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El director del Consejo de Transparencia de Andalucía, Jesús Jiménez.

Sociedad, Tribunales

El Consejo de Transparencia de Andalucía resuelve en el primer semestre cerca de 600 reclamaciones de derecho de acceso a información pública, la mayor cifra desde su creación

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El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha resuelto en el primer semestre del año un total de 568 reclamaciones de derecho de acceso a información pública, la mayor cifra alcanzada desde su creación en 2016. En relación con las reclamaciones por vulneración de la normativa de protección de datos, se han presentado un total de 75, de las que el 30% se refieren a la inadecuada atención al ejercicio de derechos (la mayoría vinculadas a la historia clínica de pacientes)

Por lo que respecta a las reclamaciones recibidas, fueron un total de 388 en el primer semestre, concentrando en el primer trimestre 257, el mayor número de reclamaciones presentadas hasta la fecha de la constitución de la autoridad de control en los tres primeros meses del año.

Estos datos los dio a conocer el director del Consejo, Jesús Jiménez, durante la celebración de la sesión de la Comisión Consultiva que ha analizado las cifras de ese periodo, destacando la importancia de estos dos «hitos» y el conocimiento por parte de la ciudadanía del órgano de control. En este periodo, se han registrado un total de 679 asuntos y se han dictado 690 resoluciones en las materias de derecho de acceso a la información pública, publicidad activa y protección de datos.

Con respecto a la publicidad activa, se presentaron un total de 36 denuncias, correspondiendo la mayoría a entidades locales, seguidas de universidades públicas, corporaciones de derecho público y Junta de Andalucía. En este periodo se resolvieron un total de 100 denuncias.

Protección de datos

La gestión en el primer semestre del año en protección de datos refleja la tendencia en la consolidación de la autoridad de control en esta materia, contribuyendo a ello el incremento de las reclamaciones recibidas, el aumento de comunicaciones sobre nombramiento de delegados de Protección de Datos y el importante número de consultas.

En relación con las reclamaciones por vulneración de la normativa de protección de datos, se han presentado un total de 75. El 30% de los casos responde a reclamaciones por inadecuada atención al ejercicio de derechos (la mayoría vinculadas a la historia clínica) y el 70% restante a otras reclamaciones (la mayor parte referida a la divulgación indebida de datos personales).

De otro lado, se resolvieron un total de 22 reclamaciones sobre ejercicio de derechos, cifra que triplica las realizadas en el año anterior (7). La mayoría de las resoluciones son estimatorias en relación con las pretensiones de la persona reclamante.

En cuanto a las obligadas comunicaciones de Delegado de Protección de Datos, se recibieron un total de 137, lo que supuso superar en el semestre las comunicaciones del pasado año (114). Esta cifra es el resultado de la campaña informativa puesta en marcha por el Consejo entre las entidades locales para recordarles la obligatoriedad de contar con esta figura en sus administraciones, exigencia fijada en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

De la misma forma, continúa el incremento de consultas al Consejo, de forma especialmente significada las procedentes de vía telefónica. En este periodo, se atendieron un total de 144 frente a las 119 del año anterior.

El Consejo

El Consejo de Transparencia es la autoridad independiente de control en materia de transparencia y protección de datos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, creado por la Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía. Posee personalidad jurídica propia y, sobre el papel, plena autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones.

Su objetivo se centra, por un lado, en velar por el cumplimiento de la normativa de transparencia pública, tanto en lo que se refiere a publicidad activa como a la defensa y salvaguarda del derecho de acceso a la información pública y, por otra, controlar el cumplimiento de la normativa de protección de datos personales por parte del sector público andaluz.


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