La Asociación Justicia por la Sanidad solicitó el pasado 12/05/2022 copia de todos los contratos del SAS y de la Consejería de Salud y Familias adjudicados a la empresa Far Andalus SL, relacionada con un cargo del PP de Granada, y que aparece en los atestados policiales de la UDEF del caso Maletines (supuesto intento de mordida de 5 millones de euros)
Habiendo tenido un plazo de 20 días hábiles para resolver, el SAS ha notificado a la citada asociación el pasado 08/06/2022 (casi un mes después de solicitarlo) un acuerdo de prórroga para entregar los documentos solicitados, alegando el “volumen y la complejidad de la información solicitada”, una fórmula estereotipada que utiliza la Junta de Andalucía para retrasar la entrega de la información solicitada, prohibida por la ley.
Dicha fórmula estereotipada utilizada por los responsables de entregar la información consiste en copiar lo dispuesto en la Ley de Transparencia de Andalucía, que dice en su artículo 32: «…prorrogables por igual período en el caso de que el volumen o la complejidad de la información solicitada lo requiera». Nunca explican a qué se debe la «complejidad» que posee entregar lo solicitado, ni indican el «volumen» que tiene, vulnerando el principio de interdicción de la arbitrariedad (art. 9 CE): es arbitrario todo acto carente de la imprescindible concreción para motivarlo. Por tanto, su cumplimiento no se satisface con cualquier fórmula genérica, sino que es necesario señalar los hechos y las circunstancias que concurren en términos lo suficientemente expresivos de la razón de la decisión administrativa. Pero ya conocemos a esta casta de «bandidos y estúpidos de la política«.
La citada asociación ha recibido otros expedientes de contratación del propio SAS, mucho más voluminosos y complejos que el adjudicado a la empresa Far-Andalus, sin necesidad de prórroga alguna y entregada en su plazo, lo cual apunta a que esa demora del SAS se debe exclusivamente al interés por ocultar una información del caso Maletines que pudiera perjudicar al PP en este periodo electoral.
Cuando el SAS entregue los documentos, se publicará otro artículo para demostrar la farsa alegada «del volumen y complejidad de lo solicitado», y de cómo los votantes se tragan todo de los partidos porque no investigan ni denuncian la corrupción, y no sufren estos abusos de poder. Y luego van proclamando Juan Marín (Ciudadanos) y Juanma Moreno (PP) que con ellos ha llegado la «regeneración». ¡Menuda panda de embusteros y corruptos tenemos en la política española!
Dicha resolución de prórroga la firma uno de los testigos del caso Maletines, José Antonio Miranda Aranda, director general de Gestión Económica y Servicios del SAS (órgano dirigido por el PP), cuyo director gerente es Miguel Ángel Guzmán Ruiz, que ha sido denunciado en la Fiscalía, como publicó este diario recientemente.
La Consejería de Salud ha respondido que no ha adjudicado a esa empresa ningún contrato, aunque en los atestados policiales aparece una factura de Far-Andalus a nombre de dicha Consejería.
Llegados a este punto, es necesario destacar la opacidad del gobierno del PP y Cs, que empieza a superar a la de los gobiernos anteriores del PSOE, que ya era difícil. Al hacer la búsqueda de todas las licitaciones adjudicadas a la empresa Far-Andalus en la página web correspondiente de la Junta de Andalucía, podrán comprobar que no aparece ningún contrato adjudicado por el Servicio Andaluz de Salud o la Consejería de Salud a dicha empresa, aunque en las declaraciones de investigados y testigos ante la UDEF y ante el Juzgado de Instrucción número 2, incluidos cargos del SAS, se menciona la adjudicación a dicha empresa por el SAS.
Conexiones de la empresa Far-Andalus con el PP
La empresa Far-Andalus SL, con sede en el municipio granadino de Atarfe, se constituyó en 2005. Desde 2007, han sido sus administradores solidarios Alejandro Silva Fortes y Antonio Díaz Sánchez. Este último, según publicó el diario Infolibre el pasado 29 de mayo, es el número 3 del PP de Granada. En esta página web del PP de Granada aparece como «vicesecretario de Organización».
Perfil de Twitter de Antonio Díaz Sánchez, vicesecretario del PP de Granada.
Esto podría explicar lo que declaró ante la UDEF el pasado 29/09/2021 el director de Gestión Económica del SAS, José Antonio Miranda Aranda, cuando manifestó que Guillermo González, el asesor de confianza (era del PP de Cabra, Córdoba) del consejero de Salud, Jesús Aguirre, le dijo que tenía unos «amigos en Granada» que tenían test para vender (se refería a Far-Andalus). La empresa los ofertó al SAS a 12 euros por unidad, aunque José Antonio Miranda declaró que a ese precio no los compraron, por lo que rebajaron el precio y entonces sí los compraron.
La UDEF no le preguntó a José Antonio Miranda el motivo de no estar publicado dicho contrato en el portal de transparencia de la Junta de Andalucía, siendo su departamento el responsable de hacerlo.
El otro administrador solidario de Far-Andalus, Alejandro Silva Fortes, declaró a la UDEF como testigo el pasado 07/10/2021, reconociendo que mantuvo relaciones comerciales con Manuel García Gallardo en 2020 (mascarillas y test), el empresario que, según los atestados policiales y pruebas que contiene, propuso al empresario asturiano Félix Guerrero la presunta mordida de los 5 millones de euros en el caso Maletines. García Gallardo propuso a Alejandro Silva (Far-Andalus) en 2020 un negocio, al no disponer de licencia de importación, diciéndole que tenía contactos para vender test en la Consejería de Salud y el SAS. Como Far-Andalus sí tenía licencia de importación, llegaron a un acuerdo para vender los test.
Documentos relativos a la venta de los test por la empresa Far-Andalus
En los atestados policiales del caso Maletines, aparecen dos facturas de la empresa Far-Andalus:
a) Una primera factura, a nombre de la Consejería de Salud y Familias, de fecha 28/05/2020, por una venta de 400 kits, al precio de 179’10 euros cada kit, siendo el importe total 71.640 euros (se desconoce si el precio incluye IVA, aunque al final de la factura se indica 0%). Cada kit contiene 10 test, por lo que cada test saldría a 17’91 euros, algo desorbitado.
b) Una segunda factura, a nombre del Servicio Andaluz de Salud, de fecha 22/06/2020, por una venta de 2.551 kits, a 75 euros cada kit incrementado en un 19’87%, es decir, cada kit salió por 89’90 euros, siendo el importe total de 229.334’90 euros (se desconoce si el precio incluye IVA, aunque al final de la factura se indica 0%). Por tanto, cada test saldría al precio de 8’99 euros, es decir, a la mitad de precio de la factura anterior.
Según la documentación que obra en los atestados policiales, Far-Andalus llegó a un acuerdo de cesión de cobro de esta última factura con la empresa Makanam Est 1968, SL, del entorno de García Gallardo, para que el SAS pagara la factura a esta última empresa.
Según los atestados policiales de la UDEF, y lo publicado por Rocío Osorno Vázquez, que también ha declarado ante la UDEF como testigo en el caso Maletines el pasado 15/02/2022, la primera factura parece corresponder a una donación que efectuaron Rocío Osorno y Verónica Díaz a la Consejería de Salud, con el dinero recaudado a través de la web de la plataforma GoFundMe. Ambas son conocidas en las redes sociales y pertenecen al mundo de la moda. El Diario de Sevilla se hizo eco de esta recaudación. Inicialmente, la donación iba destinada al SAS, no a la Consejería.
Según declaró Rocío Osorno a la UDEF, fue Guillermo González (asesor de confianza de Jesús Aguirre y del PP del municipio cordobés de Cabra) quien se puso en contacto con ella para ofrecerle una empresa que podía venderle los productos sanitarios con la recaudación para donarlos a la Junta. Guillermo la puso en contacto con José Antonio Barrera García, y este con Manuel García Gallardo (Barrera es sobrino de este último).
En los atestados policiales figura que, el día 24/04/2020, Rocío Osorno transfirió a la empresa Far-Andalus un importe de 71.640 euros, que se corresponde con el importe de la factura por los 400 kits o 4.000 test. También puede comprobarse que coincide con el importe y fecha que figura en la web de la plataforma GoFundMe. Por tanto, la empresa Far-Andalus vendió los test a Rocío Osorno y Verónica Díaz al doble de precio que le costó al SAS, según la documentación analizada.
Se desconocen los pagos realizados por el SAS a la empresa Far-Andalus, porque, como se ha acreditado, el SAS está demorando la entrega de dicho expediente a la Asociación Justicia por la Sanidad y, en su caso, de otros contratos que pudieran existir. No obstante, según la documentación aportada a la UDEF, sólo figura una entrada de mercancía de Far-Andalus, con pedido de fecha 19/06/2020 y 25.600 unidades (número de kits por 10 test que contiene cada uno), por un importe de 230.144 euros, aunque figura anotada una entrada de 26.140 unidades.
Con esta información, queda demostrado una vez más que, en esta partidocracia, los gobernantes pueden abusar del poder cuanto deseen sin consecuencias para sus autores, y que los españoles no podemos hacer nada para evitarlo, porque este régimen partidocrático instituido en 1978 (CE) no tiene mecanismos para evitarlo. Como insisto en casi todos mis artículos, estos mecanismos de control sólo estarán presentes cuando se instituya una democracia formal como forma de gobierno, de forma que la nación o pueblo podría controlar a los gobernantes de forma eficaz. Y si alguno abusara del poder, lo pagaría muy caro. Para conseguirlo, sólo es necesario dejar de votar y forzar a los gobernantes a que abran un periodo de libertad constituyente, con el fin de elaborar una constitución con las reglas de juego fundamentales, en beneficio a toda la nación española.
Otra noticia que pasará sin pena ni gloria por los medios de manipulación: periódicos, televisiones, y redes sociales, mientras los andaluces están sumidos en un conformismo asqueante que roza la más absoluta repugnancia.
El hedor de la ignorancia, mediocridad y la falta de empatía nos rodea.
Seguiremos disfrutando de lo que votarán la mayoría de andaluces de la «Andazulía imparable» otros tantos años, mientras roban y saquean a sus anchas los partidos políticos y resto de organizaciones como sindicatos y organizaciones empresariales.
Perdón por no usar lenguaje inclusivo, pero eso no le va a dar de comer y salud a mis hijos.
Da igual el vomitajo que salga «elegido» de las próximas «elecciones democráticas».
Esperemos que las interminables listas de espera para cualquier prueba médica (doy fe que para una prueba en la vesícula biliar son al menos 8 meses) nos dejen poder ver como acaba esta parte ignominiosa de nuestra deplorable historia.
Mi tierra ya huele a muerto. ¿Y tú, no lo hueles?