La atención sociosanitaria en la Residencia Joaquín Rosillo podría vulnerar el Decreto de Inspección de Servicios Sociales

El centro dirigido por el enfermero Enrique Rodríguez, en el que ha habido 24 muertes y 79 contagios como mínimo por Covid-19, podría incumplir las directrices básicas de «seguridad, salubridad e higiene» por el brote de sarna y la falta de personal. Por su parte, la consejera de Políticas Sociales, Rocío Ruiz, reconoció públicamente el 28 de marzo haber hecho «inspecciones»

Hoy en día todo está regulado, máxime cuando se habla de centros públicos o concertados. Es el caso de la Residencia Joaquín Rosillo de San Juan de Aznalfarache, que debe someterse periódicamente a inspecciones sociosanitarias por parte de la Junta de Andalucía. El Ayuntamiento, como titular, también debe velar por el cumplimiento correcto de un servicio de calidad para las personas mayores que viven allí.

Pues bien, todo apunta a que, ya antes de la pandemia, no se cumplían las buenas praxis de «seguridad, salubridad e higiene» que reza en el Decreto de Inspección de los Servicios Sociales del año 2018.

Las actuaciones inspectoras que se realizan en cumplimiento del Plan General de Inspección de los servicios sociales 2020-2021, responden a los principios informadores recogidos en el artículo 4 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Inspección de Servicios Sociales: «Capacidad y competencia profesional, planificación del trabajo, jerarquía, confidencialidad, trabajo en equipo, cultura de la calidad, carácter asesor e igualdad e integración de la perspectiva de género».

Por ello, el personal de la Inspección de Servicios Sociales, en la realización de sus actuaciones inspectoras y sus trabajos preparatorios, «seguirá y observará la metodología establecida en los correspondientes
Procedimientos Operativos de Actuación en servicios y centros de servicios sociales».

Y también, en el supuesto de haberse llevado a cabo con anterioridad requerimientos para la subsanación de incumplimientos o deficiencias, «se comprobará si se han atendido dichos requerimientos, especialmente los relacionados con la atención a las personas usuarias».

En la planificación anual de las actuaciones se tendrá en cuenta con carácter general la perspectiva de la igualdad de género, así como la identificación de las acciones, la definición de los objetivos e indicadores de resultados, la concreción de los procedimientos, la homologación de instrumentos, la cantidad y cualidad de los recursos y los plazos de
ejecución.

En este sentido, el director, Enrique Rodríguez, la psicóloga Lidia Moreno y la educadora social María Pérez, de Asistencial Geriátrica San Juan de Aznalfarache (Grupo Martín Casillas) se reunieron con representantes de los trabajadores para establecer el Plan de Igualdad del geriátrico el 18 de junio de 2019. Y, curiosamente, se publicó el 27 de marzo, en pleno desastre de defunciones y contagios dentro del centro. ¿Por qué esperaron más de nueve meses para publicarlo oficialmente en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP)? ¿Y por qué en esa fecha tan crítica?

Asimismo, las actuaciones inspectoras, consistentes en visitas a los servicios, centros de servicios sociales y personas receptoras de prestaciones de algún tipo, se realizarán sin previo aviso, salvo que por la Inspección Central de Servicios Sociales se determine lo contrario.

Al finalizar cada uno de los años de vigencia del Plan, se realizará una memoria donde se evalúe y valore cuantitativa y cualitativamente el grado de cumplimiento de las líneas de actuación, los objetivos previstos y las actuaciones inspectoras realizadas que constituyen el Plan General de Inspección de los servicios sociales.

El Plan de Inspección 2020-21 deja bien claro que «las personas usuarias de centros y servicios demandan y tienen derecho a una correcta atención directa personalizada, y el control exhaustivo que realiza la Inspección de Servicios Sociales es clave para que así sea«.

La atención centrada en la persona, según el documento oficial de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, es «un modelo profesionalizado que busca y prioriza la calidad de vida de las personas que precisan cuidados, apoyando que puedan seguir teniendo control en su entorno, en sus cuidados y en su vida cotidiana, respetando su proyecto de vida, desarrollando sus capacidades y sintiéndose bien. Partiendo de sus necesidades, pero sobre todo, garantizando sus derechos y acatando sus preferencias y sus deseos en la atención y en la vida cotidiana».

Todo apunta a que la residencia dirigida por Enrique Rodríguez y coordinada por Juan Ochando no es «el modelo profesionalizado que busca y prioriza la calidad de vida de las personas», como reza en el Plan de Inspección de la Junta

En particular, el Plan General de Inspección de los servicios sociales 2020-2021 atenderá de manera relevante, entre los distintos aspectos de la atención directa basada en la prevención y el cuidado integral y continuado, que esté garantizada una ingesta de alimentos adecuada en cantidad y calidad, que responda y se adecúe a las necesidades personales, y que «los centros y servicios prevengan episodios de desnutrición y malnutrición mediante el uso de herramientas de evaluación y seguimiento del estado nutricional de las personas usuarias».

Por ello, en todos los servicios y centros de servicios sociales ha de garantizarse «la preservación de la dignidad, el respeto a las diferencias, la libertad y la igualdad de todas las personas usuarias, especialmente de las más vulnerables», y además «procurar su empoderamiento para que se sientan respetadas y valiosas», según el Decreto.

«No existe una situación de emergencia»

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, Rocío Ruiz, declaró el pasado 28 de marzo que, “aunque está demostrado que este colectivo es el más vulnerable a la exposición al coronavirus, no existe una situación de emergencia en estos momentos en las residencias andaluzas”. Ese día ya habían fallecido los 24 ancianos de la Residencia Joaquín Rosillo (29 según fuentes cercanas a EL LIBRE).

Ruiz, desaparecida durante largo tiempo durante las semanas duras de la pandemia, recordó que incluso antes de que se decretase el estado de alarma, la Junta de Andalucía se adelantó a los hechos tomando medidas como la suspensión de las visitas en los centros residenciales y el cierre de los Centros de Participación Activa (antes Hogares del Pensionista): “Esta medida fue determinante para evitar la propagación del virus entre nuestros mayores, porque aunque se trata de población de riesgo y, lamentablemente, se van a dar más casos, tenemos 45.000 personas mayores en residencias y el índice de positivos es muy bajo”. Pero esa medida no evitó que murieran 24 ancianos en el centro de San Juan (según otras fuentes, la cifra de decesos sería casi el doble).

Mientras en la Joaquín Rosillo cundía el pánico entre trabajadores y mayores por los cerca de 80 contagios existentes, y la situación se agravaba en otras residencias andaluzas, Rocío Ruiz hacía una llamada a la calma: “Es necesario enviar un mensaje de tranquilidad a las familias, porque todas estas personas están muy bien atendidas. Si se dan casos de positivos por Covid-19 es porque se están produciendo en todos los ámbitos, pero los centros están perfectamente coordinados con la Consejería de Salud, que ha establecido un puesto de enfermería de enlace, hay suficiente personal sanitario y se están llevando inspecciones tanto por parte de esta Consejería como por la nuestra”, señaló
la consejera.

Si la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales realizó la inspección oportuna en la Residencia Joaquín Rosillo y observó su método de trabajo, tenía que haber tomado medidas drásticas para solucionar la ausencia de un servicio de cuidado del mayor de calidad que allí imperaba, según distintos testimonios de familiares de residentes.

El caso de la madre de Silvia

Silvia tenía a su madre en este centro geriátrico con un estado avanzado de Alzheimer. Lamentablemente, murió el 27 de marzo por Covid-19. «Ha sido una muerte que, para nosotros, era lo mejor que podía pasarle, porque habría sido horrible seguir en ese estado», confiesa con tristeza.

La gestión de la pandemia en este lugar ha sido errática. El bicho campó a sus anchas por sus habitaciones hasta contagiar a un mínimo de 79 personas y provocar el deceso de un mínimo de 24 ancianos. Uno de ellos, la madre de Silvia, sufrió una atención mediocre antes de la pandemia.

El colmo de la negligencia es que haya un brote de sarna (por un fallo clamoroso en la limpieza de las zonas comunes) y no se le comunique a las familias de los enfermos durante meses. Silvia puede probarlo, porque tiene en su poder el informe de la dermatóloga privada que certifica la enfermedad. Los enfermeros de la Residencia Joaquín Rosillo estuvieron tratándola con permetrina de forma clandestina.

Otros familiares de residentes aseguran que la dirección del centro compra pañales «de ínfima calidad», una praxis inadmisible por parte del Plan de Inspección antes mencionado. Además, denuncian falta de personal, es decir, que los auxiliares de enfermería tenían que levantar y acostar a los ancianos con rapidez, «lo que provocaba edemas en las piernas de algunos de ellos». Y eso no casa con esa excelencia puesta en negro sobre blanco tanto en el Decreto de Inspección de Servicios Sociales del año 2018 como en el Plan de Inspección 2020-21.

Lidia Merino ayuda a la ocultación

«Detectar las entidades, servicios y centros de servicios sociales que incumplan la normativa vigente con actuaciones que vulneren los derechos de las personas usuarias, a la seguridad de las mismas, así como a la salubridad e higiene». Todo apunta a que este punto del Decreto se ha cumplido en la Residencia Joaquín Rosillo con el brote de sarna y con la falta de personal.

Otra familiar que prefiere quedar en el anonimato apunta que la psicóloga del centro, Lidia Merino, desmintió que se dieran de baja 20 trabajadores tras el fallecimiento de 15 mayores en enero de 2020. Un audio de Whatsapp del director del centro, Enrique Rodríguez, al que ha tenido acceso EL LIBRE confirmó la baja masiva, unos por dar positivo por coronavirus y otros, por miedo al contagio en la residencia más infectada de Andalucía. En el próximo artículo, se darán los detalles reveladores del contenido de ese documento auditivo.