El Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), aunque desconocido para la mayoría, afecta a más de un millón de españoles, porque es la referencia para subvenciones, ayudas y subsidios
Nace en 2004, en el Real Decreto Ley 3/2004, de 1 de julio, firmado por Zapatero, con el objeto de servir de referencia para subvenciones y ayudas, sustituyendo al SMI. Pero en estos años la brecha entre uno y otro es aparatosa:
- IPREM 2004: 461 € / SMI 2004: 461 €
- IPREM 2025: 600 € / SMI 2025: 1.184 €
A simple vista se puede observar que los cambios del Iprem no guarda relación con la subida de los precios de bienes y servicios en estos años.
El objetivo originario de este indicador ya estaba expuesto con claridad en el Capítulo I del mencionado Real Decreto, que no es otro que la desvinculación del SMI de otros efectos que no fueran los laborales. De la misma manera, se puede entender que es lícito, incluso justo, que el SMI esté desvinculado del Ingreso Mínimo Vital, sin que ello no haya sido obstáculo para la mejora de ambos y, de hecho, han mejorado los dos por encima del IPC de forma independiente en estos años.
Lo que no resulta nada comprensible es que el Iprem haya tenido más años de congelaciones que subidas en estos últimos 20 años, perjudicando claramente a las rentas medias-bajas. En esta cuestión se encuentra una gran sintonía entre el gobierno de Rajoy y el de Sánchez. Porque el Iprem lleva un recorrido impoluto, salvo excepciones, su trayectoria ha sido muy clara: o tenías leves mejoras por debajo del IPC o congelaciones. Ya vamos por el segundo año de congelación consecutivo, ¿han visto al PP protestando?
Es verdad que el año pasado refunfuñó la señora Yolanda Díaz, con el objeto que se subiera un 3% (ni siquiera solicitó que se actualizara a las subidas del IPC de estos años), aunque parece que lo hiciera de cara a la galería, porque en 2024 siguió congelado. Es de agradecer que, en este año 2025, no se hayan molestado siquiera en pedir su mejora. Al fin y al cabo, son cuestiones de matrimonios mal avenidos; para una de las cosas que PSOE y PP actúan en la misma onda, había que ser prudente ¡Caramba!
Otro ejemplo de partidocracia
Otro motivo de un acuerdo implícito de la partidocracia versa sobre los gastos en defensa. De hecho, recientemente, Sánchez se sacó de la chistera que este mismo año 2025 se alcanzaría el 2% prometido del PIB. Por lo tanto, este año se aproximará a la friolera de más de 33.000 millones de euros.
No es justo que la congelación del Iprem, dos años seguidos, se deba a la falta de presupuestos y, sin embargo, existan créditos a mansalva para otras cuestiones. Es obvio que, en el tema de gastos en Defensa, hay coincidencias y sintonía entre el PP y el PSOE. Suena la misma melodía que están acordando en la Unión Europea, con la batuta de Úrsula von der Leyen. ¡Qué bonito es el amor!
«Virgencita, déjame como estoy»
Lo que nos lleva a una reflexión: si con un gobierno progresista, en una situación de bonanza económica, sigue esta situación discriminatoria con el Iprem, un indicador que sirve para calcular el umbral de ingresos en diversos ámbitos, como el acceso a ayudas públicas, subvenciones, becas, asistencia jurídica gratuita o el acceso a la vivienda social, parece sensato que la ciudadanía que se vea afectada se vaya aplicando el refrán: «Virgencita, déjame como estoy», más en un momento sociopolítico internacional tan convulso como el actual.
De momento, la subida de 2026 sigue en el aire si no hubiera tampoco presupuestos y, si los hay, será en torno a ese 3%, olvidando que es un indicador muy devaluado y las dos últimas congelaciones, por supuesto sin que a la oposición del PP les importe un comino corregir a los progresistas, por llamarlos de alguna manera, tal como se configura este tema.
La devaluación desbocada de este indicador, desde su nacimiento hasta la actualidad, genera desigualdad, que se une a un tercer aspecto en el que muestran complicidad entre PSOE-PP, de bastante importancia en nuestro Estado social, democrático y de derecho, ante unas instituciones públicas que debieran garantizar «la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales», porque su uso por las comunidades autónomas manifiesta diferencias en su aplicación para acceder a las ayudas, prestaciones o servicios públicos, porque esto consolida la falta de equidad por el lugar de residencia, por lo que asistimos a una doble discriminación.
Como conclusión, a este último aspecto se une la financiación autonómica, que comparte relación con el Iprem, porque el actual modelo también nace con Zapatero, en 2009, y se ha mantenido con Rajoy y Sánchez. Un modelo que perjudica a Andalucía, con el agravante de que estamos entre las comunidades con menor renta per cápita, la que aporta mayor número de diputados al Congreso y los dos últimos ministros de Hacienda, desde 2011 hasta la actualidad, me refiero a Cristóbal Montoro, hasta 2018, y la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, desde 2018 hasta la actualidad.
Lo más curioso es que las declaraciones de María Jesús Montero desde la Junta de Andalucía, durante el Gobierno de Rajoy en el Estado, eran para quejarse del mantenimiento de un modelo de financiación injusto para Andalucía. Lo mismo se puede decir en la actualidad, ya que el Gobierno andaluz del PP ha solicitado recientemente que se revise el modelo de financiación injusto. Conclusión: ¿de veras les corre sangre en las venas a los diputados andaluces en el Congreso de los Diputados, que, desde 2009, pone los intereses de la partidocracia por encima del territorio que les ha dado el escaño y representan?
