La Consejería de Educación solo ayudará a los centros educativos cuyo mantenimiento es responsabilidad suya, dejando también fuera de juego a los conservatorios
El Consejo de Gobierno ha aprobado transferir 25 millones de euros del Fondo de Emergencia Social y Económica (FESS) contra el Covid-19 a la Consejería de Educación y Deporte para adecuar los espacios de los centros docentes públicos, cuyo mantenimiento depende de la Administración autonómica, a las nuevas necesidades como consecuencia del coronavirus.
De esta manera, los institutos de Educación Secundaria, los centros de enseñanzas de Régimen Especial -a excepción de los conservatorios elementales de Música- y las residencias escolares podrán financiar actuaciones de reparación y mejora de sus instalaciones para que las clases se puedan desarrollar en entornos seguros siguiendo las recomendaciones sanitarias.
De esta forma, Imbroda ningunea a los colegios de Infantil y Primaria. El mantenimiento de estos centros corre a cargo de los ayuntamientos, pero nada impide a la Junta ayudar a los consistorios, muchos de ellos endeudados, con alguna partida presupuestaria concreta para este fin al estilo del Plan Aire. ¿O es que estos centros no necesitan remodelaciones para una presencialidad segura?
La Junta también se olvida de los conservatorios, en los que tan importante será una movilidad segura, teniendo en cuenta que los estudiantes deben desplazarse con instrumentos, muchos de ellos muy pesados y que ocupan mucho espacio en las aulas.
Las actuaciones se destinarán principalmente a obras de acceso, cerramientos, reparación de fachadas y cubiertas; trabajos de pintura y rotulación; adecuación de espacios; mejora de la red eléctrica y de comunicaciones, o implantación de medidas sanitarias y de seguridad.
Cada centro interesado podrá solicitar la financiación de uno o dos proyectos, con un importe máximo de 25.000 euros por proyecto. El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 26 de julio.
La Consejería decidirá qué obras se van a hacer
La Consejería de Educación determinará las actuaciones que serán atendidas y abonará en la cuenta de gastos de funcionamiento de cada centro beneficiario la cantidad correspondiente. Estas obras deberán estar finalizadas antes del 31 de diciembre de este año.
Según las previsiones, más de un millar de centros docentes podrán beneficiarse de esta medida. Esta iniciativa está incluida en el Plan de Acción en Educación para el curso 2020/21, con un presupuesto de unos 600 millones, y que permitirá también reforzar las plantillas con alrededor de 6.300 docentes, ampliar el personal de apoyo, especialmente en servicios de limpieza, con unos 1.600 trabajadores, y la dotación de recursos tecnológicos con 150.000 dispositivos para paliar los efectos de la Covid-19 en el sistema educativo andaluz.
Un contagio en el plan de refuerzo estival
El próximo 23 de julio se va a debatir en el Parlamento de Andalucía una moción en materia educativa presentada por el Grupo Socialista que contiene 40 puntos. Entre ellos, la portavoz de Educación, Beatriz Rubiño, ha destacado la creación de “un fondo COVID para la educación en Andalucía de 1.500 millones para que se contraten a 30.000 docentes, se puedan desdoblar las aulas y se baje la ratio”, “un plan especial para la Formación Profesional” y “una mesa de diálogo con las empresas que se dedican a las actividades extraescolares o los comedores”.
Rubiño ha denunciado que “Andalucía está viviendo un verdadero caos educativo, una verdadera emergencia educativa” debido a “la nefasta gestión de Moreno Bonilla”. Rubiño ha afirmado que “estamos viendo una falta de transparencia y de publicidad a la hora de saber cuáles son las unidades que se van a suprimir en el próximo curso escolar” y ha censurado que “al consejero Imbroda le interesan más sus negocios privados que la educación pública”.
En declaraciones a los medios de comunicación a las puertas del CEIP El Olivo, en Mairena del Aljarafe (Sevilla), Rubiño ha informado de que la viceconsejera de Educación ha reconocido que ha habido “un contagio en el plan de refuerzo estival” y ha reclamado saber: “¿Qué va a hacer Moreno Bonilla ante el caos educativo de la vuelta a las aulas? ¿Va a tomar medidas de distanciamiento social? ¿Va a bajar la ratio? ¿Va a desdoblar las aulas?”.
El consejero de Educación, Javier Imbroda, dejó claro en su decálogo que no tiene pensado bajar la ratio de alumnos por aula, una medida muy arriesgada, teniendo en cuenta que, por otro lado, está pidiendo distanciamiento físico entre los estudiantes y que los grupos burbuja son inviables.
La realidad es que existen grupos de convivencia estable que, por las tardes, se disgregan y cada uno entra en contacto con el exterior, por lo que, si hay un niño que coge el coronavirus fuera del colegio o instituto, al día siguiente lo propagará en su clase y en el recreo.
«Un auténtico despropósito»
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) Andalucía, primera fuerza sindical de la enseñanza pública en la comunidad andaluza, ve como un “auténtico despropósito” el plan para la vuelta a las aulas en septiembre trazado por la Consejería de Educación y Deportes de la Junta de Andalucía que, a juicio del sindicato, “desprotege a docentes y equipos directivos, haciendo recaer sobre ellos toda la responsabilidad y sin disponer de los recursos materiales y humanos necesarios”.
La presidenta del Sector de Educación de CSIF-A, Elena García, ha analizado las instrucciones sobre la organización de centros educativos para el curso 2020-2021 de la Viceconsejería de Educación y ha criticado que “no vienen acompañadas de los recursos suficientes y del personal cualificado que sería necesario desde un punto de vista técnico en materia de prevención de riesgos y desde el punto de vista sanitario”. En su opinión, “los equipos directivos quedan desprotegidos, al hacerles responsables de las medidas preventivas y de control que se adoptan en los centros y que no les corresponden”.
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