Se trataría de 13 funcionarios interinos de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo que no han sido dados de alta en la Seguridad Social en tiempo y forma, según denuncia el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) en Málaga, que pide también el cese de la secretaria general de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Isabel Moya, por una irregularidad en la selección de personal
Son un grupo de funcionarios interinos de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional que comenzaron a trabajar el día 14 de diciembre de 2022, y no fueron comunicadas sus altas a la Seguridad Social hasta el día 18 de enero, con más de un mes de demora, lo cual ha supuesto que, en el Informe de Vida Laboral de estas personas, aparezca como fecha de efecto de alta esta última y no la real de efectivo comienzo de prestación de servicios, «con lo que supone de perjuicio a la hora de cobrar prestación por desempleo una vez cesen como interinos, así como en su futura pensión de jubilación, y en el momento de baremar méritos por tiempo de trabajo desarrollado si optan a presentarse a procesos selectivos de personal, sea en el ámbito privado o en la Administración», revela el SAF.
En el seno de la organización sindical están indignados con la mala praxis de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo de Málaga: «Si esto es algo impresentable y sancionable en cualquier empresa, mucho más en una Administración Pública, que debe dar ejemplo en la gestión del personal, en el cumplimiento de la normativa y en algo tan importante como son las cotizaciones sociales de sus trabajadores».
«Falta de diligencia e inoperatividad en la gestión de los recursos humanos»
El Sindicato Andaluz de Funcionarios, al tener conocimiento de los hechos, instó, de forma pacífica, tanto por escrito como verbalmente, a que la irregularidad fuera corregida, pero, ante la dejadez e inacción de la Delegación de Educación de Málaga, se ha visto obligado a denunciar los hechos ante la Inspección de Trabajo, la Tesorería General de la Seguridad Social y la Inspección General de Servicios de la Junta de Andalucía, para que se tomen las medidas inspectoras, sancionadoras y disciplinarias oportunas y «no tenga que sufrir la parte más débil, los trabajadores, la falta de diligencia y la inoperatividad en la gestión de los recursos humanos de la Junta de Andalucía».
La Consejería de Empleo tiene «un absoluto desprecio a la legalidad vigente»
Pero es que hay otra irregularidad, esta vez en la Delegación Territorial de Málaga de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo. «Se trata de un absoluto desprecio a la legalidad vigente en la selección de personal para la cobertura urgente de una plaza vacante», anuncian.
Concretamente se estaría incumpliendo el apartado 4 de la Instrucción 1/2009, de 23 de febrero, de la Secretaría General para la Administración Pública, y el artículo 68 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso, promoción 17 de mayo de 2023 interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía.
Se precisa cubrir de forma urgente y provisional, hasta que sea cubierto de forma definitiva, mediante el procedimiento reglado en el artículo 30 de la Ley de Ordenación de la Función Pública de Andalucía, un puesto en el Departamento de Promoción y Desarrollo Local en la citada delegación. Entonces, «la comisión de baremación que efectúa tal selección pretende contabilizar tiempo de trabajo desarrollado en puesto provisional a un candidato, contrariando y violentando las normas arriba citadas, que lo prohíben tajantemente».
Ningunean al representante del SAF
Pero no conformes con saltarse la normativa, la comisión pretende ningunear al representante del SAF y «violar de forma flagrante la normativa reguladora de los órganos colegiados, negándose a incluir en el acta lo manifestado por él», que advirtió de forma expresa, clara e inequívoca la irregularidad, y exigió en ese momento que su advertencia constase en el acta de la reunión.
A día de hoy, el procedimiento no se ha resuelto, y la delegación no ha adoptado acto administrativo alguno de suspensión del mismo, incurriendo en una grave irresponsabilidad. A la advertencia de ilegalidad, no se reacciona rectificando, sino con la parálisis, «afectando el normal desenvolvimiento de la Administración y provocando indefensión en los candidatos al puesto».
Ante tal cúmulo de «incumplimientos, chapuzas, mediocridad y alarmante falta de profesionalidad«, el Sindicato Andaluz de Funcionarios se ha visto en la obligación de denunciar estos hechos ante la Inspección General de Servicios, así como de pedir a la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, el cese de la secretaria general de la Delegación Territorial de Málaga, Isabel Moya.
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