Juan A. D., un vecino jerezano de 61 años, sufre la enfermedad neurodegenerativa ELA y, por tanto, graves problemas de movilidad. Sus familiares vienen solicitando ayuda al Ayuntamiento de Jerez para un cambio de vivienda más accesible, ya que vive en un cuarto piso sin ascensor en la barriada de San Telmo, en la zona sur de Jerez.
Una vez más, las escaleras se convierten en el gran obstáculo para las personas que no pueden usar las piernas con normalidad. Y el deber de los dirigentes políticos es acabar con estas dificultades.
Según cuenta Isabel A. D., hermana de Juan, lleva casi siete meses sin poder salir a la calle, cuidado por su madre, de 91 años de edad. Juan forma parte de los 2,5 millones de personas con movilidad reducida que hay en España, de las cuales y según un estudio realizado por la Fundación Mutua de Propietarios en colaboración con la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe), 100.000 nunca o casi nunca salen de sus domicilios debido a la falta de acondicionamiento de los inmuebles en los que viven. Son, en su mayoría, enfermos, usuarios de sillas de ruedas o ancianos con alguna dolencia.
En este informe, se cifra en un 22% el porcentaje de personas con movilidad reducida que ha tenido que cambiar de domicilio por culpa de esta problemática.
Los principales obstáculos que encuentran son las escaleras junto a determinados elementos del portal o las zonas comunes. Además, según el informe, cuatro de cada 10 personas con movilidad reducida pasan muchos días seguidos sin salir de casa y un 43% de este grupo social pasa muchos días sin salir de casa, siendo uno de los principales motivos la falta de accesibilidad del inmueble en el que residen. De hecho, el 33% considera que, si su edificio estuviera más adaptado a sus necesidades, saldría con más frecuencia de casa, un porcentaje que se duplica en el caso del 18% de las personas con movilidad reducida que residen en edificios sin ascensor.
El estudio desvela que un 60% de los encuestados tienen problemas de movilidad sin ser usuarios de silla de ruedas, bien porque utilizan algún tipo de sistema de apoyo (muletas, bastón, andador…) o simplemente porque tienen una deambulación de forma inestable. El 38% utiliza silla de ruedas manual o eléctrica.
En su artículo 10.1 b), la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) impide que se pueda realizar una reforma en un inmueble, cuyo coste supere el valor de 12 cuotas ordinarias, si la mayoría de los propietarios se oponen a sufragarla. Si un anciano o una persona con movilidad reducida lo solicitan, siempre que el precio de la instalación no supere este límite, la reforma no requiere el acuerdo de la junta de propietarios. Si lo sobrepasa, la obra sí necesita del apoyo de, al menos, la mitad más uno de los vecinos.
Santiago Casal propone la elaboración de un censo de personas atrapadas en sus viviendas
El candidato de Andalucía x Sí, Santiago Casal, solicita la inmediata intervención de la delegada de Asuntos Sociales, Carmen Collado, y de la Junta de Andalucía para poner fin a la dramática situación de Juan: «No se trata de hacer política con esta historia y mucho menos campaña. Me alegra coincidir con otras formaciones políticas, como Ciudadanos, en la preocupación por las cientos y cientos de personas, enfermos y mayores que permanecen atrapados en sus viviendas en nuestra ciudad sin poder salir al exterior para hacer una vida normal».
El andalucista considera que, en esta campaña, deberíamos asumir un compromiso común todas las formaciones políticas «para la construcción de más viviendas sociales en las que se garantice la accesibilidad a este tipo de personas con restricciones de movilidad por distintas causas». Casal defiende que el Ayuntamiento intervenga, con el resto de las administraciones, para «acudir en auxilio de aquellos propietarios de viviendas que no tienen capacidad económica para asumir los cambios en la normativa«. Entiende que el Ayuntamiento tiene recursos «más que suficientes» para ayudar a Juan, que también es ayudar a su cuidadora, que es su madre y tiene 91 años.
Para fijar bien la dimensión del problema, Casal propondrá al resto de las fuerzas políticas la elaboración de un censo de personas atrapadas en sus viviendas en Jerez.
Por último, quiso hacer una llamamiento de colaboración a los medios de comunicación para que colaboren en la difusión del caso y posibiliten que tanto por la vía pública como por la privada se pueda conseguir una solución que permita a Juan tener una mayor calidad de vida en estos momentos delicados de su enfermedad.
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