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El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, en una imagen de archivo. / WIKIPEDIA

Política

El SAF denuncia que la nueva Ley de Función Pública puede fomentar «la privatización y el enchufismo»

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La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública rechazó la alegación del gabinete jurídico de la Junta, que resaltó negativamente que, en el texto, «no se exige nada respecto a titulaciones al personal directivo público profesional alto cargo»

El nuevo presidente del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), Alfonso Dueñas, mostró su total rechazo a la gestión en materia de Función Pública en el sector de Administración general en estos casi cuatro años del gobierno del cambio. Dueñas pone el foco en «la falta de negociación en la elaboración del anteproyecto de Ley de Función Pública de Andalucía con los sindicatos mayoritarios en cada uno de los sectores afectados». Esta ley «nacerá deslegitimada y no va a representar la voluntad de los funcionarios públicos» de la Junta de Andalucía. Es una Ley «antifuncionarial» que puede fomentar, aún más, «la privatización y el enchufismo». 

Precisamente, el Consejo de Gobierno aprobó ayer el anteproyecto de Ley de Función Pública para su remisión al Parlamento y tramitación como proyecto de ley con el objetivo de que esta norma sea aprobada en los próximos meses.

Un consenso muy relativo

El texto sustituirá a la actual ley, que data de 1985, y aúna en una única norma todas las materias relativas al régimen jurídico de la función pública en Andalucía con el fin de «atraer, desarrollar y retener el talento humano», según un comunicado de la Consejería de Función Pública.

Según el consejero del ramo, José Antonio Nieto, el anteproyecto de ley «ha sido elaborado y consensuado con los sindicatos de la Administración pública andaluza, cuenta con todos los informes preceptivos favorables y apuesta por reforzar la formación continua, agilizar los procesos selectivos, profesionalizar la figura del personal directivo, mejorar la carrera profesional de los empleados públicos, incentivar la productividad y favorecer la conciliación de la vida laboral, personal y familiar regulando, entre otras cosas, el teletrabajo». Sin embargo, la versión del SAF es muy diferente.

«No habrá enmiendas al texto»

Mientras Nieto aseguró ayer, ante una pregunta de EL LIBRE, que quiere contar con el SAF «para desarrollar bien la nueva ley», Alfonso Dueñas pone de relieve que el nuevo consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública afirmó de forma rotunda, en la reunión que mantuvo con él, que «no habrá enmiendas al texto y pone como peregrina excusa las protestas que podrían darse por parte de los sindicatos de cámara firmantes de dicho proyecto de ley. Es el precio de la paz social«.

El consejero presumió de haber logrado el apoyo de CCOO, UGT y CSIF, pero estos son sindicatos de Mesa General sin representantes en la Administración General de la Junta, donde es mayoritario el SAF.

Nieto añadió que «los sistemas de control están bien preparados» para que no se produzcan irregularidades en el nombramiento de los cargos. «Si se nombra a una persona inadecuada para un puesto, no va a cumplir los objetivos, va a tener un problema con las retribuciones y va a tener un problema para mantenerse en el puesto», agregó el consejero.

El zasca del gabinete jurídico

Además, el gabinete jurídico de la Junta de Andalucía realizó una alegación al anteproyecto de Ley de Función Pública muy significativa: «Sorprende que, exigiéndose para esta personal directivo de carrera o laboral fijo, requisito de titulación universitaria requerida para el acceso a cuerpos de personal funcionario Grupo A, nada se exija respecto a titulaciones al personal directivo público profesional alto cargo, donde el desempeño de funciones directivas son de mayor responsabilidad y exigencia, en la medida que estos puestos quedan equiparados a rango de Dirección General o inferior».

La respuesta de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública demuestra que el Gobierno de Moreno Bonilla no quiere realmente anteponer la capacidad, el conocimiento y la competencia para la elección de los cargos: «No se acepta. Salvo para puestos excepcionales, el nombramiento de altos cargos no exige ningún requisito de titulación».

La alegación del gabinete jurídico de la Junta y la respuesta de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública.

El texto se estructura en 177 artículos, distribuidos en 13 títulos, 17 disposiciones adicionales, seis disposiciones transitorias, dos disposiciones derogatorias y dos disposiciones finales.

La futura norma también recoge las funciones que corresponden a las diferentes tipologías de empleados públicos (funcionario de carrera, funcionario interino, personal laboral y eventual), así como las potestades públicas que serán desempeñadas de forma exclusiva por el personal funcionario, un epígrafe que también es motivo de discordia, porque el Sindicato Andaluz de Funcionarios ya denunció hace meses que «el Gobierno de Moreno Bonilla quiere otorgar potestades públicas a personal no funcionario de la Junta». Además, se podrá penalizar el mal desempeño de los funcionarios.

Se olvidan de los principios de mérito, igualdad y transparencia

Otra de las novedades importantes es la regulación de la dirección pública profesional de forma que se establece «un sistema de selección del personal directivo por convocatoria pública y atendiendo a los principios de capacidad, conocimiento y competencia, para lo que se creará una comisión independiente, y un régimen jurídico y retributivo con una parte variable en función de objetivos marcados en los acuerdos de gestión, cuya evaluación también determinará la continuidad en el puesto». Esta declaración de intenciones, en realidad, puede conllevar «arbitrariedad y colonización política de la función pública«, según el SAF.

El articulista de EL LIBRE Luis Escribano explica de manera meridiana en el artículo Análisis del Anteproyecto de Ley de Función Pública de Andalucía, que facilita aún más la arbitrariedad de los políticos las muchas sombras de esta nueva ley.


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