El Ayuntamiento de San Juan amplió la concesión de la residencia a Martín Casillas de 40 a 60 años en 2015

El Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, en su obsesión por privatizar el servicio público asistencial de personas mayores, amplió el contrato con la empresa filial de Martín Casillas de 40 a 60 años en un Pleno celebrado en 2015. El director del centro, Enrique Rodríguez, rechazó la ayuda de Médicos Sin Fronteras para poner en marcha los protocolos de seguridad anti Covid-19

La residencia del terror Joaquín Rosillo, la que se cobró al menos 24 vidas y dejó al borde del abismo a 79 personas contagiadas de Covid-19 (algunas fuentes consultadas hablan de que puede haber más fallecidos). Tras desvelar que el centro es de titularidad municipal, EL LIBRE ha podido saber que se desarrolló un Pleno extraordinario en 2015 para ampliar la concesión.

Como objeto del contrato aparecía «la construcción, equipamiento y explotación de un Centro Residencial Geriátrico, mediante concesión de obra pública, incluyendo redacción de proyecto básico y de ejecución, redacción estudio de seguridad y salud y dirección de obras”, siendo el plazo de ejecución de obra máximo de 24 meses. El plazo gestión del servicio se establecía de 480 meses (40 años).

Procedimiento abierto

Dicho concurso público se tramitaría mediante un procedimiento abierto, siendo el presupuesto base de licitación (importe total) de 10.000 euros anuales.

Posteriormente, en sesión extraordinaria y urgente celebrada por el Ayuntamiento Pleno, el día 22 de mayo de 2015 (el Consistorio no tiene publicado el acta de ese Pleno en su portal de transparencia a día de hoy), a instancias de la petición formulada por la empresa Asistencial Geriátrica San Juan de Aznalfarache SL, se acordó modificar el citado contrato administrativo de concesión de obra pública, ampliando el plazo de la concesión hasta los 60 años (desde el 24-04-2006, finalizando el contrato el 23-04-2066).

Mediante esta modificación del contrato, la empresa adjudicataria perteneciente al Grupo Martín Casillas (cuya especialidad siempre ha sido la construcción, no los servicios sociales), asumió el informe urbanístico incluido en el expediente por el cual el uso asistencial geriátrico deberá permanecer como dominante en la parcela y considerando compatibles el resto de usos dotacionales.

Además, incluía la obligación de prestar el servicio de alojamiento temporal en situaciones de emergencia a familias de la localidad hasta un número máximo de 20 personas en total, incluyendo las plazas ya disponibles. Este alojamiento será el estrictamente necesario para resolver la situación de emergencia y podrá ser objeto de regulación específica mediante Ordenanza.

Asimismo, el Pleno tomó conocimiento de la solicitud de subcontratación de los nuevos servicios solicitados, los cuales se sustanciarían una vez fueran obtenidas las autorizaciones necesarias, siempre que cumplieran con los requisitos de uso social-dotacional y se mantuviera el uso principal de Residencial Geriátrico.

El acuerdo con el Ayuntamiento obligaba a Martín Casillas a mantener contratado al 60% de la plantilla como mínimo

Estos acuerdos se condicionaron a la presentación de garantía definitiva por importe de 150.000 € y a la presentación y obtención de cuantas autorizaciones y licencias fueran preceptivas. Asimismo, se condicionaron al mantenimiento de todo el personal que en la actualidad presta servicio en dicha residencia para Asistencial Geriátrica San Juan de Aznalfarache, S.L., y al mantenimiento del 60% del promedio de los empleados que formalizasen o tuvieran formalizadas contrataciones laborales adscritos al anteriormente referido centro, a que fueran residentes en el municipio de San Juan de Aznalfarache, debiendo mantenerse en todo caso el referido ratio.

En un Pleno posterior de 2016 se corrigió el importe de la garantía definitiva, aprobándose un importe para la misma de 161.400 euros, con los votos favorables de PSOE y PP, y la abstención de San Juan Puede e IU.

La responsabilidad tripartita

Si Martín Casillas y el Ayuntamiento de San Juan tienen responsabilidades en la tragedia de la Residencia Joaquín Rosillo, la Junta de Andalucía también tendría que asumir su parte. En el año 2010, una vez terminada la obra, la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social resuelve adjudicar a la empresa Asistencial Geriátrica San Juan de Aznalfarache, S.L., mediante un procedimiento negociado sin publicidad, un contrato de gestión de servicio público, en la modalidad de concierto, para la atención especializada en régimen de internado de personas mayores (Expdte. G-07/2010).

Se adjudicó el contrato para 100 plazas, por el precio de 47,59 euros por plaza y día, atendiendo la Administración como máximo el 80% del mismo (IVA incluido), que para los años 2010 y 2011 correspondía como máximo a un importe de 767.912,24 euros (IVA incluido).

Posteriormente, mediante Resolución de 16 de julio de 2015, del director-gerente de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, se prorroga el concierto que se mantenía con la residencia Joaquín Rosillo de San Juan de Aznalfarache, para las 100 plazas de atención residencial para personas mayores en situación de dependencia.

Ocultar la verdad

EL LIBRE ha podido saber que la dirección del centro les ha hecho firmar a los trabajadores un documento de confidencialidad por el que serán sancionados si cuentan algo sobre lo que está pasando tanto en el hotel medicalizado como en el propio geriátrico.

El testimonio de Manuel Borrego, hijo de Rosa, residente de la Joaquín Rosillo de 82 años de edad, refuerza esa sensación de oscurantismo que practican el director del centro, el enfermero Enrique Rodríguez, y su apoderado, Narciso Navarro, que pertenece a la cúpula directiva del Grupo Martín Casillas.

Enrique Rodríguez rechazó la ayuda de MSF

«No tienen un protocolo marcado de cómo ir incorporando a los ancianos que vuelven curados a la residencia desde el Hotel Alcora», denuncia Borrego, que revela que Rodríguez rechazó el asesoramiento de Médicos Sin Fronteras (MSF) antes y después del comienzo del estado de alarma para poner en práctica los protocolos necesarios anti Covid-19.

Esta decisión de Enrique Rodríguez denota soberbia (pensó que él y su equipo directivo podrían atajarlo solos) y, vistos los terroríficos resultados, una incompetencia que merecería el cese fulminante en cualquier empresa, pero no en Martín Casillas. Una portavoz del grupo constructor aseguró a EL LIBRE que «Enrique seguirá como director de la Joaquín Rosillo».

«Si hay algo que ocultar, es que algo no se ha hecho bien», afirma Borrego. Su madre tiene principio de demencia no diagnosticada, por lo que Manuel no puede fiarse al cien por cien de lo que le cuenta por teléfono. Teniendo este dato en cuenta, Rosa le confesó a su vástago que alguna que otra enfermera entró sin mascarilla en su habitación. «Unas veces entran a cuidarme vestidos como astronautas y otras veces no llevan nada», dijo Rosa. Blanco y en botella.

Diagnóstico errático

Rosa ha tenido suerte dentro de la mala suerte. Contrajo Covid-19 en la Joaquín Rosillo y ha podido sobrevivir a este enemigo invisible. El pasado fin de semana, tuvo un empeoramiento de la función renal aunque, tras la analítica, los valores estaban dentro de lo normal en una persona que bebe poca agua y todo quedó en un susto. Lo importante es que ya ha vencido al bicho y eso es una bocanada de esperanza para cualquier persona de más de 80 años que dé positivo. Sí se puede.

Pero la batalla fue dura, teniendo en consideración el entorno hostil en el que estaba: la residencia con más casos de Andalucía. Manuel Borrego pidió el historial clínico y el tratamiento por escrito (le contestaron tarde y por teléfono), porque quería dejar claro que su madre no fue asintomática, que fue el primer diagnóstico de la médica del centro, al desarrollar los síntomas menos comunes: dolor de cabeza y diarrea. Efectivamente, Rosa dio positivo, pero ahora tiene los anticuerpos de haber superado la enfermedad.

También el SAS podría tener una porción de culpa de todo lo que ha pasado, porque su deber es hacer las inspecciones sanitarias oportunas de las residencias de mayores públicas y concertadas en todo el territorio andaluz a través de los médicos de los distintos centros de salud de cada localidad.