«¡Aleluya!», claman al cielo los hijos del curro precario, la semana laboral de 40 horas con propina y el contrato de trabajo temporal al toparse en estos días con la noticia de que el Tribunal de Cuentas le reclama a los líderes del ‘procés’ más de cinco millones de euros, los mismos que estos decidieron trincar del dinero público para darle cuerda a sus fábricas de lacitos amarillos. Claro está que, por el camino, siempre queda algo para rebañar, algo para los amigos y algo para los amigos de los amigos. Que quien parte y reparte, ya se sabe
Qué se puede decir al respecto… Se trata de una excelente noticia que se pidan cuentas a aquellos que, abusando de su poder, meten la mano en lo que es de todos con fines ominosos y de caleidoscópica translucencia. Uno de los implicados es Artur Mas, quien ya tuvo que hacer frente a 4,9 millones por sus tejemanejes del 9-N y al que ahora se le reclaman casi otros 3 millones. A este señor hay que explicárselo despacito porque si no, no lo pilla. Le cuesta entender a los andaluces, le cuesta entender a los tribunales y le cuesta entender la legislación de su propia Generalitat. Va a ser que el problema está de tímpanos para adentro (la verdad es que muchos siempre lo hemos sabido). Y junto a él, una amplia lista de listos entre los que se encuentran Romeva, Puigdemont, Junqueras, etcétera. Fantástico, magnífico que se depuren responsabilidades, se imparta la oportuna pedagogía y, a ser posible, se recupere el dinero público.
Tras el buen sabor de boca que le deja a uno esta noticia, quizá llevado por una cierta euforia o encandilado por el espejismo de justicia que evoca, toca preguntarse ¿y ahora qué? Me refiero a que, ya que hemos empezado el queso, supongo que ahora el Tribunal de Cuentas continuará pidiendo responsabilidades a todos aquellos políticos y cargos públicos que han ido malversando y malversan fondos en nuestro país, ¿no? No vamos a caer en la trampa de pedir cuentas solo cuando roban los independentistas. Por ejemplo, el sr. Santiago Abascal ha admitido públicamente que el PP le montó un chiringuito sufragado con más de 200.000€ de la Comunidad de Madrid: eso ahora seguro que, en cuanto le cobre a los indepes lo suyo, el Tribunal de Cuentas se lo pide al de Vox. Y Abascal, que ya sabemos como es, en vez de 200.000€ pagará 400.000€ motu proprio, porque es para España y para España, todo es poco. Seguro.
Ejercicio de filibusterismo
Y, a continuación, el mismo Tribunal de Cuentas cabe pensar que analizará los gastos dedicados por ejemplo a la elaboración de la Agenda 2050 y, tras entender que es un ejercicio de filibusterismo pretender determinar decisiones a 30 años vista, ya que es imposible determinar a dónde nos van a llevar los avances tecnológicos y acontecimientos geopolíticos que el futuro nos reserva, le pedirá al señor Sánchez y demás implicados que devuelvan el dinero empleado al efecto. Incluidos los 100 expertos y así podremos saber, ya de una vez, si existen y, en su caso, de quiénes son primos.
Se le acumula el trabajo al Tribunal de Cuentas, porque a ver cómo lo hace para hacer que devuelvan el dinero despilfarrado en Andalucía en el caso de los ERE, así como para pedirle al PP y los empresarios implicados que devuelvan el dinero de todos esos contratos públicos adjudicados con mordidas… Total que a poco que nos de por pensar en el asunto, vemos claramente que el Tribunal de Cuentas tiene que comer muchas espinacas. Tenemos que admitir que el aparato del Estado no ha sido pensado para fiscalizarse, más que en ocasiones puntuales y con criterios que difícilmente acaban de verse claros.
Volviendo a donde empezamos y concluyendo, hay que reconocerle a nuestros estimados independentistas, en un ejercicio de honestidad, que su apuesta nos coge ventaja. Por una parte, asumen un victimismo impostado para chantajear al otro polo nacional de influencias, Madrid, y obtener el mayor rédito posible en términos de fondos e instituciones que, al final, son foco de capital y desarrollo socioeconómico (estrategia que no es nueva, sino que viene ya desde inicios de la revolución industrial).
Por otra parte, con su entramado de embajadas y corresponsales exteriores sufragados por todos, se dedican, además de a edulcorar la postura independentista y satanizar al Estado español fuera de nuestras fronteras, a atraer a Cataluña inversores y empresas, algo que de nuevo incide en el mayor desarrollo económico la región. El objetivo es perverso: descalificar al resto de España para monopolizar la inversión extranjera en España. Mientras tanto, la meseta y sus aledaños juega a competir con esos dos territorios dopados de fondos e instituciones que son Barcelona y Madrid. Corregir este desequilibrio no está al alcance del Tribunal de Cuentas y tampoco me parece que se recoja en la Agenda 2050 ni mucho menos en el programa de ningún partido. De hecho, ya hace tiempo que hay quien piensa que nos la están metiendo doblada. Y tienen pensado seguir haciéndolo.
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