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La consejera de Empleo, Rocío Blanco.

Empleo

La Junta vulnera la Ley General de Subvenciones con el Plan AIRE

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La Consejería de Empleo, dirigida por Rocío Blanco, confirma que los consistorios endeudados recibirán la subvención en un pago único anticipado del cien por cien de la cuantía aprobada. Además, se les exceptúa del requisito de hallarse al corriente en las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social y del pago de obligaciones por reintegro de subvenciones

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado hoy por decreto el Plan para la Activación, Impulso y Recuperación del Empleo (AIRE), que tendrá una dotación económica de 165 millones para la creación de unos 19.000 empleos en colaboración con los ayuntamientos.

Así lo anunció el domingo el presidente de la Junta, Juanma Moreno Bonilla, que se mostró convencido de que el Plan AIRE va a ser “aire y oxígeno” para muchos andaluces que lo están pasando mal por las consecuencias que la pandemia del coronavirus ha tenido sobre la economía y el empleo. Sin embargo, hay un sector crítico con este proyecto que le recrimina a Moreno Bonilla que es una medida populista y difusa.

Los ayuntamientos recibirán la subvención en un pago único anticipado del cien por cien de la cuantía aprobada y se les exceptúa del requisito de hallarse al corriente en las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social y del pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, una medida que vulnera el apartado E del artículo 13 de la Ley General de Subvenciones:

Esta decisión extraordinaria se ha realizado con el fin de «garantizar la participación local y beneficiar al mayor número de personas desempleadas posibles en esta gravísima situación de crisis sanitaria», según ha dicho hoy la consejera de Empleo, Rocío Blanco, que no ha referido qué tipo de control y seguimiento hará su consejería de todos estos proyectos municipales.

Con esto, se trata de no impedir la participación de algunos ayuntamientos del territorio, «lo que ocasionaría un grave perjuicio y discriminación a personas con idéntica situación por razones de vecindad administrativa», ratifican desde la Consejería de Empleo.

Los contratos que se crearán a través de este nuevo plan tendrán una duración de entre seis y ocho meses para que los ayuntamientos puedan sacar adelante distintos proyectos de recuperación tras la crisis sanitaria.

Diferentes proyectos

Esos proyectos van desde el mantenimiento de espacios públicos hasta la atención social, pasando por obras menores y servicios públicos básicos y que dependerán de las necesidades más urgentes que haya en el ámbito de cada localidad.

Asimismo, el objetivo es centrarse en las zonas con mayor riesgo de despoblación de Andalucía para ayudar a que esos pueblos se reactiven y sobrevivan. En concreto, a todos los que tienen menos de 3.000 habitantes y también en las llamadas Zonas de Inversión Territorial Integrada, las ITI, de Cádiz y Jaén.

Los proyectos que desarrollen los consistorios tendrán una duración máxima de 12 meses y estarán dirigidos a paliar los efectos de la crisis sanitaria por Covid-19 en su municipio, facilitando el proceso de desescalada gradual de las medidas restrictivas de la movilidad y de la actividad económica.

Trabajo temporal

La medida, que implica una inversión de 165 millones de euros y cuenta con financiación del Fondo Social Europeo y del Programa Operativo de Empleo Joven, destinará incentivos que van, por cada contrato de seis meses mínimo de duración, desde una horquilla de los 11.700 euros (para la contratación de trabajadores pertenecientes al grupo 1 de cotización a la Seguridad Social) a los 8.880 euros (grupo 4 al 10 de cotización).

Por cada mes que se amplíe el contrato sobre los seis meses iniciales, se incrementa el incentivo en una horquilla que va desde los 1.950 euros al mes (grupo 1 de cotización) hasta los 1.480 (para los grupos 4 al 10 de cotización).

«Muy poco oxígeno»

El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), el socialista Fernando Rodríguez Villalobos, ha asegurado que el plan AIRE “trae muy poco oxígeno” a los municipios andaluces «al no tener la financiación suficiente«.

Rodríguez Villalobos señala que “el plan debe llegar a los casi 800 consistorios con los que cuenta Andalucía con menos de 3.000 habitantes y, para eso, debe llegar con más dotación de la presupuestada, al menos con 113 millones más para equiparar los 278 millones con los que contó el plan que tuvo lugar en 2018”.

La recuperación se pretende hacer con los ayuntamientos como punto de inicio

El sindicato UGT Andalucía ha asegurado que el Plan AIRE debería contener medidas “más ambiciosas” y ha criticado que no se haya “consensuado” ningún documento previo.

La organización sindical ha incidido en un comunicado en que el plan incluye numerosas modificaciones y derogaciones normativas que “nada tienen que ver” con la finalidad del mismo, y ha rechazado que se utilice la fórmula del Real Decreto al permitir al Gobierno andaluz aprobarlo “unilateralmente” por la vía de urgencia y sin necesidad de trámites previos.


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