El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha puesto en marcha el Plan de Inspección y Control sobre Publicidad Activa 2023-2024, que permitirá supervisar y examinar la transparencia de los altos cargos de la Administración de la Junta de Andalucía, diputaciones provinciales, municipios capitales de provincia, así como otras localidades con una población superior a 100.000 habitantes
Ésta es la primera de las tres líneas de actuación diseñadas, siendo la tercera de ellas aquella que comprobará el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de una muestra de entidades que han recibido subvenciones públicas por importe superior a 100.000 euros. El documento se completa con una segunda línea que verificará la obligación de publicar las actas de las sesiones plenarias de las entidades locales.
El director del Consejo, Jesús Jiménez, ha dado a conocer en una nueva sesión de la Comisión Consultiva el plan, un documento que, tomando como base la experiencia acumulada por la autoridad de control, incluye aquellas materias que «requieren un especial celo en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, dada su transcendencia pública».
Con respecto a la línea 1, la Ley de Transparencia Pública de Andalucía recoge la obligatoriedad de publicar determinada información sobre altos cargos y personas que ejercen la máxima responsabilidad en el sector público, información que cuenta con una notable relevancia para controlar el funcionamiento de los poderes públicos y que abarca desde las retribuciones hasta las indemnizaciones y declaraciones de actividades, bienes e intereses. Es, sin duda, una de las cuestiones más demandadas por la ciudadanía, habida cuenta del número de denuncias presentadas en el Consejo por incumplimiento en esta materia (en torno al 40%).
Lupa sobre Algeciras, Dos Hermanas, Jerez de la Frontera y Marbella
Su ámbito de actuación abarca a la Administración de la Junta de Andalucía, a las ocho diputaciones provinciales, a los municipios de las ocho capitales de provincia y a aquellas localidades con población superior a 100.000 habitantes: Algeciras (Cádiz), Dos Hermanas (Sevilla), Jerez de la Frontera (Cádiz) y Marbella (Málaga). Todas estas administraciones, por su extensión e importancia, despiertan interés para la ciudadanía andaluza, motivo por el cual se decidió incluirlas en el plan. A modo de ejemplo, las dos categorías de municipios que se supervisarán suponen casi el 35% de la población de la comunidad autónoma.
La línea 2, que se encargará de verificar la publicación de las actas de los plenos en las entidades locales, también suscita notable atención a la sociedad andaluza, y es que gran parte de los servicios esenciales se prestan por los municipios, mancomunidades, consorcios o entidades de gestión descentralizada. Esta actuación comprenderá una muestra aleatoria representativa en la que se incluirán entes de todas las provincias, de forma proporcional al número de entidades existentes.
Perceptores de ayudas públicas
Por lo que respecta a la línea 3 (perceptores de ayudas públicas), la ciudadanía demanda un incremento del control de las subvenciones públicas a las empresas. Esta línea, que ya fue incluida en los anteriores planes y que concluyó con una considerable mejora en la información difundida y en la concienciación de las entidades, «es necesario continuarla, pues aunque existe evolución, se debe seguir avanzando», ponen de relieve desde el CTPDA.
La ley obliga a estas entidades a publicar información institucional, organizativa y de planificación, además de económica, presupuestaria y estadística. Así, «deben estar colgadas las funciones que desarrollan, la normativa que les es de aplicación, un organigrama actualizado que identifique gráficamente a las personas responsables de los diferentes órganos, junto a su perfil y trayectoria profesional«, advierten. Igualmente, deben facilitar en su página web todos los contratos celebrados con las Administraciones Públicas (AAPP), indicando objeto, duración, importe de licitación y adjudicación, procedimiento utilizado para su celebración, número de licitadores, identidad del adjudicatario o posibles desistimientos y renuncias.
También las empresas están obligadas a dar publicidad a los convenios celebrados con el sector público, con el detalle de las partes firmantes, objeto, plazo de duración, modificaciones realizadas y obligaciones económicas convenidas, así como las subvenciones recibidas de las AAPP.
Evalúa tu transparencia
Por otro lado, en la ejecución del plan tendrá un papel relevante el cuestionario de evaluación de obligaciones de publicidad activa del Consejo, herramienta, diseñada por la autoridad de control y disponible en la web desde el pasado mes de junio, que será el medio por el que los sujetos inspeccionados trasladen la información sobre el cumplimiento de sus obligaciones. Para el plan, se han creado cuestionarios específicos para cada una de las líneas.
Actualmente, están disponibles los formularios para la Administración autonómica, diputaciones provinciales, ayuntamientos, sociedades mercantiles y algunos organismos como el Consejo Económico y Social, el Consejo Consultivo y el Consejo Audiovisual.
Paulatinamente, se irán incluyendo los correspondientes a los restantes sujetos obligados. Es una herramienta web que facilita la cumplimentación de un cuestionario de autoevaluación y cuyo resultado es un análisis cualitativo que permitirá comprobar su grado de adecuación a la legislación de transparencia, a la vez que identifica áreas de mejora.
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