Iberdrola y Endesa subirán sus tarifas a las grandes empresas y a clientes industriales como respuesta a las medidas del Gobierno

Iberdrola revisará al alza las tarifas de clientes industriales y grandes empresas con contratos a largo plazo afectados por las medidas aprobadas por el Gobierno para amortiguar la subida de la luz, al tiempo que ha decidido paralizar proyectos renovables por la bajada de su rentabilidad. Por su parte, los expertos de Endesa también andan afanados en encontrar la fórmula para mantener el enorme beneficio de miles de millones que logran anualmente a costa de sus clientes. Ninguno de estos dos gigantes sabe lo que es la empatía social

Para amortiguar el impacto de la subida del mercado mayorista eléctrico (pool) en el recibo de la luz de hogares y empresas por los altos precios del gas, el Gobierno aprobó un real decreto ley que, entre otras medidas, obliga a nucleares, hidroeléctricas y renovables sin primas a devolver los beneficios extra que generen hasta marzo de 2022 al calor de los altos precios de un recurso que no usan.

Esta medida levantó las críticas de la práctica totalidad del sector por considerar que ataca a la viabilidad de los contratos bilaterales de suministro cerrados hace meses a precios fijos y muy inferiores a los del pool, actualmente en máximos históricos.

Tras la entrada en vigor del real decreto, Iberdrola está informando por carta a los grandes clientes de que esta normativa «impone» un coste a las citadas plantas que se calcula como la diferencia entre el precio actual del pool y una situación de precios inferiores basada en un menor coste del gas natural, han explicado desde la eléctrica a Efe.

Revolución en el mercado eléctrico

«Muchas instalaciones sin emisiones contaminantes que ya tenían cerrado un precio fijo a largo plazo con clientes y, por lo tanto, no ingresan los elevados precios del mercado spot, se van a ver afectadas por este nuevo pago«, según la compañía.

Ese nuevo «nuevo coste» representará más de 70 euros/megavatio hora (MWh) y, considerando el precio del suministro de electricidad establecido en el contrato, «se produce una situación de manifiesto desequilibrio» por una circunstancia «extraordinaria, imprevisible y sobrevenida» que hace insostenible su continuidad (de las prestaciones del contrato) en las condiciones económicas aplicadas, señala Iberdrola en las cartas.

«La voluntad es el mantenimiento del contrato en condiciones en las que quede restablecido el equilibro económico. Por ello, les emplazamos a negociar las condiciones de económicas que se aplicarían de forma temporal para el periodo en que estén vigentes los efectos de las medidas del real decreto-ley», añade Iberdrola.

Situación tensa

La eléctrica apunta en sus misivas que, en todo caso y sin perjuicio de su aplicación temporal, en el momento en que estas medidas pudieran ser revertidas por decisión del Gobierno o de los tribunales «se procederá a regularizar el precio procediendo a la devolución del importe que corresponda».

Parón en proyectos de renovables

Por otra parte, ha informado a sus proveedores de que ha decidido paralizar los procesos de licitación en curso de bienes y servicios asociados a la construcción de nuevos proyectos renovables en España hasta haber llevado a cabo una evaluación en detalle de su viabilidad económica tras la entrada en vigor del real decreto.

Según la compañía, esta decisión es el resultado de un primer análisis sobre el impacto que el real decreto tiene respecto a la rentabilidad de instalaciones renovables (muchas de las cuales se construyen mediante contratos de suministro a largo plazo conocidos como PPA).

En la comunicación, la compañía detalla que quedan excluidos de la paralización los proyectos que tengan reconocido un marco retributivo (subastas o primas).

Endesa también mueve ficha

Según han explicado a Efe fuentes de Endesa, pese a la situación excepcional de elevados precios en los mercados mayoristas, siempre han mantenido «la validez de las condiciones de sus contratos con precio fijo».

Desde los inicios de la comercialización hasta hoy, Endesa, una vez firma un precio fijo, realiza las coberturas necesarias para poder garantizar a sus clientes los compromisos asumidos, «gestionando con profesionalidad los riesgos de estos mercados con independencia de su evolución», según la misma fuente.

Sin embargo, el real decreto-ley 17/2021 «empuja a Endesa a una nueva situación no provocada por tensiones competitivas del mercado sino por el regulador, ya que anula de facto la validez de las coberturas realizadas».

A modo de ejemplo, desde la compañía han explicado que si un cliente firmó en diciembre de 2020 para su suministro de 2022 con una referencia de precio-energía de 50 euros megavatio hora (MWh) por esta energía, la compañía no ingresará el precio de los mercados spot (diario), actualmente unos 140 euros.

La nueva regulación no tiene en cuenta esta realidad y obliga a la central a minorar sus ingresos como si estuviera vendiendo su energía en el mercado, con lo que la operación arrojaría un ingreso negativo antes de ningún gasto o amortización de 40 euros/MWh (incluida una minoración por decreto de 90 euros/MWh).

«El real decreto-ley no solo nos deja esta minoración de ingresos, sino que también tendremos que subastar de manera obligatoria parte de la generación, que, como en el caso anterior, también está comprometida con otros clientes a precio fijo provocando el mismo efecto que hemos explicado», han subrayado desde Endesa.

Por ello, la compañía está analizando las diferentes alternativas para mitigar el impacto sufrido como consecuencia del real decreto-ley y, por supuesto, entre ellas está «la renegociación de los contratos -se entiende que al alza- con los clientes cuyos contratos de precio fijo estén cubiertos por las plantas afectadas por la nueva legislación«, han apuntado las mismas fuentes.

Con el mecanismo de minoración de beneficios de nucleares, hidráulicas y renovables, el Ejecutivo calcula captar unos 2.600 millones de euros, que se destinarían a reducir la parte regulada del recibo de la luz y de los que el 80 %, unos 2.000 millones, corresponderían a Endesa e Iberdrola, según fuentes del mercado.

Vigilancia del Gobierno

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha afirmado que el Gobierno ve con «cierta preocupación» las cartas que están enviando las eléctricas a sus clientes con revisiones de tarifas que, a su juicio, no están justificadas y, por eso, están analizando la situación.

«Es probable que la revisión de las tarifas la tuvieran planteada incluso antes de la adopción de estas medidas, pero queremos entender qué es lo que están haciendo y por qué, porque pensamos que no está justificado este anuncio», ha dicho la ministra durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso.