La Junta de Andalucía incumple por quinto año consecutivo la aprobación del nuevo decreto que regula la asistencia jurídica del Servicio Andaluz de Salud
Habían avisado y ahora van a cumplir su promesa. La Asociación de Letrados de la Administración Sanitaria de la Comunidad Autónoma de Andalucía (ALAS) comunica que los letrados de la Administración sanitaria han manifestado a los máximos dirigentes del Gobierno andaluz y de la Consejería de Salud y Consumo que, ante el incumplimiento por quinto año consecutivo del compromiso de la Junta de Andalucía de incluir en los Presupuestos del año 2024 la partida presupuestaria específica que permita aprobar el decreto por el que se regula la asistencia jurídica al Servicio Andaluz de Salud que dota a la asesoría de la estructura y organización necesarias para poder cumplir sus funciones, van a limitar la asistencia jurídica de los profesionales y autoridades y personal de los centros sanitarios y demás centros directivos del Servicio Andaluz de Salud a las agresiones físicas producidas en el ejercicio de sus funciones, que contempla su actual reglamento, con exclusión de todas aquellas situaciones o hechos como amenazas, coacciones, insultos, vejaciones, etcétera que no supongan una perturbación grave de la prestación de asistencia sanitaria.
«Situación de abandono y de falta de medios»
Los letrados se ven obligados a adoptar esta decisión ante «la situación de abandono y de falta de medios en la que se encuentra la actual Asesoría Jurídica, cuya estructura orgánica no ha sido actualizada desde hace más de dos décadas, ante el incumplimiento de la Consejería de Salud del compromiso en el seno del Plan de Agresiones a los Profesionales del SAS de actualizar el decreto de asistencia jurídica al SAS, que es del año 2005″.
En el citado escrito, que ha sido firmado por los 42 letrados de la Administración sanitaria actualmente en activo, se comunica que, «ante la situación actual de la Asesoría Jurídica, que hace imposible el adecuado ejercicio de las funciones que normativamente tiene encomendadas (…) y frente al manifiesto incumplimiento del que fue un firme compromiso de dotación presupuestaria de la Ley de Presupuesto de la Comunidad de Andalucía para el año 2024, que aparece como requisito necesario para la aprobación del Decreto por el que se regula el Reglamento de Ordenación de la Asistencia Jurídica al Servicio Andaluz de Salud (…) resulta necesario limitar la asistencia a las autoridades y al personal de los Centros Sanitarios y de los demás Centros Directivos del Servicio Andaluz de Salud, que comprenderá el asesoramiento legal y representación y defensa en juicio, incluido, en su caso, el ejercicio de acciones que correspondan exclusivamente a los hechos que atenten contra la integridad física producidos en el ejercicio de sus funciones, en los términos previstos en el art. 2.3 del citado Decreto 257/2005″.
Los profesionales sanitarios, principales afectados por esta medida
Esta comunicación se hace a los efectos de que pueda trasladarse esta circunstancia al personal del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA), principal afectado por la grave situación de la Asesoría Jurídica, «a fin de que pueda llevar a cabo las actuaciones que estime necesarias en defensa de los derechos que entienda que no van a quedar amparados por las previsiones del actual Plan de Prevención y Atención frente a Agresiones a Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía (BOJA 10 de julio de 2020) respecto de la asistencia jurídica hasta ahora desarrollada por los letrados de la Administración sanitaria”.
Entre los años 2018 y 2021, se produjeron en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud un total de 4.992 agresiones de las cuales 4.030 fueron agresiones no físicas. Estos datos se recogen en el documento de Seguimiento del Plan de Agresiones (febrero de 2022) que está publicado en la página web del Servicio Andaluz de Salud:
https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/profesionales/prevencion-yatencion-de-agresiones
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