Justicia, libertad y democracia en España: las grandes ausentes

Dice James Madison (El Federalista, número 51) que “si los seres humanos fuésemos ángeles, no haría falta un gobierno; y si estuviésemos gobernados por ángeles, no haría falta tener controles externos o internos en el gobierno”

Pero no lo somos, y cualquier sistema político que no tenga en cuenta en su diseño y fundación la famosa frase de Lord Acton de que «el poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente», es decir, que no esté basado en la desconfianza hacia la naturaleza humana, está abocado al fracaso, porque cuando se ostenta poder, las tentaciones son permanentes y considerables. De hecho, los bienintencionados que ingresan en un partido político en la partidocracia española, se corrompen o son marginados, al no existir mecanismos que lo impidan.

Igualmente decía J. Madison que “no se puede negar la naturaleza expansiva del poder, y por ello debería ser frenado para evitar que exceda los límites que se le han asignado”, y que, para preservar la libertad, es esencial que cada poder posea una voluntad propia, y eso sólo es posible si cada poder puede actuar de forma independiente y diferenciada. Es decir, “cada rama debería estar organizada de tal manera que sus miembros tengan la menor influencia posible en el proceso de nombramiento de los miembros de las otras ramas”.

Sin embargo, en España pueden observarse disputas entre los partidos políticos por hacerse con los nombramientos del órgano de gobierno de jueces y magistrados, o cómo dentro de los partidos intentan imponer a “sus candidatos” en las listas para las Cámaras Legislativas o en los nombramientos en cargos del Ejecutivo. Es decir, la permeabilidad entre los poderes del Estado es absoluta, sin límites, a través de los partidos de Estado.

La nación española no pinta nada en estos nombramientos ni en el control de los votados tras las elecciones. Por este motivo, ni el Congreso ni los Parlamentos autonómicos pueden ser denominados Cámaras de Representantes, porque en ningún caso los nombrados representan a la nación desde el momento en el que los españoles no pueden elegirlos directamente. Es tan obvio y disparatado a su vez, que resulta asombroso que sea admitido por la mayoría de la nación en su propio perjuicio, votando listas de partidos como si no les afectara, sin vislumbrar las injusticias que inevitablemente sufrirán.

Y todo esto ocurre porque principios como los mencionados anteriormente se marginaron en la elaboración de esa mal llamada Constitución del 78. Y es lógico que pasara, dado que la nación española no tuvo oportunidad alguna de participar en la elaboración de lo que debía ser su Constitución, sino que todo se dejó bien atado para que un grupo ínfimo de la nación, que se autootorgó una representación inexistente, elaborara ese texto para su beneficio particular y el de ciertos grupos simbióticos. El resultado fue la instauración de una partidocracia, es decir, la tiranía de una minoría de la nación española sobre el resto. Sin embargo, a pesar de proclamar que España se constituye en un Estado democrático (artículo 1), para que una forma de gobierno pueda ser denominada “democrática”, debe contar con los mecanismos apropiados para impedir que la tiranía de cualquier mayoría o minoría de la nación se imponga al resto, y esos mecanismos están ausentes en dicha Constitución.

Por otro lado, las libertades y derechos que proclama esa Carta otorgada del 78 son papel mojado si en el mismo texto no se prevén los mecanismos adecuados para que puedan ser efectivos. Y esa Carta otorgada del 78, insisto, carece de esos mecanismos esenciales. Es tan evidente esa carencia que causa vergüenza ver a tantos jueces, fiscales y demás funcionarios, incluidos catedráticos y profesores de nuestras universidades y otros centros educativos, defendiendo esa mal llamada Constitución del 78, como si debieran sus nóminas y sus carreras a los partidos políticos. ¿O sí se las deben?

¿De verdad creen que sin una justicia independiente es posible que los derechos y libertades puedan ser efectivos? ¿De verdad creen que habiendo diputados del Congreso puestos a dedo por el jefe de su partido y que, a su vez, son miembros del Gobierno (es decir, se controlan a sí mismos), pueden esperarse leyes y reglamentos justos? ¿De verdad creen que los diputados que sólo representan a su jefe de partido y no a la nación van a trabajar para beneficio de esta? De la obscenidad política sólo pueden nacer injusticias para la nación española.

Además de comprobar que la corrupción en España es sistémica (origen en el sistema partidocrático), conclusión obtenida en base a mi experiencia como investigador y denunciante de corrupción durante más de 25 años, he trabajado codo a codo con muchos políticos de todos los colores en la Administración pública durante 30 años (soy funcionario de carrera de un Cuerpo Superior), y puedo asegurar que muy pocos políticos piensan en el bien de los ciudadanos y en la justicia, salvo algunos contados con los dedos de una mano, que acabaron marginados o corrompiéndose. Al contrario, los políticos de los partidos españoles actúan exclusivamente para asegurarse poder o influencia en su partido y la ocupación de algún cargo público, haciendo lo que sea por perpetuar a su partido en el poder. No hay más, y ocurre así porque el sistema partidocrático consagrado en esa Carta otorgada del 78 lo permite sin consecuencia alguna, al no existir separación de poderes ni tener representantes y, por tanto, al no tener control alguno sobre las distintas ramas del poder del Estado por parte de la nación española.

España está abocada al fracaso por el desconocimiento e inexperiencia de la mayoría de sus ciudadanos, por sus prejuicios ideológicos que le impiden ver más allá del voto a partidos que se autoidentifican con dichas ideologías, o porque muchos españoles se han acostumbrado a vivir del Estado (incluidos los políticos y allegados), o incluso por miedo a lo desconocido, es decir, miedo al cambio de esta partidocracia por una democracia formal que nunca han conocido, miedo que alimentan los partidos interesadamente.

“La justicia siempre ha sido y será la finalidad tanto de un gobierno como de la sociedad civil. Siempre se busca la justicia, y se persigue hasta que se consiga, o hasta que uno pierde la libertad en el intento”, decía Madison. Y si el sistema político establecido en la mal llamada Constitución del 78 no tiene como fin la justicia, al carecer de los mecanismos necesarios para ello, ¿qué debe hacer cada español para que así sea?

España, ante la ausencia de los mecanismos oportunos, corre siempre el grave riesgo de derivar hacia un gobierno absolutamente tiránico impuesto por la mayoría o conjunto de minorías en perjuicio del resto de la nación española, sin posibilidad alguna de evitarlo (salvo con violencia en las calles, que debe evitarse a toda costa). Creen algunos españoles que la UE no lo permitiría, sin siquiera plantearse que un gobierno tiránico puede sacar a España de la UE y de cualquier otra institución internacional. Igual que España ha firmado numerosos tratados internacionales, ¿qué impide que mañana un gobierno tiránico deje de suscribirlos? ¿Tan difícil es entender que el futuro de España está en peligro si la nación no elimina ese riesgo con un periodo de libertad constituyente, única vía para instaurar una democracia formal que posea esos necesarios mecanismos de autoprotección?

Tras esta reflexión, cada uno pensará y hará lo que estime oportuno, pero la verdad sólo tiene un camino, y la nación española la descubrirá estrellándose si antes no consigue cambiar esta partidocracia por una democracia formal.