El PSOE de Andalucía prepara acciones penales contra la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía por las contrataciones exprés ilegales y denuncia la ausencia de responsabilidades políticas por la “grosera” irregularidad del consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, en la colocación de 4.500 personas en la Junta con el único mérito de mandar rápidamente un correo electrónico
El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, José Fiscal, exige que, de manera inmediata, «se paralicen las instrucciones al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) mediante las que se pretende continuar con el modus operandi de las contrataciones exprés ilegales”, alertando de que PP y Cs “pretenden dar viso de legalidad para normalizar” estas prácticas anuladas por los tribunales por irregulares.
El dirigente regional socialista ha avanzado que el PSOE de Andalucía ultima acciones de carácter penal por las contrataciones exprés, con el objetivo de “dirimir responsabilidades políticas” después de que sucesivas sentencias judiciales hayan certificado la “ilegalidad clara” de esta práctica “grosera” que permitió a Moreno Bonilla y a su Ejecutivo colocar en la Junta a 4.500 personas con el único mérito de enterarse y enviar rápido un correo electrónico. Sindicatos como Comisiones Obreras, CGT, CSIF o SAF ya denunciaron en su día estas prácticas ilegales.
«Vulneración grosera»
“Con este escándalo no puede ser que en el Gobierno andaluz no pase nada”, ha afirmado Fiscal, que ha cuestionado si el presidente andaluz no tiene nada que decir: «¿Bendodo no va a presentar su dimisión? ¿Por qué quienes decían que venían a regenerar no exigen esas responsabilidades ante la vulneración grosera de la normativa certificada por los tribunales en estas contrataciones exprés auspiciadas por la Consejería de Presidencia?».
EL LIBRE se está haciendo eco desde junio del año pasado de las irregularidades que comportaban las convocatorias exprés de los vigilantes de la playa y del resto de categorías que se sometieron a esta práctica que atenta contra derechos constitucionales fundamentales. Los principios de igualdad, mérito, capacidad, transparencia y seguridad jurídica deben presidir todo procedimiento de concurrencia competitiva que se celebre ante una Administración Pública. Y, en la contratación de esos 4.500 trabajadores de la Junta, esos preceptos no se cumplieron.
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