La Confederación Empresarial de Oficinas de Farmacia de Andalucía (Ceofa) se ha manifestado «rotundamente» en contra de la medida que obliga a las farmacias andaluzas a aportar un 5% de sus ventas de genéricos al Sistema Andaluz de Salud (SAS): «Creemos que no se ajusta a derecho debido a que vulnera la Ley de Garantías y Uso Racional del Medicamento, que es de carácter básico y obligado cumplimiento por las comunidades autónomas». De esta manera, ha advertido de que se reserva el derecho al ejercicio de las acciones legales oportunas
En un comunicado, ha señalado que el acuerdo entre el SAS, el Consejo Andaluz de Colegios de Farmacéuticos (Cacof) -del que es vicepresidente Antonio Mingorance, que también preside la cooperativa Bidafarma, donde trabaja la esposa del presidente de la Junta de Andalucía- y la Asociación Española de Medicamentos Genéricos (Aeseg) «no es bueno para la farmacia andaluza, porque no estimula el crecimiento de genéricos, sino que penaliza su dispensación por parte de la farmacia».
Además, apunta que «no existe una contrapartida clara para las oficinas de farmacia», sino que «se crea una discriminación tanto de los pacientes como del farmacéutico con respecto al resto de España».
Enfatiza Ceofa que «estas medidas, lejos de ayudar a la farmacia asistencial, procuran todo lo contrario y no facilitan que la farmacia ayude a descongestionar la Atención Primaria«. Por todo ello, no les parece oportuna esta «subasta encubierta» cuando el PP se comprometió electoralmente a su eliminación por la discriminación que ocasionaba en la población andaluza con respecto al resto de españoles.
Posible vulneración de dos leyes
Apuntan que parece ser que, dentro del acuerdo de promoción del genérico, se pretende que, de todas las prescripciones por principio activo que lleguen a la oficina de farmacia, se hagan dispensaciones de medicamento genéricos, con la penalización de devolución de las recetas.
Esto, a su juicio, puede vulnerar la Ley de Defensa de la Competencia, al favorecer al genérico en detrimento de la marca, ya que se realiza mediante la modificación del concierto y no por ley, como ocurrió anteriormente; y también, que puede ser contrario a la Ley de Garantías y Uso Racional del Medicamento, debido a que ésta habilita a las farmacias a dar marca o genérico ante una prescripción por principio activo, siempre del precio más bajo.
Además, añade que se estaría conculcando la libertad del farmacéutico para dispensar una marca según su criterio sanitario en pacientes con ciertas patologías, a los que puede no convenir cambiarle la medicación que ya están tomando.
El objetivo de un plan todavía no cerrado
El gasto farmacéutico ha crecido un 30% hasta los 2.566 millones que la Junta destinó en 2023 a subvencionar medicamentos. Para reducir esta partida, ahora el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y el Consejo Andaluz de Colegios de Farmacéuticos (Cacof) están negociando un nuevo plan para aumentar la dispensación de genéricos sin tener que volver a las subastas. Debe tenerse en cuenta que la receta de principios activos por parte de los médicos ha bajado de un 96% a un 87% y que la dispensación de genéricos se ha reducido del 100% al 74%.
Este nuevo plan, que aún se está negociando con los colegios de farmacéuticos, obliga a las farmacias a dispensar un genérico ante una prescripción por principio activo y a aportar el 5% de las ventas de estos medicamentos al SAS. No obstante, fuentes del Cacof consideran que el 5% de aportación «podría ser inferior al beneficio adicional que conseguirían las farmacias por el incremento de ventas de genéricos, dadas sus condiciones comerciales mejores que las de las marcas».
Por su parte, los laboratorios, según recoge el plan, tendrían que aportar un 10% del incremento de sus ventas al SAS, siempre que se asegurasen llegar al 3,5%.
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