El PP y el PSOE pretenden cerrar un pacto vergonzoso para renovar el poder judicial y otros órganos, que demuestra, entre otras cosas, que la democracia en España es una gran mentira
Por fortuna para los demócratas, el pacto para renovar el máximo órgano judicial parece haberse estancado en las últimas horas, lo que representa una esperanza para los demócratas que soñamos con una España realmente democrática y libre.
Que los partidos políticos controlen y manejen lo que la Constitución dice que debe ser «independiente», como el gobierno de los jueces, la Fiscalía y otros reductos vitales del poder es violar la democracia, que exige separación de poderes, y la misma Constitución Española, que en teoría garantiza esa independencia.
Los políticos españoles y sus partidos tienen ya demasiado poder, un poder que es incompatible con la democracia. Nombran jueces y fiscales, rectores de las universidades, gestores de los medios de comunicación públicos y cargos de todo tipo en todas las administraciones públicas y hasta controlan los puestos de trabajo en algunas empresas privadas que contratan frecuentemente con el Estado. Han ocupado y sometido a la sociedad civil y ya sólo les falta nombrar a los presidentes de las fundaciones y de los colegios profesionales, a los presidentes y directores de los bancos y de los medios de comunicación privados. Son insaciables y, si no les frenamos, terminarán nombrando también a los boticarios, comerciantes y taxistas.
Engañifa democrática
Con ese poder desmesurado y sin controles, la democracia en España es una gran mentira, porque la verdadera democracia no es otra cosa que un sistema ideado para lograr justo lo contrario de lo que ocurre en España: limitar y controlar el poder de los gobiernos y los políticos.
Los políticos y sus portavoces mediáticos presentan esos pactos entre el PP y el PSOE ante el pueblo como un gran logro, cuando realmente son vergonzosos y demuestran con descaro que la democracia española es una quimera intervenida y trucada. La mayoría de los ciudadanos, abducidos, comprados o desinformados, creen que el país avanza con esos acuerdos entre políticos, pero en realidad cae todavía más bajo en el pozo del lodo.
En países de nuestro entorno y con honda tradición democrática, como Gran Bretaña, Alemania y otros, los políticos tendrían que dimitir ipso facto si hubieran cerrado entre ellos un pacto para nombrar jueces y controlar el poder judicial, el Defensor del Pueblo y otros órganos e instituciones que la democracia exige que funcionen con independencia, libres de intervención política.
Descorazonador y vomitivo el espectáculo antidemocrático que han ofrecido el PP y el PSOE luchando por dominar el Consejo General del Poder Judicial y otros órganos de control y gestión que, en democracia, deben ser independientes. Casado, líder del PP y de la oposición, de nuevo arrodillándose ante el PSOE y patrocinando el vergonzoso contubernio de jueces y políticos.
No hay Estado de Derecho en España, aunque para los políticos sí existe un Estado plagado de derechos exclusivos y privilegios
Esos pactos son la mejor prueba de que la democracia no existe en España, de que el franquismo sigue vivo y de que Montesquieu ha sido enterrado bajo una montaña de escombros. No hay Estado de Derecho en España, aunque para los políticos sí existe un Estado plagado de derechos exclusivos y privilegios, del que participan, además de los partidos que se someten al juego, los grandes aliados del poder: jueces, fiscales, periodistas y funcionarios.
El acercamiento del PP al PSOE demuestra que siempre estuvieron cerca uno del otro y siempre se unen a la hora de defender el sistema y sus privilegios. Tras el batacazo electoral del PP en Cataluña y el miedo compartido frente a VOX, el PSOE acude para socorrer a su socio de la derecha cerrando con el PP unos pactos que, en teoría, fortalecen a ambos.
Los dos grandes partidos españoles creen en el bipartidismo y lo defienden con todas sus fuerzas, porque les ha permitido ganar poder, dinero y privilegios y porque les sigue permitiendo, desde 1978, repartirse el botín de España. Ahora, ante la aparición amenazante de otros partidos, se unen para fortalecer el sistema y cerrar las grietas.
Estos pactos, que afectan también al control de la radio y la televisión pública, al Defensor del Pueblo y a otros reductos del poder en España, ponen de relieve que España no es un país democrático, sino una dictadura encubierta de partidos políticos con demasiado poder, con sus ciudadanos expulsados del Estado y sin los controles imprescindibles que la democracia establece.
Bravo.