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La sede de la Escuela Andaluza de Salud Pública, que se encuentra en Granada.

Salud

El comité de empresa de la Escuela Andaluza de Salud Pública reivindica el blindaje de los puestos de trabajo y la protección de los convenios

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El comité de empresa de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) ha solicitado a la Consejería de Salud y Familias que tenga en cuenta sus reivindicaciones en el anteproyecto de ley por el que se creará el Instituto de Salud de Andalucía (ISA), en el que está previsto que se encuadre este organismo dependiente de la Junta con sede en Granada

Según ha expuesto el comité en un comunicado, «demandas fundamentales de la plantilla están aún en el aire». Estas pasan por «una sede institucional en Granada, blindar los puestos de trabajo y la protección de los convenios que hay firmados».

Los representantes del comité de empresa están analizando el texto del anteproyecto de ley para «conocer el alcance de la nueva propuesta, que, de entrada, sí recoge las funciones y finalidad» de la EASP, según han indicado.

No obstante, han agregado que «otras reivindicaciones fundamentales de la plantilla no se hacen explícitas«, como son las relativas a la ubicación de la sede pues, han afirmado, «solo se detalla una única» en Sevilla, con «un centro» en Granada.

«No se aseguran los puestos de trabajo más allá de la fusión»

Además, «no se aseguran los puestos de trabajo más allá de la propia fusión, sin detallar los mecanismos de incorporación como personal laboral» del Instituto de Salud de Andalucía, han detallado, reclamando «un texto consensuado y claro que haga referencia al blindaje» de los mismos, «sin ambigüedades ni incertidumbres«.

El consejero de Salud, Jesús Aguirre, aseguró el pasado martes que los trabajadores de la EASP y de la Fundación Progreso y Salud «mantendrán la adscripción laboral que actualmente tienen«, además de señalar que esta reordenación «tendrá gasto cero y no habrá despidos». Pero el gasto cero no existe, porque ya solo crear los rótulos con el nuevo nombre del ISA y el nombramiento de los nuevos directivos costará dinero a las arcas públicas.


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