Ante la pregunta de EL LIBRE sobre las ilegalidades de los contratos sanitarios de los últimos años en el SAS, denunciadas en varios informes por la Intervención General, la portavoz del Gobierno andaluz defiende que está «tranquila»
La consejera portavoz y consejera de Economía de la Junta de Andalucía admite estar «tranquila» con este espinoso asunto, aunque evitó asegurar que la denuncia ante la Fiscalía –por supuesta malversación y prevaricación en los contratos de la Consejería de Salud con la sanidad privada- vaya a ser archivada. Habrá una investigación judicial, aunque España quiere quitarle hierro argumentando que la denuncia del PSOE es, por ahora, una «cuestión técnica de carácter administrativo«.
Así lo ha trasladado la consejera portavoz en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno y, tras la pregunta de EL LIBRE, Carolina España ha opinado que el PSOE-A «quiere crear un escándalo donde no lo hay».
Un control descontrolado
«Hay más controles que nunca. Hemos multiplicado por dos el control financiero del SAS y vamos a seguir con transparencia y rigor porque no tenemos absolutamente nada que ocultar», asegura España. Sin embargo, Luis Escribano denunció en este periódico que la opacidad seguía siendo un rasgo notorio del Gobierno andaluz a pesar del traspaso de poderes del PSOE al PP en diciembre de 2018: «Los informes definitivos de la IGJA sobre cumplimiento de legalidad de las Plataformas Logísticas Sanitarias Provinciales del SAS se finalizan con demoras que, o bien son interesadas políticamente, o bien son debidas a una falta de recursos humanos alarmante (también interesada), o bien se debe a los retrasos de las Plataformas en entregar los documentos a fiscalizar o a no entregarlos (resistencia al control permitida por los cargos públicos del SAS o de la IGJA), o bien por otros motivos que los interventores no se atreven a exteriorizar en sus informes (recuerden que son nombrados por Puestos de Libre Designación (PLD) y se juegan su puesto)». Se puede consultar ese artículo pinchando aquí.
La opacidad sigue estando ahí
De hecho, el SAS reconoció, en una resolución, firmada con fecha de 18 de diciembre de 2023, que «aún no habían sido emitidos por la Intervención los informes definitivos del año 2021«, habiendo transcurrido casi dos años desde el fin del ejercicio económico de 2021. Hasta el Consejo de Transparencia tuvo que intervenir, ordenando al SAS y a la Intervención General que entregase a la Asociación Justicia por la Sanidad documentos solicitados sobre control de gasto sanitario. Por fin y gracias a la labor perseverante de Justicia por la Sanidad, esos informes vieron la luz pública hace algunas semanas, casi tres años después. ¿Es eso transparencia y rigor?
A la pregunta de si cree entonces que la denuncia socialista acabará archivada, la portavoz de la Junta ha respondido que ella respeta «el sistema judicial«, y serán los jueces quienes «tengan que pronunciarse», y en todo caso ha reiterado que en el Gobierno andaluz están «tranquilos», y que hay «transparencia, bases jurídicas y bases legales» que amparan al «cien por cien» los contratos.
De igual modo, la consejera de Economía y Hacienda ha agregado que «existen informes jurídicos no preceptivos que avalan la legalidad de todo tipo de contratos en el SAS», los cuales, además, «se han ido publicando tanto en el portal del contratante como en el de transparencia» de la Junta, ha puesto de relieve. Una apostilla: un informe no preceptivo significa que no es obligatorio o que se ha realizado al margen de la norma…
Finalmente, a la pregunta de si la Junta se va a personar en este proceso, Carolina España ha respondido que «obviamente no», al tiempo que ha aprovechado para reiterar que, como señaló la semana pasada el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en respuesta al secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, en la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento, el SAS realizó contratos menores por valor total de «791 millones de euros» en el año 2018, bajo la etapa del anterior Ejecutivo socialista de Susana Díaz, así como que «nueve de cada 10 contratos» del Ayuntamiento de Sevilla en la época de Juan Espadas como alcalde «eran contratos menores». Una vez más, la táctica del y tú más…
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