Representantes del personal de las fundaciones públicas de investigación sanitaria, pertenecientes a la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía (FSS-CCOO Andalucía), UGT, Satse y Sindicato Médico Andaluz (SMA), ha remitido una carta al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, para que se desbloquee el convenio colectivo de estas fundaciones, que regula las condiciones laborales de 2.500 profesionales, aún paralizado por la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local
El primer convenio de las fundaciones públicas de investigación sanitaria dependientes de la Junta de Andalucía -Fundación Pública Andaluza para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla (Fisevi), la Fundación Pública Andaluza para la Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud (Fimabis), la Fundación Pública Andaluza para la Investigación Biosanitaria de Andalucía Oriental (Fibao) y la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud- tiene por objetivo unificar las condiciones de trabajo y los salarios de alrededor de 2.500 personas, entre investigadores y personal de apoyo.
«Existe una total disparidad de salarios entre las fundaciones e incluso dentro de cada una. Con este objetivo, se abrió una larga y compleja negociación durante un periodo de 18 meses (entre octubre de 2017 y abril de 2019), llegando por fin a un acuerdo de convenio», señala el responsable de las fundaciones de investigación sanitaria de la FSS-CCOO Andalucía, Luis González.
Rechazo de Juan Marín
El dirigente sindical mantiene que, como exige la Ley de Presupuestos de la Junta, el texto del convenio fue remitido a las consejerías de Hacienda y Regeneración para su visto bueno y fue rechazado por la de Regeneración, alegando que suponía un incremento de gasto. «Para llegar a esta conclusión y cuantificar el supuesto aumento de gasto, esta consejería hizo caso omiso de todas las medidas incluidas en el convenio que suponían minorar el coste del mismo y, además, cerró los ojos a un hecho fundamental. Salvo una parte de la Fundación Progreso y Salud, las fundaciones de investigación sanitaria no reciben ninguna transferencia de fondos de la Junta y se financian exclusivamente concurriendo a convocatorias de ayudas públicas y privadas para investigación», sostiene González.
El coste total el convenio supondría, según los últimos cálculos que se hicieron llegar a la Consejería de Regeneración, 237.587,99 euros, lo que no supondría ningún coste para el presupuesto de la Junta, «puesto que se cubrirían con fondos propios de las fundaciones», afirman desde los sindicatos. «Una cifra mínima, cuando el objetivo es regularizar la situación de más de 2.500 investigadores«, recuerda el líder sindical.
Aprobación del Parlamento
Asimismo, el escrito remitido por los representantes de las fundaciones públicas de investigación sanitaria al presidente de la Junta de Andalucía, desde el que le piden que desbloquee el convenio colectivo, hace referencia a dos cuestiones importantes. En primer lugar, a la reciente aprobación por parte de la Comunidad de Madrid del convenio colectivo que regula las condiciones de trabajo en sus 13 fundaciones públicas de investigación, «que tenían unas condiciones de desregulación y de disparidades salariales similar a la de las fundaciones de Andalucía». Y, en segundo lugar, a las conclusiones de la Comisión del Parlamento andaluz para la Reconstrucción Económica y Social de Andalucía, aprobadas por el Pleno del Parlamento de Andalucía el 24 de septiembre de 2020 que, entre otras cosas, disponen lo siguiente: «Aumentar la financiación de la investigación como piedra angular para adelantarnos a nuevas pandemias y como inversión en salud (…); potenciar los profesionales sanitarios investigadores y definir la carrera de investigación dentro del sistema de salud; promover un Pacto por la Ciencia y la Innovación para incrementar la inversión total en I+D+I hasta alcanzar la media de la Unión Europea en porcentaje del PIB (…); aumento de las partidas destinadas a los contratos predoctorales y postdoctorales ofertados por el sistema público de ciencia e innovación, incrementando tanto su calidad en términos de estabilidad y remuneración como su cantidad; aumento de las partidas destinadas a proyectos de investigación, especialmente en las líneas estratégicas del plan de reconstrucción del país (…); y mejora de la financiación estructural de los OPIs, el CSIC y los institutos de investigación universitarios».
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