Los propietarios que soportan la ‘okupación’: ¿y nosotros qué?

Estos meses ocupan nuestros informativos el tema de la vivienda. Un tema que se ha vuelto candente y controvertido, tanto que ha hecho estallar el clima político en nuestro país provocando el adelanto de las elecciones al próximo 29 de noviembre

Desde el pasado mes de septiembre está teniendo lugar el asentamiento o acampada en la Puerta del Sol de Madrid. Es esta, una protesta por la crisis habitacional que comenzó el 26 de septiembre de 2026, organizada por el Sindicato de Inquilinas de Madrid y diversos colectivos sociales, ya que hay muchas familias, entre ellos muchos jóvenes, que no pueden acceder a una vivienda digna por un precio justo.

Por otro lado, tenemos el famoso Decreto Maricarmen para referirse al conjunto de reales decretos mediante los que el Gobierno ha aprobado 21 medidas para regular el mercado del alquiler, limitar la compra por grandes tenedores y fondos buitre, prorrogar contratos y bonificar rentas para salarios inferiores a 45.000 euros.

Pero, ¿por qué el nombre de Maricarmen? Este sobrenombre se debe a María del Carmen Abascal, conocida como “Maricarmen”, era una señora pensionista, exfuncionaria, de 87 años que este 23 de septiembre fue finalmente desalojada de su vivienda en el distrito madrileño de Retiro, en España, tras un cuarto intento de desahucio.

Decenas de vecinos y activistas del Sindicato de Inquilinas se concentraron frente a la calle del edificio para acompañarla en el momento en que la policía acudió a ejecutar la orden, un caso que llevaba meses convertido en símbolo de la crisis de vivienda en España.

Esta señora vivía en ese apartamento desde 1956, cuando su padre firmó el contrato de arrendamiento. Tras la muerte de sus padres, ella se subrogó en esas condiciones. Al parecer, el edificio cambió de propietario en 2018 y terminó en poder de la empresa Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, una inmobiliaria dedicada a la compra y gestión de activos, que reclamó que el contrato no podía volver a subrogarse. 

La empresa le exigió un aumento del 275%, es decir, hasta los 1.650 euros mensuales, frente a los cerca de 500 que pagaba. Esta se convirtió en una cifra que ella no podía asumir con su pensión de 1.350 euros. Sin embargo, la mujer nunca dejó de pagar sus rentas y continuaba desembolsando 500 euros al mes.

A última hora, apareció un donante anónimo, quien se comprometió a pagar lo que a Maricarmen le faltaba para completar el alquiler, pero la inmobiliaria Urbagestión no aceptó esta propuesta, según su abogada Beatriz Duro.

La primera vez que intentaron sacarla de su hogar fue en octubre de 2025. Sin embargo, sus vecinos lo impidieron. Un segundo intento se fijó para el 3 de junio de 2026 y también se aplazó, al igual que un tercero programado para el 24 de ese mismo mes.

Durante todo este proceso, el Comité de la ONU pidió suspender el procedimiento hasta que las administraciones garantizaran una alternativa de vivienda para Maricarmen, una petición que, según el Sindicato de Inquilinas, un juzgado de Madrid terminó desatendiendo.

El pasado 23 de septiembre fue desahuciada y murió dos semanas después, el 7 de octubre, en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, donde permanecía ingresada, tras haber estado varios días sin comer por el desánimo.

En los tiempos que corren esto no es normal ni justo, el tener que acabar así sus días. Son muchas las familias que ven vulnerados sus derechos, sí, pero no solo los inquilinos, también los propietarios.

En la Constitución española el artículo 47 dice así: «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos».

Todos tenemos derecho a una vivienda, pero hemos de cuestionarnos cómo la podemos conseguir: ¿la vivienda nos la tienen que dar? ¿regalar?¿la tenemos que comprar con nuestro trabajo y esfuerzo? ¿Y si la heredamos? Nooo, la vamos a ocupar, que es más fácil, más barato y, al parecer, no pasa nada.

Yo no me considero una persona a la que la política le apasione, pero creo que las leyes son necesarias para tener una convivencia pacífica y, en unión con los jueces, son los políticos los que tienen que elaborarlas, ejecutarlas y velar por su cumplimiento. ¿Qué les pasa ahora a nuestros políticos de las altas cumbres, los que están en el poder, con este y otros temas importantes como: vivienda, educación, sanidad? ¿Las cumbres los han encumbrado tanto que los han alejado de la realidad y de los ciudadanos de a pie? ¿O es más fácil hacer demagogia para conseguir un voto? Aunque no tenga ningún sentido lo que estén haciendo ¿o en lugar de asumir su responsabilidad como político, que para esto se les ha votado, mirar para otro lado y echarle la culpa a otros?

Todos deseamos y necesitamos poder tener un techo donde cobijarnos. Eso está claro. Al igual que está claro que el gobierno autonómico y el central deben velar por el derecho a la vivienda de las personas vulnerables, pero no a costa de lo que sea o a costa de otros. Se debe velar por los derechos de todos.

Regular las leyes en torno a la vivienda es algo muy importante y necesario. No se puede permitir que los especuladores, personas cuyo negocio es el de comprar viviendas para alquilar, pongan precios abusivos y las familias o los jóvenes puedan verse perjudicados y no puedan encontrar ni acceder a una vivienda digna.

Pero también está la otra cara de la moneda. Los que, por no tener recursos (o aun teniéndolos) deciden ocupar una vivienda desde el principio o lo hacen después de estar pagando el alquiler. Deciden un día dejar de pagar, los llamados inquiokupas. Lo reitero, creo que debemos respetar los derechos de todos, pero no solo los de los okupas o inquiokupas. ¿Y los derechos de los propietarios dónde quedan?

Estamos viviendo una etapa del mundo al revés. El delito de invadir y quedarse dentro de una propiedad que no es tuya parece que no se contempla, ni se penaliza; mientras que al propietario que ha luchado por tener una vivienda, que a lo mejor se le queda pequeña y decide con esfuerzo comprarse otra para mejorar sus condiciones de vida, o que heredes una vivienda de tus padres y alquiles la tuya, también parece ser delito. A los propietarios que solo reivindican y quieren proteger lo que es suyo, conseguido con trabajo y esfuerzo, sí se le están vulnerando sus derechos. ¿Dónde estamos? ¿Qué nos está pasando? ¿Y las leyes que velan por estas personas dónde están?

Creo, firmemente, que son muchas las personas que están viviendo esta situación. Leí un artículo de una señora, que había ahorrado para comprarse una casita y el propio señor que se la reparó, el albañil, llevaba 10 años dentro de ella como okupa. O el caso de mi hermana y mi cuñado, que me toca más de cerca. Su piso se les quedó pequeño y, al morir nuestra madre, se mudaron a su casa y, después de tenerlo vacío, les surgió la oportunidad y decidieron alquilarlo para ayudarse a pagar la hipoteca cobrando de renta por el alquiler 330 euros, frente a la hipoteca de cerca de 700 euros.

Hace un año la situación laboral de mi cuñado cambió y necesitaban vender su piso para reducir gastos. Por ello, ante el vencimiento del contrato y después de cinco años de arrendamiento, le manifestaron su intención de rescindir el contrato de arrendamiento e informaron a los inquilinos en agosto de 2025 de que les urgía vender el piso, que si ellos lo querían comprar y que el contrato vencía el 31 de diciembre de 2025. A lo que ellos contestaron que no, que se les quedaba pequeño.

Estos señores han estado pagando religiosamente desde el principio y tenían una relación cordial y educada, pero, desde el 1 de enero de 2026, decidieron dejar de pagar la renta y también mis familiares le sufragan el coste del suministro del agua. Después de investigar, se han enterado de que estos señores están arreglando una vivienda que se han comprado para irse a vivir allí; a su vez tienen otra vivienda, que le tienen alquilada a un familiar, pero no paga la vivienda que están inquiokupando, teniendo dos viviendas en propiedad. Además, le queda pequeño el piso para comprarlo, pero no para inquiokuparlo. ¡Esta es una situación surrealista! ¡No damos crédito a la situación que están viviendo y sufriendo! ¿Dónde está la ley? Han pedido ayuda al Defensor del Pueblo Andaluz, que les ha comentado que no pueden hacer nada al respecto, tal vez acuciar a que sea más rápido el proceso.

La inquiokupación es una práctica en auge que se diferencia por su aparente legitimidad. Consiste en que los ocupas firman un contrato de arrendamiento tras abonar la primera mensualidad y la fianza, pero con la intención deliberada de no pagar más. Este método permite a los okupas acceder pacíficamente a la vivienda, sin necesidad de forzar cerraduras ni llamar la atención de los vecinos.

La inquiokupación utiliza contratos legales para prolongar la ocupación de una vivienda. Aunque no está regulada específicamente como delito, puede encuadrarse dentro de la estafa si se prueba la intención inicial de defraudar. En caso contrario, se considera un ilícito civil que debe resolverse mediante el desahucio por impago. La lentitud del sistema judicial facilita que estas situaciones se prolonguen durante meses o incluso años y esto los inquiokupas lo saben. Al final, protegemos a quienes lo hacen mal y desprotegemos a los que lo hacen bien.

¡Esto no puede seguir así! ¡Estamos asistiendo a un sinsentido! ¿Cuándo se recobrará el sentido común y la justicia real?