La asociación Justicia por la Sanidad, tras recibir las siete resoluciones de inadmisión del SAS, ha presentado las consecuentes reclamaciones en el Consejo de Transparencia de Andalucía, acreditando las groseras ilegalidades cometidas, que constituyen una burla inadmisible a los más de 9.000 socios de dicha asociación.
La asociación Justicia por la Sanidad se ha encontrado con algo inaudito y novedoso: el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha inadmitido siete solicitudes de acceso a información pública sobre su gestión, con resoluciones suscritas por su Directora Gerente, Valle García Sánchez, la cual se encuentra investigada judicialmente por presuntos delitos relacionados con contratos del SAS con empresas privadas. Mientras tanto, Juanma Moreno distrae a los andaluces con juegos de artificio y mucho dinero en publicidad institucional.
Dichas resoluciones de inadmisión del SAS aducen motivos tan insólitos como que su Unidad de Transparencia “está tramitando un total de 85 solicitudes de información pública”, y que atender la solicitud de la asociación le “llevaría a la misma a paralizar el resto de su actividad”, cuando la Ley de Transparencia permite prorrogar el plazo de resolución de las solicitudes por otros 20 días hábiles para entregar la información solicitada una vez iniciada la tramitación (en total, serían 40 días hábiles, casi dos meses de plazo).
Para colmo, la información solicitada no la prepara la Unidad de Transparencia del SAS, que sólo debe tramitar la solicitud y la información que le entregue el órgano interno del SAS que sea competente con relación a la información solicitada. Por ejemplo, la información sobre recursos humanos del SAS corresponde a la Dirección General de Personal del SAS, no a la Unidad de Transparencia, y ni siquiera se menciona a aquel órgano en las Resoluciones de inadmisión.
También aduce la Directora Gerente del SAS, por ejemplo, no tener competencias sobre el Consorcio Sanitario Público del Aljarafe (CSPA), ¡un ente que está adscrito al SAS y cuya Dirección Gerencia tiene atribuidas legalmente numerosas funciones administrativas del mismo!, dado que este consorcio no dispone de estructura administrativa ni de personal. En cualquier caso, la Unidad de Transparencia del SAS podría haber derivado la solicitud de la asociación a la entidad adscrita al SAS, por así exigirlo la Ley de Transparencia, si consideraba que no era de su competencia. Ni siquiera con esta exigencia legal ha cumplido el SAS, lo que revela la arbitrariedad de su actuación y la más que presumible ocultación de datos.
Téngase en cuenta que la Junta de Andalucía financia al citado CSPA, cuyo Hospital gestiona una entidad privada de la Orden de San Juan de Dios, pasando de transferir 55,89 millones de euros en 2018 a 76,63 millones de euros en 2025, según los Presupuestos de la Comunidad Autónoma, un colosal aumento de financiación que posiblemente no case bien con la información que el SAS trata de ocultar sobre el CSPA.
Un dato importante a tener en cuenta es que, simultáneamente, la citada asociación solicitó informaciones similares a la Consejería de Salud y Consumo y a otras Consejerías, que sí han sido tramitadas y resueltas, pero en ningún caso inadmitidas. A mayor abundamiento, en 2018, cuando gobernaba el PSOE, el SAS entregó numerosa información sobre el CSPA a este articulista y presidente de la citada asociación, lo cual revela la opacidad en la que se ha instalado el PP en Andalucía, un hecho que sólo vemos los poquísimos ciudadanos que investigamos a la Junta de Andalucía desde hace muchos años, sin mirar el color de los gobernantes.
Estos hechos revelan la opacidad que ha venido a instaurar el gobierno del PP andaluz sobre los gastos del SAS, el organismo que más gasta en la Junta de Andalucía (más de 14.000 millones de euros), especialmente en recursos humanos y en contratos con empresas privadas.
“La arbitrariedad del SAS es propia de regímenes totalitarios, lo cual revela la corrupta naturaleza del sistema partidocrático instituido en España en 1978”
Que un órgano de la Administración inadmita la solicitud de un ciudadano (persona física o jurídica) alegando que tiene muchas solicitudes y que no puede atenderlas debidamente, o que mienta alegando que no tiene competencias, sólo puede deberse a una arbitrariedad propia de regímenes totalitarios y a un intento de ocultar la información solicitada, que debe ser aterradora, obligando a la citada asociación a reclamar al Consejo de Transparencia y a aumentar indebidamente la carga de trabajo de esta institución.
Con la presentación obligada de las correspondientes reclamaciones, el SAS ha conseguido demorar varios meses la entrega de la información solicitada que, como ha venido ocurriendo, deberá entregar finalmente, a la vista de las anteriores resoluciones del Consejo de Transparencia a favor de la citada asociación o de quien les escribe.
¿Se imaginan que todas las Administraciones Públicas fundamentaran las inadmisiones de todas las solicitudes de información de los ciudadanos con ese insostenible motivo de que su Unidad de Transparencia tiene mucho trabajo? Los ciudadanos no tienen la facultad de organizar debidamente los recursos humanos y la gestión de las Administraciones Públicas, sino que esa atribución la tienen sus altos cargos, y en el SAS la tiene su Directora-Gerente, Valle García Sánchez.
Según consta en la web de la Junta de Andalucía, la responsable de la Unidad de Transparencia del SAS es María de la Luz Fernández Sacristán, la cual fue Secretaria General del Servicio Andaluz de Empleo desde 2013 hasta 2017, y actuó como testigo en el caso judicial de la formación para el empleo, caso que acabó siendo archivado por la juez Núñez Bolaños tras sustituir en el Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla a la juez Mercedes Alaya.
Que la Directora Gerente del SAS haya inadmitido de forma tan arbitraria las solicitudes de información sobre su gestión presentadas por la citada asociación, constituye una burla y un capricho inadmisibles que no se merecen los más de 9.000 socios de la asociación que presido.
Como suelo exponer en mis artículos, estos hechos revelan, una vez más, que la corrupción en España es sistémica, un factor de gobierno, algo inherente al sistema partidocrático instituido en 1978 en España, el cual carece de mecanismos efectivos para evitar los abusos de poder de cualquier gobernante.
Mientras la mayoría de los españoles sigan perdiendo el tiempo con las izquierdas, centros y derechas, y sólo fijen su atención en los efectos y no en las causas de los graves problemas que padecemos, los políticos que pululan en los partidos y sus allegados seguirán aprovechándose de la ingenuidad de esa mayoría de votantes, que sigue creyendo que la solución a sus problemas está en cambiar a los gobernantes y no en el sistema político que establece las reglas de juego del poder.
Que tantos españoles sigan creyendo que la integridad en la política va a depender de la que pudieran poseer los gobernantes y gobernados, y no del sistema político, es de una ingenuidad aterradora, dado que la vileza es inherente a la naturaleza humana. Sin democracia, España seguirá siendo pasto de los corruptos y parlaenbaldes, que abusan del poder gracias al citado sistema partidocrático.
Son todos igual de corruptos, seguimos igual o peor que cuando Jesús empezó su lucha. Una vergüenza de políticos sinvergüenzas vividores y corruptos.
Qué aprenda la Marea Blanca «política»