El delegado territorial de Salud y Consumo de Granada, Indalecio Sánchez-Montesinos, se rebela contra el Defensor del Pueblo Andaluz

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, tras constatar que el citado delegado territorial ha optado por no compartir el contenido de su resolución sobre un expediente de queja notificada a este último, ha planteado una «discrepancia técnica» e incluirá dicho expediente de queja en el Informe Anual al Parlamento

Dice el Defensor del Pueblo Andaluz, en su comunicado de 22 de enero pasado dirigido al delegado territorial de Salud y Consumo, que «tras el análisis de la respuesta de la Delegación Territorial de Salud y Consumo a la Resolución formulada con fecha 2 de octubre de 2023, de la que le dimos traslado en su día, y sin perjuicio de no compartir los razonamientos que se contienen en la misma, que, en nuestra opinión, no desvirtúan los que se formulaban en la resolución que se dirigió a dicha Administración, concluimos que, con dicha respuesta, se plantea una discrepancia técnica en orden a la aceptación de la recomendación formulada por esta institución«.

Es decir, el delegado territorial no ha aceptado el recordatorio de deberes legales ni la recomendación ni las sugerencias primera y segunda que conformaban la resolución del Defensor del Pueblo Andaluz. Este último, ante la inesperada respuesta del rebelde delegado territorial, le ha anunciado que procederá a la inclusión del expediente de queja en el Informe Anual al Parlamento de Andalucía.

Este es el talante de los cargos públicos del nuevo gobierno que preside Moreno Bonilla, que, al igual que hacía el PSOE andaluz, usan el rodillo cuando obtienen la mayoría absoluta en el Parlamento andaluz, muy propio de tiranos.

Tal como publicó este diario el pasado 2 de agosto de 2023, en el artículo titulado La delegación territorial de Salud de Granada aparta a una funcionaria de la gestión de subvenciones tras denunciar ilegalidades internamente, la funcionaria fue apartada de sus funciones tras intentar ejercer su derecho legal a formular un voto particular en el acta de la Comisión de Valoración de las subvenciones para asociaciones de consumidores, con el que pretendía dejar constancia de una presunta ilegalidad, a lo cual se negó el presidente de dicha comisión, Francisco Luna Sempere, jefe del Servicio de Consumo, cuya actuación ha sido defendida por el citado delegado territorial por «ser de su total confianza», tal como le trasladó a la funcionaria denunciante de los hechos, lo cual, junto a las irregulares actuaciones que ha ejecutado dicho delegado, revela la incompetencia de este cargo público, dada que la ilegalidad cometida por dicho jefe de servicio era más que evidente.

Al comprobar dicha funcionaria, mediante varios hechos posteriormente acontecidos, que estaba recibiendo un trato indigno como trabajadora y funcionaria pública, denunció los hechos internamente a la secretaria general de dicha delegación, al citado delegado territorial, Indalecio Sánchez-Montesinos, y a la consejera de Salud y Consumo, Catalina García Carrasco.

Sin embargo, esta última se lavó las manos y trasladó el escrito al delegado territorial de Granada, que estaba participando en los hechos denunciados, obviando que la dirección superior de todo el personal le correspondía a la persona titular de la Viceconsejería de Salud.

Que dicha consejera tan incompetente siga dirigiendo una consejería tan vital como la consejería de Salud y Consumo, con la cantidad de graves ilegalidades que se han denunciado sobre su gestión, lo dice todo de su padrino, el presidente del gobierno andaluz, Moreno Bonilla. La famiglia è la famiglia y nada es más importante que su futuro. Hay que protegerla siempre, no vaya alguno a hablar más de la cuenta…

Debe recordarse que dicha funcionaria también denunció los hechos a la Oficina Antifraude de Andalucía (OAAF), solicitándole protección como denunciante. Según ha informado la denunciante, un directivo de esta oficina le ha comunicado verbalmente a dicha funcionaria que están algo sorprendidos con los extraños comportamientos de dicha delegación territorial, aconsejándole a la funcionaria que pida traslado a otro centro directivo. ¿Es esta la mejor manera de proteger a los funcionarios que denuncian ilegalidades de las Administraciones Públicas andaluzas?

Lo único que va a conseguir la OAAF es que nadie denuncie nada, que, en el fondo, es lo que posiblemente persigan los partidos políticos en este sistema partidocrático para seguir abusando del poder e incentivar el fraude y la corrupción que tanto les beneficia. Si no, ¿de qué va a vivir la famiglia?