El Informe del Defensor del Pueblo Andaluz de 2023 en materia sanitaria resume las carencias y los problemas que aquejan a los ciudadanos. En este primer capítulo, el foco se centra en la Atención Primaria
A lo largo de su desarrollo, el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, describe los obstáculos de la Atención Primaria; las dificultades generadoras de listas de espera y de dilaciones en los tiempos de respuesta asistencial; la especial incidencia que provoca en el sistema la insuficiencia de especialistas; y la pendencia de convocatoria del concurso para la adjudicación de las oficinas de farmacia, entre otros temas preocupantes.
La Atención Primaria, a lo largo de 2023 ha seguido en la tónica de provocar quejas por su inaccesibilidad, procedentes de todas las provincias andaluzas, revelando los problemas que enfrentan los andaluces en algunos distritos sanitarios, zonas básicas de salud, o en centros de salud y consultorios concretos.
La mayor parte de las denuncias individuales se han referido a las dificultades para la obtención de cita con el médico de familia (presencial o telefónica), a través de cualquiera de los procedimientos establecidos para ello que, además del tradicional de acudir al centro de salud con dicho objeto, son la aplicación o el teléfono de Salud Responde, así como el teléfono del propio centro de salud.
Serias dificultades para coger cita
La mayor parte de las denuncias individuales se han referido a las dificultades para la obtención de cita con el médico de familia (presencial o telefónica)
Ocurre que, desde hace mucho tiempo, la ciudadanía manifiesta que la última vía (el teléfono del centro de salud), es «un instrumento inoperativo, dado que nadie responde las llamadas y ni siquiera se oyen sonar los teléfonos en el centro», denuncia Maeztu. Mientras, las otras dos formas de demanda de atención sanitaria están restringidas a la asignación de cita médica cuando existe disponibilidad de agenda en los siguientes 15 días. Como quiera que en muchos centros la demanda lo impide, queda únicamente abierta al paciente la alternativa tradicionalista de desplazarse presencialmente a Atención a la Ciudadanía de su centro de salud, donde le asignarán cita médica ordinaria, cita médica no demorable o le derivarán a la consulta de acogida, en su caso, para que el personal de enfermería a su cargo valore si procede la resolución con la prescripción de cuidados de enfermería o, en su defecto, el nivel de prioridad de la asistencia precisada de atención médica y la canalice, bien de forma urgente, bien asignando cita presencial para consulta no demorable.
«Insuficiencia de personal facultativo en relación con la intensidad de la demanda»
«En definitiva, un verdadero cambio organizativo en las vías de acceso que conocíamos y transitábamos, urgido por la insuficiencia de personal facultativo en relación con la intensidad de la demanda que, conforme apreciamos, no parece contentar ni a personas usuarias ni a personal médico de este nivel. Esto genera mucha confusión e incomodidad a las primeras e incrementa la presión asistencial de los segundos, dado que a la postre todo lo que es competencia del facultativo y no admite cita ordinaria programada por agenda, acaba derivando en la solicitud de atención no demorable o colapsando las urgencias de Atención Primaria, convertidas de facto en una jornada más de pasar consulta«, revela el Defensor del Pueblo Andaluz en el informe de 2023.
Este proceder provoca, asimismo, una ruptura del vínculo y de la relación médico-paciente, «a la que tantas veces hemos apelado como elemento connatural» a la atención sanitaria del ámbito primario.
Un efecto añadido, que simplemente cita en esta ocasión al tener previsto su completo análisis en 2024 a la luz de los informes recabados y de la normativa de aplicación, es el que viene planteándose a esta institución por las personas que han visto frustrado el acceso a la incapacidad transitoria y perjudicados sus derechos, por la imposibilidad de obtener cita de consulta médica para la pertinente valoración del proceso. «Reservamos este asunto a la próxima dación de cuenta parlamentaria», añade Maeztu.
Mala gestión
En el germen de los problemas de accesibilidad, como es notorio, se encuentra la insuficiencia de los especialistas de Atención Primaria, ya médicos de familia ya pediatras, que no permiten contar con una dotación completa de las plantillas de determinados centros de salud y consultorios y que dejan expuesto cómo los facultativos que prestan servicio en los mismos se ven en la tesitura de repartirse los cupos de otros compañeros cuando sobreviene cualquier eventualidad de la vida ordinaria (jubilaciones, incapacidad transitoria de larga duración, vacaciones, permisos o reducciones de jornada).
Mucho se ha continuado hablando en 2023 de esta falta de profesionales sanitarios en el ámbito primario, acuciada por una previsión de jubilaciones de gran envergadura, que preocupa seriamente a esta institución, ante el peligro que representa y las dificultades que observa en su contención.
Entre las medidas adoptadas por los responsables de la organización de los servicios públicos de salud, dirigidas a paliar el déficit de profesionales de Atención Primaria, Jesús Maeztu está al tanto de las renovaciones de contratos eventuales del Servicio Andaluz de Salud, con origen en los llamados refuerzos COVID, como complemento de la Oferta Pública de Empleo de estabilización y de las convocatorias de concursos de traslados.
De forma novedosa, el Acuerdo de 4 de julio de 2023, del Consejo del Gobierno, exime del requisito de la nacionalidad, previsto en el artículo 106.1.a) de la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía, para la realización de nombramientos de carácter temporal del personal médico especialista y personal de enfermería extranjero no comunitario por el Servicio Andaluz de Salud, que se ha reproducido para 2024 por el consecuente Acuerdo de 5 de diciembre de 2023, del Consejo de Gobierno.
Dichos acuerdos permiten al SAS nombrar subsidiariamente a personas extranjeras no comunitarias tras haber agotado las posibilidades de contratación de personas que cumplan con el requisito de nacionalidad y condicionado a la inexistencia de profesionales de estas últimas.
En su texto se califica como situación endémica la escasez de personal médico especialista y de enfermería en determinadas zonas geográficas y especialidades, así como en determinados períodos de crecimiento puntual de la demanda asistencial, constatando que se prolonga en el tiempo más allá de los períodos vacacionales del personal sanitario.
Como causas se citan el escaso atractivo profesional de determinadas plazas (Medicina de Familia, Pediatría de Atención Primaria o Enfermería, en zonas rurales alejadas geográficamente de las capitales de provincia andaluzas y del resto de los grandes núcleos de población); el mayor número de jubilaciones de profesionales sanitarios acordes a la demografía; y el desajuste en la formación del número suficiente de profesionales sanitarios que asegure el relevo generacional en algunas categorías.
Maeztu solicita «medidas reactivas»
Analizadas dichas causas, «entendemos que es inevitable el merecido acceso a la jubilación de los facultativos de primaria y, por tanto, irreversibles sus consecuencias, pero valoramos que sí admiten, en cambio, medidas reactivas las otras dos razones, cuya cobertura (de las plazas menos demandadas) y ajuste (de los profesionales en formación), dependen de las decisiones organizativas y de potenciación de los recursos humanos competencia de los responsables públicos», sentencia el Defensor del Pueblo Andaluz.
A colación de ello, existe previsión en curso de regulación normativa, mediante el Proyecto de Decreto por el que se aprueban las bases generales que han de regir el concurso extraordinario para la provisión de puestos de difícil cobertura en los centros e Instituciones Sanitarias del Servicio Andaluz de Salud.
El proyecto, que tiene en mente las plazas de Atención Primaria en las zonas rurales, prevé la convocatoria de los puestos de difícil cobertura a través de un concurso extraordinario, con un específico baremo de méritos, que permite obtener plaza fija en dichas vacantes, vinculado a un compromiso de permanencia temporal en el destino obtenido e incentivos profesionales (formación continuada, reconocimiento, desarrollo profesional y mejoras retributivas por complemento de carrera profesional, en los procesos de movilidad voluntaria).
Compromiso temporal de permanencia
La calificación de puesto de difícil cobertura ya preexistía en la normativa y en los Planes de Ordenación de Recursos Humanos del Servicio Andaluz de Salud, sujeta a criterios objetivos predefinidos y determinados en las correspondientes resoluciones de la Dirección General de Profesionales de la agencia, concentrándose en el entorno rural las Zonas Básicas de Salud (ZBS) que admiten encaje en el concepto.
La novedad ahora es la regulación reglamentaria por decreto, los beneficios profesionales proyectados y, desde luego, el elemento determinante, el compromiso temporal de permanencia en el puesto obtenido en el concurso.
Esta previsión debería ofrecer una respuesta acorde con el derecho a a la protección de la salud a zonas como, entre otras, la Zona Básica de Salud de Estepa, cuyas alcaldías trasladaron a Maeztu las dificultades que atraviesan para poder contar con médicos de familia y pediatras en los centros de salud y consultorios de los municipios que forman parte de la misma.
En la reunión mantenida en octubre de 2023 con representantes consistoriales en la sede de la institución, expresaron estas deficiencias, que asimismo habían sido trasladadas en numerosas quejas vecinales de forma previa y posterior al encuentro.
«La insuficiente atención primaria fue acreditada por los interesados remitiendo una relación completa de la situación de la plantilla facultativa en todos los centros de la zona básica», integrada por un centro de salud (el de Estepa) y 10 consultorios (Badolatosa, Casariche, Gilena, Herrera, La Roda de Andalucía, Lora de Estepa, Marinaleda, Matarredonda, Pedrera y el consultorio auxiliar de Corcoya).
El peligro de la privatización de servicios públicos básicos
El Defensor del Pueblo Andaluz deja constancia también de otras reivindicaciones colectivas, como las expresadas para manifestar su preocupación por la Atención Primaria de salud en lo atinente a la escasez de sus profesionales y alertados ante el riesgo de que esta carencia «propiciara su progresiva privatización, como reflejaba la previsión incluida en la Orden de 23 de febrero de 2023, por la que se actualiza y desarrolla el sistema de presupuestación y tarifación de los convenios y conciertos que suscriba el Servicio Andaluz de Salud para la prestación de asistencia en centros sanitarios», subraya Maeztu en el informe.
Asimismo, las asociaciones expresaron la naturaleza especial de la Atención Primaria, destacando la labor del médico de familia en beneficio del sistema sanitario público, el especial vínculo y función que desempeña y la quiebra de todos estos elementos que supondría el recurso a medios privados para la dispensación de este tipo de atención sanitaria.
El Defensor del Pueblo Andaluz comparte plenamente esta consideración que, no en vano, generó una gran contestación en la opinión pública «hasta ser reconsiderada por los responsables de la Administración sanitaria», abordándose finalmente su rectificación por Resolución de 8 de enero de 2024, de la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda someter a información pública el proyecto de orden por la que se modifica la Orden de 23 de febrero de 2023, por la que se actualiza y desarrolla el sistema de presupuestación y tarifación de los convenios y conciertos que suscriba el Servicio Andaluz de Salud para la prestación de asistencia sanitaria en centros sanitarios.
Por qué la impostura
Se ha convertido
En un valor de mercado.