba a la familia se puede apreciar que una de las cocineras de la residencia manda besos a la cámara sin tener la mascarilla puesta mientras hace la comida en plena tragedia).
Archivada la denuncia
Según informa hoy Europa Press, el Juzgado de Instrucción número siete de Sevilla ha ordenado el archivo de la denuncia interpuesta por Adelante Andalucía contra el director del centro de personas mayores Joaquín Rosillo de San Juan de Aznalfarache y el consejero de Salud, Jesús Aguirre, por presuntos delitos de homicidio por imprudencia grave y delitos de lesiones también por imprudencia grave, derivados de la penetración de la pandemia de coronavirus Covid-19 en dicha residencia donde se contabilizan 118 ancianos contagiados y 30 de ellos fallecidos.
La denuncia estaba dirigida en concreto contra el director de la citada residencia, Enrique Rodríguez; la delegada territorial de la Consejería de alud y Familias en Sevilla, Regina Serrano; el director general de Cuidados Socio Sanitarios de la Consejería, José Repiso Torres; y el titular de dicho departamento autonómico, Jesús Aguirre, a quienes el Grupo de Adelante en el Parlamento de Andalucía atribuía los supuestos delitos, bajo la premisa de que «desoyeron las medidas adoptadas por la Administración Central con relación a las residencias socio sanitarias» y que los contagios y fallecimientos de ancianos de dicho centro sería «consecuencia directa» de ello.
No obstante, y a través de un auto emitido el pasado 24 de abril, el Juzgado de Instrucción número siete expone que «no es acertado entender que, al no haberse tomado las medidas contenidas en las normas dictadas por el Gobierno Central, se produjeron los fallecimientos en la residencia«.
«Nos encontramos no ante un hecho gravísimo que afecta a una residencia de ancianos, sino ante la muerte, según cifras oficiales, de más de 22.000 compatriotas y el contagio de otros cientos de miles, produciendo a diario el principal causante, el virus, centenares de muertes y miles de contagios más.
Por tanto, no estamos ante un hecho aislado que, cual si fuera un accidente de tráfico, deba investigarse a la luz de los artículos 142 y 152 del Código Penal«, argumenta el magistrado de la citada instancia judicial insistiendo en que «las residencias de ancianos de toda la nación se han visto afectadas de lleno, no solo la de San Juan de Aznalfarache».
El juez descarta que la Junta estuviese «inactiva»
Además, «no puede entenderse que la Administración autonómica estuviera inactiva por los quebrantos causados por el virus a nivel del territorio andaluz y en especial al nivel local de San Juan de Aznalfarache«, según el juez.
«Buena prueba de ello es la instrucción dictada por la directora del Distrito Sanitario Aljarafe de fecha 25 de marzo de 2020, en la que se dispone el traslado de los residentes (contagiados) a un hotel se supone que medicalizado (el hotel Ilunion Alcora, también en San Juan), lo que muestra que decisiones se tomaron para ese caso y seguramente no las únicas», razona el magistrado.
«De un lado, no parece que sea achacable en exclusiva a la Administración autonómica o al director de la residencia la falta de material sanitario para hacer frente a la pandemia y, de otro, la información al público también se cumplió, como lo reconoce la denunciante, al aludir a una comparecencia de fecha 6 de abril donde se habló a nivel publico del asunto de la residencia de San Juan», expone el juez con relación a las declaraciones del consejero de Salud tras denunciar la familia de una de las residentes de dicho geriátrico que muchos de los ancianos del mismo habían fallecido víctimas de la pandemia y que la situación del centro era tratada «como un secreto de estado».
¿De verdad se cumplió la información al público? Sorprende ese argumento del juez, puesto que los ancianos empezaron a fallecer en febrero (algunas fuentes hablan de que ya había 15 muertos en enero) y el consejero Aguirre tardó dos meses en dar la cifra de muertos y fue porque le inquirió una periodista al final de una rueda de prensa.
No influye «la falta de información»
«Respecto a esa falta de información que se entiende que no es tal, achacada a los denunciados, es evidente que no cabe integrarla en el supuesto penal, pues ninguna conexión guarda ese silencio denunciado con el devastador efecto del virus en la residencia», reflexiona en paralelo el juez, toda vez que diversas familias de residentes de este centro de personas mayores han lamentado la falta de información oficial sobre el grado de penetración del virus en el recinto.
«En definitiva, llegará el momento de exigir responsabilidades políticas y por qué no, penales, si hay pruebas bastantes de la conexión entre tales decisiones y las fatales consecuencias que estamos viendo, pero para el caso presente que se ha denunciado se entiende, por las razones dadas, que no hay indicios fundados de responsabilidad penal«, zanja el juez ordenando el archivo del procedimiento.
Más información sobre el caso de la Residencia Joaquín Rosillo:
La residencia de los 24 muertos es de titularidad municipal, pero la gestiona Martín Casillas
Ah y a esas trabajadoras que hablan y hablan el día que ningún familiar lleve a sus ancianos ahí y se queden sin trabajo a ver a quién lloran, que tenían Epis que ni en los hospitales, a esas que tanto hablan, cuando tenían a un director que no nos pagaban, callaban y Quique salvó a la residencia de la ruina y sus trabajos, y consiguió muchas cosas, pero gente desagradecida hay en todos los lados y si no te gusta trabajar ahí te vas que la vida sigue