La Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida popularmente como la ley del ‘solo sí es sí’, fue aprobada en España con el objetivo de proteger mejor a las víctimas de violencia sexual y de establecer el consentimiento explícito como base para las relaciones sexuales
Aunque fue celebrada como un avance importante en la defensa de los derechos de las mujeres, su implementación trajo consecuencias inesperadas, como reducciones de penas para ciertos delincuentes sexuales. Estos efectos no deseados generaron una gran controversia en la opinión pública y llevaron a que se modificaran ciertos aspectos de la ley para evitar abusos y garantizar su efectividad.
La controversia en torno a esta ley se ve amplificada por una serie de acusaciones de acoso y abuso sexual que han salpicado a varios políticos de distintos partidos en España, revelando un problema que atraviesa el espectro político y que no se limita a un solo partido o ideología. Representantes de diferentes partidos, incluidos Podemos, PSOE y PP, han sido objeto de denuncias, lo que ha puesto en entredicho la coherencia de algunos líderes que, públicamente, se presentaban como defensores de los derechos de las mujeres y de la lucha contra la violencia de género.
Entre los casos recientes, uno de los que ha generado más atención es el del político Íñigo Errejón, cofundador de Podemos y líder de Sumar, quien recientemente anunció su dimisión de la política. En una carta pública, Errejón explicó que había llegado al «límite de la contradicción entre el personaje y la persona», señalando el desgaste emocional y personal de una década en la primera línea de la política. Según Errejón, la exposición constante y las presiones mediáticas le llevaron a un estado de agotamiento que afectó a su salud mental y a sus relaciones personales, y reconoció que esta situación le generó una «subjetividad tóxica» alimentada, en su opinión, por el patriarcado.
La valentía de Mouliaá y la enorme contradicción de Sumar
Sin embargo, la decisión de Errejón de dejar la política coincidió con una acusación de agresión sexual presentada por la actriz Elisa Mouliaá, quien relató un episodio de acoso que, según ella, ocurrió durante una fiesta en 2021. Según su testimonio, Errejón la llevó a una habitación y comenzó a besarla y tocarla sin su consentimiento. Mouliaá afirmó que decidió presentar la denuncia para que ninguna otra mujer tuviera que pasar por una experiencia similar y señaló que, desde que se hizo pública la denuncia, ha recibido mensajes de otras mujeres que alegan haber vivido experiencias similares con Errejón.
El Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid admitió la denuncia de Mouliaá y ha iniciado diligencias para investigar el caso. Uno de los primeros pasos fue confirmar que Errejón ya no ocupa su escaño en el Congreso, lo que permite que el juzgado local asuma la competencia en lugar del Tribunal Supremo, pues el aforamiento solo aplica a diputados en ejercicio. Mientras tanto, Sumar, la plataforma política liderada por Yolanda Díaz, ha anunciado una investigación interna sobre el caso. Al parecer, no supieron considerar como se merecían unas sospechas de actuación delictiva de Errejón en el pasado, desoyendo denuncias, cosa sorprendente en los partidos que abanderaban la protección de las víctimas.
Este episodio ha generado un fuerte debate en el ámbito político y feminista en España, y ha cuestionado la coherencia y responsabilidad de algunos líderes políticos en sus vidas públicas y privadas. La situación de Errejón, además de otros casos recientes de acoso en la política española, como el del alcalde de Estepona, José María García Urbano (PP), el de José Ignacio Landaluce (PP), alcalde de Algeciras, y el de un político del PSOE en Badajoz del que no ha trascendido su nombre, plantea interrogantes sobre cómo las instituciones políticas gestionan y, en ocasiones, encubren estas denuncias.
Estos escándalos han desilusionado a muchas personas, especialmente a feministas que ven cómo algunos líderes que promueven públicamente los derechos de las mujeres se ven ahora acusados de comportamientos contrarios a sus discursos. En este contexto, se ha intensificado la reflexión sobre la necesidad de un tratamiento más transparente y efectivo de las denuncias de acoso y violencia de género, no solo en la política, sino en todos los sectores de la sociedad. Las instituciones y partidos deben asegurarse de que las leyes, como la del solo sí es sí, no solo protejan a las víctimas, sino que también garanticen justicia y prevengan posibles manipulaciones políticas.
En su carta de dimisión, Errejón concluye con una mezcla de autocrítica y orgullo, destacando que su trayectoria política ha sido «la etapa más importante de su vida», pero admitiendo que ha cometido errores y espera contribuir a reparar estos con su salida de la política. Su renuncia y las denuncias que han surgido a su alrededor suponen un desafío tanto para el proyecto de Sumar como para la carrera personal de Errejón, y han puesto en el centro del debate la coherencia entre el discurso y las acciones de los líderes políticos.
En última instancia, la situación actual subraya la importancia de un cambio profundo en la ética de la política española y de una revisión en la forma en que se abordan las acusaciones de acoso y abuso en los partidos, promoviendo un entorno de respeto y transparencia que permita proteger la integridad y dignidad de todas las personas.
Comentarios recientes