La diabólica tragedia de la confrontación política

La directriz del partido parece poder más que la necesidad de consenso ante una situación insostenible. La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía ha votado en contra de las medidas planteadas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Jesús Aguirre considera que los criterios fijados por el Ministerio de Sanidad para establecer las actuaciones coordinadas en salud pública con el fin de responder ante situaciones de especial riesgo por transmisión no controlada de la Covid son “totalmente arbitrarios”, pero todo apunta a que es una decisión política más que técnica

En estos tiempos tan duros, tan oscuros y tan sensibles, la petición mínima que la ciudadanía le hace a los políticos que gobiernan España a todos los niveles (municipal, supramunicipal, regional, nacional y europeo) es que antepongan las vidas a la pelea verborreica, el sentido común a los reproches infantiles y la transparencia al oscurantismo. Incluso en un Estado de partidos como el nuestro, deberían prevalecer las propuestas más inteligentes y más acertadas independientemente del color político. No está siendo así.

Parece que no han valido de nada las más de 44.000 muertes que ha habido en España, según datos de la Asociación Española de Profesionales y Servicios Funerarios (Aesprof), porque el espectáculo dantesco que están ofreciendo Salvador Illa e Isabel Díaz Ayuso da vergüenza ajena. ¿Cuánta gente más tiene que morir para que os pongáis de acuerdo? Ese partido de Regional Preferente entre el ministro de Salud (aquí siempre hay que recordar que no es profesional sanitario) y la reina mediática Díaz Ayuso (hace cualquier cosa por figurar), en cuanto al nivel intelectual, moral, político y solidario, es un atentado, un insulto a los españoles habida cuenta del drama viviente. Y Jesús Aguirre ha querido jugarlo también. ¿Habrá una directriz de partido que obligue a las consejerías del PP a oponerse al Gobierno de Sánchez e Iglesias, digan lo que digan? ¿Habrá una orden del PSOE para poner las cosas un poco más complicadas a las comunidades autónomas gobernadas por el PP? Esta es la esencia de la partidocracia. Y mientras, la población entra en depresión colectiva, porque hasta la persona más fuerte mentalmente tiene un límite.

Así, el consejero ha señalado que “Andalucía ha votado en contra, porque este documento ha sido rechazado por los técnicos y expertos andaluces en las ponencias de salud pública y alertas sanitarias que se reunieron ayer”. Además, ha indicado que espera que “vuelva a ser debatido una vez más en las distintas ponencias y que, tras el trabajo de los técnicos, regrese mejorado al Consejo Interterritorial”.

Aguirre ha añadido que “no se pueden limitar a tres los indicadores y no tener en cuenta otros factores determinantes como la trasmisión epidemiológica, la densidad de población, los casos positivos en el ámbito sanitario o los criterios clínicos”. En ese sentido ha recalcado que “Andalucía ha presentado una propuesta en la que hay indicadores para conocer la situación y evolución de cada uno de los municipios, teniendo en cuenta la capacidad de asistencial real, considerando la situación de las personas más vulnerables y las instituciones sociosanitarias, y fomentando el trabajo conjunto entre las distintas administraciones”.

Aguirre subraya que han tenido en cuenta a las personas más vulnerables, es decir, los ancianos, pero los contagios en las residencias andaluzas se han vuelto a disparar: hay 46 geriátricos con positivos (en julio había cero casos) y ocho están medicalizados a día de hoy. Y los casos de contagios en Andalucía, en global, son más de 1.000 por día.

Cuando el consejero de Salud habla de «criterios clínicos», es importante destacar que los resultados de las pruebas PCR de la población andaluza están tardando hasta 10 días (los sanitarios sí tienen el diagnóstico a las 48 horas) con el consiguiente asterisco que hay que colocar en las cifras oficiales. Según Aguirre, hay 11.555 personas confinadas en Andalucía en estos momentos y, en aislamiento preventivo, 26.321 en espera del resultado. Es conveniente destacar que, para el control de esos aislamientos preventivos y de esos confinamientos, se apela únicamente a la responsabilidad personal con el riesgo que eso conlleva para la salud pública. Hasta el más tonto sabe que no todo el mundo tiene el mismo grado de responsabilidad ni el mismo grado de empatía con los demás.

Finalmente, Aguirre ha señalado que “es fundamental que se adopten medidas consensuadas para evitar la transmisión del virus”, pero recordando que “estas medidas tienen que nacer de los técnicos, no de los políticos, e incluir todos los posibles escenarios e indicadores para una respuesta efectiva y coordinada”. Esto lo dice un consejero que ni él mismo tiene claro cuál es el número de personas adecuado para juntarse en una reunión familiar. Lo dice el miembro de un Gobierno que mantuvo las discotecas (de playa y de interior) abiertas mucho más tiempo de lo aconsejable (una decisión económica y política para ayudar a los hosteleros, no técnica), provocando la mayor parte de los brotes del pasado verano.

Aguirre lleva mucho tiempo sacando pecho por la gestión de la pandemia en Andalucía, pero ya no puede seguir escondiendo la nefasta gestión de servicios esenciales como Salud Responde, con el gerente de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias a la cabeza, José Luis Pastrana, a la cabeza.

EL LIBRE ha publicado varios artículos con tristes testimonios de trabajadores, operadores del servicio, que denuncian explotación laboral. ¿Cómo puede ganar un empleado de Salud Responde 205 euros al mes con un contrato por horas según el convenio de telemarketing? Esa persona está atendiendo a un enfermo de cáncer o a un paciente de 80 años al que le cuesta identificar su dolencia. No estamos hablando de cambiar la tarifa plus por la megaplus de una empresa de telefonía móvil cualquiera. Ilunion tiene adjudicada la gestión de estos trabajadores, que ya se han echado a la calle a protestar, pero la mejora no llega. Eso sí, el Gobierno de Moreno Bonilla ha otorgado 11 millones de euros del fondo Covid para sanear Canal Sur, dejando claro que lo más importante es mantener viva a una televisión pública que se desangra en el plano de la credibilidad desde la llegada de Álvaro Zancajo a la dirección de los informativos. Lo crucial es que el pan y el circo no falte para que los andaluces no se levanten.

Y qué bien queda decir «nuestros expertos» o «las autoridades sanitarias»… A estas alturas, señores del traje y la corbata, échense a un lado y dejen hablar a los especialistas de verdad, que tienen que buscarse periódicos independientes como EL LIBRE o programas de Youtube como Estado de alarma o La reunión secreta para que se les escuche, porque las tan cacareadas autoridades deben tener el control absoluto de la verdad y, tarde o temprano, ejercen la censura con algunos medios y con los facultativos beligerantes. Lo hizo el portavoz de comunicación del Gobierno central, aunque luego rectificó, y también se hace en el Gobierno andaluz.

Tras todo lo vivido, no hay una verdad absoluta, ni siquiera relativa. Estos Diógenes del poder (lo acumulan hasta que se les sale por las orejas y al final generan residuos, cuyo hedor atonta a los ciudadanos) deberían darse cuenta de que estamos inmersos en una lucha por la supervivencia a nivel global y aquí no valen imposiciones ni negaciones ni debates extensos ni partidismos ni dobleces ni traiciones. La gente quiere que todos vayan de la mano de una vez. Si alguien se está muriendo en un pasillo de un hospital de Madrid, hay que llevarlo rápidamente al centro hospitalario más cercano, aunque sea de otra comunidad autónoma. Si a una región le faltan EPIs y a otra le sobran, se comparten los recursos. Si faltan médicos en Andalucía, como asegura Aguirre, hay que ponerse las pilas cuanto antes y reclutar a facultativos donde haga falta. Ha habido errores graves por parte de todas las administraciones (ya sabemos lo que dijo Fernando Simón justo antes del 8-M) que pueden tener responsabilidades penales o civiles, pero lo horroroso sería volver a caer en lo mismo. Nunca más se deberían anteponer los intereses partidistas a los del pueblo. Hay que evitar esa manía de los políticos a toda costa. Porque la pandemia vírica ha sacado a la luz otra que venimos padeciendo desde hace muchos años y muchos no se daban cuenta: la pandemia política.

En definitiva, hay que firmar un gran Pacto de Estado, al estilo del que se consiguió para luchar contra el terrorismo, que asegure un marco normativo de cooperación y de prevalencia en la toma de decisiones de expertos en epidemiología y microbiología no politizados (esto es innegociable), quedándose atrás de una buena vez los ineptos, los filósofos trasnochados y los que no tienen claro cuántas personas de distintas unidades familiares pueden reunirse bajo un mismo techo.